De acuerdo al documento que Gil entregó a la PGR, Maduro fue condenado el pasado 29 de octubre a 18 años y tres meses de prisión por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.

"La representación fiscal imputa al ciudadano Nicolás Maduro una serie de hechos que de forma directa afectan el patrimonio público nacional, primero actuando como canciller de la República, luego como vicepresidente de la República y por último como presidente, porque ejecutó una serie de acciones en colusión con la empresa Odebrecht que, además de generar un importante daño patrimonial a la Nación, les permitió obtener importantes ventajas económicas tanto al imputado como a la empresa, rematando el punto con la afirmación de que Nicolás Maduro Moros es autor del delito de Corrupción Propia, de acuerdo conel artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción vigente, pues solicitó a la empresa Odebrecht cantidades de dinero a cambio de actuar de forma contraria al deber y favorecer a dicha empresa en diversos aspectos contractuales con el Estado", dicta la sentencia del Tribunal Supremo.

Maduro visitará la Ciudad de México para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se realizará el sábado 1 de diciembre en la Cámara de Diputados.

Hace unos días, el mismo Tribunal en el exilio pidió a la Interpol emitiera la 'ficha roja' de Maduro para que fuera detenido.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio así como la exfiscal Luisa Ortega Díaz huyeron de Venezuela, luego de que Maduro, por decreto, confiriera poderes a la Asamblea Nacional Constituyente, este organo terminó destituyendo a este tribunal y nombró a otros magistrados.

El autollamado 'Tribunal Supremo en el exilio' está integrado por abogados que huyeron de Venezuela en 2017 tras ser elegidos por la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición.

El presidente Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.

La exfiscal Ortega Díaz también ha emprendido acciones contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han dado información sobre si harán efectiva esta sentencia.

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el que se quedó en el lugar de los magistrados que ahora están exiliados, es el máximo órgano del sistema judicial venezolano.