Ante el cierre de notarías emprendido por el gobierno del estado, en particular aquellas que fueron dadas de alta en gobiernos emanados del PAN, la Presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta, manifestó que el hecho no les gustó.
Enfatizó que si en verdad el gobierno pretende combatir la corrupción debería investigar notarías como la de Mario Marín, “que hasta el momento se mantiene en funcionamiento y sin ninguna intervención de las autoridades, cuando el ex gobernador ha sido declarado prófugo de la justicia”.
Consideró que la revocación de patentes notariales debe incluir a notarios que obtuvieron su registro en otras administraciones y que, se tiene documentado en distintos medios de comunicación, han cometido múltiples fraudes a la ciudadanía.
“Hoy exigimos de manera categórica un alto a las hostilidades y a la persecución que ha emprendido el gobernador contra ex servidores públicos del PAN y contra aquellos gobiernos de los cuáles también se benefició”, finalizó.
Gobierno desmiente al PAN
En un comunicado de prensa, el gobierno del estado desmintió al PAN.
A continuación el texto íntegro:
“Al resaltar que no habrá más impunidad, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ricardo Velázquez Cruz, informó que la decisión de revocar las patentes de las notarías no se trata de una persecución política sino de que en su entrega hubo un gran desaseo jurídico.
“No queremos más impunidad en el estado, si dicen que hay persecución política yo digo que hay un gran desaseo jurídico, fue lo que encontramos en este gobierno”, expresó Velázquez Cruz al detallar que conforme al compromiso asumido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, todos los actos hechos fuera de la ley serán revocados.
En conferencia de prensa, el consejero jurídico explicó que la fe pública es una función originaria del gobierno que la delega en personas. “Esta función debe de darse con la mayor legalidad, la mayor certeza, claridad y transparencia”.
Aseguró que el gobierno actual detectó que algunas de estas patentes que se dieron durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, adolecen de elementos de cumplimiento o fueron hechas al tenor de actos inexistentes y en consecuencia son ilegales.
Velázquez Cruz detalló que, para crear nuevas notarías, el gobierno debe emitir una convocatoria, la cual nunca existió, por lo que quienes participaron en este procedimiento, lo hicieron sin que existiera un llamado.
“Los procedimientos mediante los cuales se entregaron las notarías, desafortunadamente, no fueron hechos con la claridad ni la legalidad que se requiere y debemos corregir este error”, destacó el consejero jurídico.
Precisó que, como parte de este proceso de revocación de notarías, la Consejería Jurídica notificó a sus titulares del inicio de procedimiento, se aseguraron folios y sellos, además de que no se descartan acciones de tipo penal por posibles delitos que se hayan cometido.
Dejó en claro que, con esta acción, el Gobierno del Estado no afectará a los particulares y para ello se ejecutan actas administrativas a fin de verificar los asuntos pendientes.
Velázquez Cruz comentó que también se analizará el actuar de aquellos notarios en activo que firmaron las horas de servicio y los exámenes que, al parecer nunca existieron, y sirvieron como elementos para la designación de las 29 patentes notariales.”
