​La tesis sobre la crítica al concepto de ideología propuesta por Gilles Deleuze y Félix Guattari ha revitalizado el panorama del pensamiento político contemporáneo, ofreciendo una alternativa radical a las nociones clásicas de "falsa conciencia" o "superestructura" heredadas del marxismo ortodoxo. En lugar de ver el poder y la dominación como meros espejismos o velos mentales que ocultan una realidad económica subyacente, estos posestructuralistas sostienen que los sistemas sociales se fundan en algo mucho más profundo, más productivo e inmanente a la vida misma: el deseo.

​La obra fundamental, El Anti-Edipo (1972), marca el inicio de esta ruptura epistemológica al postular la teoría de las "máquinas deseantes". Para Deleuze y Guattari, el deseo no es una carencia (como lo concibe el psicoanálisis), sino una fuerza de producción que constantemente conecta y desconecta flujos. El capitalismo, en esta óptica, no subsiste por engaño ideológico, sino porque codifica y canaliza la energía deseante de las personas, siendo esta producción del deseo la verdadera base de la sociedad. Esta visión invierte el modelo tradicional: el deseo produce la realidad social, y no a la inversa.

​Este enfoque alcanza su máxima expresión en Mil Mesetas (1980), donde se desarrolla la noción de "agenciamientos colectivos". Un agenciamiento es una máquina social que ensambla elementos heterogéneos (personas, discursos, territorios, tecnologías) y se define por sus flujos, no por su significado. Conceptos como "máquina abstracta" y "régimen de signos" reemplazan la vieja figura de la ideología. De esta forma, lo que antes se llamaba ideología (la forma en que pensamos el mundo) es, en realidad, un efecto superficial de un poder inmanente que opera directamente sobre los cuerpos y las relaciones, sin necesidad de un engaño mental.

​La relevancia de esta perspectiva se clarifica al contrastarla con el marco teórico dominante criticado, como la influyente tesis de la interpelación de Louis Althusser, que postulaba que la ideología "llama" o "constituye" a los individuos como sujetos. Deleuze y Guattari rechazan la idea de que los sujetos estén simplemente interpelados o engañados. Por el contrario, la obediencia y la participación en el sistema se explican por el hecho de que el sistema se vuelve deseable, es decir, porque produce subjetividad y satisfacciones concretas, incluso aquellas que resultan autodestructivas. El poder no es solo represivo, sino fundamentalmente productivo.

​Las lecturas complementarias de Michel Foucault en Historia de la sexualidad, Vol. 1 refuerzan esta tesis. La teoría del "bio-poder" de Foucault, que describe un poder que gestiona la vida y los cuerpos, es un antecedente directo de la visión inmanente del poder que manejan Deleuze y Guattari. Ambos filósofos convergen en la idea de que el poder es una red de fuerzas dispersas y productivas que circulan en todos los niveles del tejido social, haciendo obsoleta la metáfora de la ideología como una herramienta de la clase dominante impuesta desde una superestructura.

@_Melchisedech

​La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una iniciativa de reforma constitucional que promete ser el cambio de paradigma más profundo en la gestión del agua en México en las últimas tres décadas. Lejos del modelo neoliberal de 1992 que fomentó la mercantilización y el acaparamiento, esta propuesta de la Cuarta Transformación busca devolver al Estado la rectoría absoluta del recurso, garantizando que el acceso al agua potable y saneamiento sea, de manera operativa y real, un Derecho Humano Fundamental y no un activo comercial sujeto a las reglas del mercado.

​El corazón de la crisis hídrica que azota a la nación radica en el sistema actual de concesiones, que permitió que el agua se convirtiera en un bien transable. Grandes corporaciones agrícolas, industriales y desarrolladoras inmobiliarias han concentrado volúmenes masivos, mientras que el mercado negro prospera, vendiendo a precios de usura el líquido vital a las comunidades más vulnerables. La reforma de la 4T ataca esta problemática de raíz con una medida estructural e inaplazable: la prohibición expresa de la venta o transferencia de títulos de concesión entre particulares, lo que obliga a que, si un título se desocupa, el recurso revierta al Estado para ser reasignado bajo criterios estrictos de necesidad social y sostenibilidad, poniendo fin a la especulación.

​Para combatir el lucro y la ilegalidad que han caracterizado la administración actual del agua, la iniciativa incorpora un catálogo robusto de Delitos Hídricos en el Código Penal Federal. Conductas nocivas como la extracción sin permiso, la venta no autorizada de pipas y la corrupción en la asignación dejarán de ser meras faltas administrativas para ser tipificadas como crímenes, con sanciones que incluyen penas de prisión y extinción de dominio. Este es un mensaje claro: la impunidad en el robo del agua se ha terminado y se actuará con toda la fuerza del Estado para proteger el patrimonio hídrico de la nación.

​El modelo propuesto enfatiza la Soberanía Hídrica y la gestión sustentable. Al recuperar el control sobre el ciclo de las concesiones, el Estado estará en posición de planificar a largo plazo, enfocándose en la protección urgente de los acuíferos sobreexplotados y asegurando la disponibilidad futura del recurso. El objetivo es claro: priorizar el uso doméstico y público sobre cualquier otro interés económico, un principio que el modelo anterior diluyó en favor de los grandes concesionarios.

​Para la implementación efectiva, la reforma no se queda solo en el papel. Se plantea la expedición de una nueva Ley General de Aguas y el fortalecimiento sin precedentes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dotándola de mayores facultades de vigilancia, sanción y transparencia. Además, se ha propuesto una revisión integral y obligatoria de todas las concesiones vigentes para identificar y revertir aquellas que estén en desuso o sean producto de acaparamiento, un proceso ambicioso pero esencial para restaurar la justicia hídrica.

​La reforma hídrica de la Presidenta Sheinbaum no es solo un cambio legal; es una profunda disputa de modelo, que antepone el bienestar social y la sostenibilidad ambiental a la lógica del mercado. Si bien se esperan resistencias de los intereses creados y desafíos en la capacidad institucional para el reordenamiento, esta propuesta marca un hito en la historia social de México, consolidando la visión de la Cuarta Transformación: el agua es un derecho del pueblo y un bien de la nación, y debe ser gestionado con justicia, equidad y visión de futuro.

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El Gobierno de Sheinbaum Institucionaliza la Austeridad como Herramienta Expansiva en el PEF 2026

​El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para 2026 bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum consolida la “austeridad republicana” como el pilar técnico de la política fiscal de la Cuarta Transformación. Lejos de ser un concepto meramente moral, el primer presupuesto de Sheinbaum lo convierte en una estrategia sofisticada para la redistribución del gasto: se recorta con severidad el gasto operativo y burocrático (gasto corriente) para liberar una inyección histórica de recursos hacia la inversión física y el fortalecimiento de los programas sociales. Este enfoque, que el gobierno define como "austeridad expansiva", busca acelerar la transformación sin comprometer la estabilidad macroeconómica, proyectando un crecimiento del PIB del 2.5% y una reducción del déficit público al 3.5%.

​La clave de la estrategia fiscal para 2026, cifrada en 9.7 billones de pesos, reside en un contraste radical. Las dependencias y organismos autónomos, como el Poder Judicial (con un recorte del 14.1%) y el INEGI (10.4%), enfrentan tijeretazos operativos, eliminando plazas y reduciendo viáticos, en línea con el mandato de tener "un gobierno sin lujos". Por otra parte, el gasto de capital (inversión física) se dispara un 29.1% en términos reales, alcanzando el nivel más alto de la historia reciente del país. Este aumento masivo se destina directamente a finalizar y operar proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, priorizando la infraestructura sobre la burocracia para estimular la economía desde la base.

​La protección de los programas sociales es absoluta y se convierte en el corazón del pacto social. Pensiones universales, becas y apoyos al campo están blindados de cualquier ajuste, reafirmando el compromiso con el bienestar. Además de la inversión en infraestructura, el presupuesto destina recursos robustos al sector energético, principalmente a PEMEX y CFE, manteniendo la autosuficiencia como meta nacional, aunque el enfoque, según Hacienda, será la rentabilidad y la eficiencia operativa para reducir la carga fiscal a mediano plazo.

​Sin embargo, la implementación de esta audaz estrategia no está exenta de riesgos. Analistas advierten que la profundidad de los recortes a órganos como el INEGI o el Poder Judicial podría minar su operatividad y capacidad técnica, generando costos a largo plazo en la impartición de justicia y la generación de estadísticas. El plan también es vulnerable a shocks externos, pues la dependencia en que se materialice la meta de crecimiento del 2.5\% es crucial; cualquier desviación podría presionar las finanzas públicas y forzar un mayor endeudamiento para sostener el ambicioso plan de inversión.

​A nivel político, la gestión de la Presidenta Sheinbaum deberá sortear las tensiones internas generadas por los recortes a organismos autónomos, que han abierto frentes de fricción con otros Poderes de la Unión. Además, la continua dependencia en las transferencias fiscales a Pemex persiste como el "talón de Aquiles" del modelo, poniendo en tela de juicio la eficiencia total de esta austeridad selectiva. La justificación gubernamental es clara: la prioridad es la inversión pública y la protección social, y la eficiencia burocrática es el costo necesario para lograrlo.

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 Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo

​El reciente plan de paz de 28 puntos, impulsado por el gobierno estadounidense de Donald Trump, ha encontrado en el presidente ruso, Vladimir Putin, una respuesta que la diplomacia internacional debe interpretar con meticulosa cautela.

Lejos de un rechazo tajante, Moscú ha confirmado haber recibido el texto completo por vías diplomáticas, calificándolo como una "versión actualizada" de propuestas previas. Esta aparente apertura al diálogo es, sin embargo, un movimiento estratégico calculado para legitimar la posición rusa como actor dispuesto a la paz, mientras se siembra la duda sobre la verdadera intención de Ucrania y sus patrocinadores europeos. Putin busca establecer un relato donde el plan de Trump es la potencial "base de un arreglo de paz definitivo," posicionando a Rusia como el elemento flexible en la mesa de negociación.

​La solicitud inmediata de un "análisis exhaustivo" del plan no es un mero formalismo, sino una táctica diplomática diseñada para ganar tiempo valioso. Este lapso permite a las fuerzas rusas consolidar los avances militares en el terreno y evaluar con detenimiento la reacción internacional y, crucialmente, la de Kiev. Moscú emplea esta pausa estratégica para preparar contrapropuestas que, si bien se presentarán bajo un halo de razonabilidad, estarán intrínsecamente diseñadas para reflejar sus objetivos estratégicos ya alcanzados. Al mismo tiempo, el Kremlin subraya la "flexibilidad" que afirma haber demostrado en cumbres pasadas, como la de Alaska, buscando contrastar su postura con lo que describe como la intransigencia irracional del gobierno ucraniano.

​El líder ruso ha lanzado un ataque diplomático directo contra Ucrania y sus aliados europeos, acusándolos de vivir bajo la "ilusión" de una posible "derrota estratégica" de Rusia. Esta narrativa cumple el objetivo dual de presionar psicológicamente a Kiev, sugiriendo que sus expectativas militares son irreales, y de intentar explotar fisuras dentro de la alianza transatlántica. Al argumentar que el previsible rechazo ucraniano al plan se basa en una "falta de información objetiva" sobre la realidad en el campo de batalla, Putin busca socavar la credibilidad de los assessments de inteligencia occidentales y justificar preventivamente la continuación de las operaciones militares.

​La característica más tensa de la respuesta rusa es su explícita advertencia militar. Putin ha dejado claro que si Kiev no se sienta a negociar "seriamente" el plan propuesto, Rusia está preparada para "seguir avanzando militarmente" y replicar éxitos como el de Kupiansk en otras "zonas clave." Esta dualidad de ofrecer un diálogo mientras se blande la amenaza de la escalada es la esencia de la "diplomacia coercitiva" de Moscú. Al presentar el plan de Trump como una "oportunidad" que podría desvanecerse, Rusia busca forzar a Ucrania a hacer concesiones sustanciales bajo la presión de una inminente intensificación del conflicto.

​Las implicaciones de esta estrategia son profundas para el orden internacional. La aceptación de un acuerdo bajo los términos dictados por la coerción rusa sentaría un precedente peligroso: la legitimación de las conquistas territoriales obtenidas mediante la agresión interestatal. Esto no solo significaría la consolidación de las anexiones rusas y la imposición de futuras limitaciones militares a Ucrania, sino que también representaría un debilitamiento del sistema de seguridad colectiva global. La integridad territorial, principio fundamental del Derecho Internacional, se vería seriamente erosionada, reconfigurando forzosamente la arquitectura de seguridad europea en favor de esferas de influencia.

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​En el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunció un discurso que trasciende la mera conmemoración para erigirse como una poderosa declaración de principios y una hoja de ruta que conecta el legado histórico con el proyecto contemporáneo de la Cuarta Transformación (4T). Su intervención no solo honra el pasado, sino que lo utiliza como el antecedente legitimador de su administración, estableciendo un puente ideológico firme entre las luchas de 1910 y las políticas sociales de hoy. La Presidenta insiste en que la Revolución no es un evento archivado, sino un "momento definitorio" de vigencia permanente, cuyos ideales de "igualdad, libertad y justicia social" son los cimientos ejecutivos de su gobierno.

​El análisis de la alocución presidencial revela una apropiación programática del capital simbólico revolucionario. Sheinbaum sitúa a la 4T no como un gobierno más, sino como una transformación histórica equiparable en trascendencia a la Independencia, la Reforma y la propia Revolución. Este anclaje se materializa en tres pilares fundamentales: la lucha frontal contra la corrupción y los privilegios, la propuesta de Reformas Institucionales Democráticas —como la elección por voto popular de jueces y magistrados—, y la elevación de los programas de bienestar a "derechos constitucionales". Con ello, la administración busca institucionalizar de forma irrevocable el Estado de bienestar, cumpliendo el mandato histórico de justicia social de la gesta de 1910.

​Un segmento crucial fue la redefinición del papel de las Fuerzas Armadas. La Presidenta las presenta no solo como garantes de la soberanía, sino como instituciones que "nacieron para proteger la democracia y evitar los golpes de Estado". Este reposicionamiento doctrinal subraya su función de custodia del orden constitucional y popular desde dentro, alineando su misión con los valores de la 4T. Además, el reconocimiento de la "significativa presencia de mujeres" en el desfile simboliza la modernización y la inclusión castrense, reflejando la sociedad diversa que el proyecto de gobierno promueve.

​El discurso también sirvió para establecer una clara delimitación ideológica frente a la oposición. Sheinbaum criticó abiertamente a quienes defienden políticas de "mano dura", situándolos en la antítesis del espíritu revolucionario. La comparación explícita de estos enfoques con el Porfiriato es elocuente, pues traza un escenario de regresión histórica hacia un régimen de represión y desigualdad. La piedra angular de su filosofía de seguridad pública es que "la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia", rechazando los modelos coercitivos y argumentando que la estabilidad social deriva de un sistema que prioriza la equidad.

​La Jefa del Ejecutivo federal expandió la concepción de la comunidad nacional más allá de las fronteras geográficas. Al calificar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos como "héroes y heroínas de la patria", la Presidenta realizó un acto de reconocimiento político y afectivo sin precedentes en la retórica oficial. Este gesto no solo honra su contribución económica vital, sino que los reintegra simbólicamente al cuerpo de la nación, afirmando una soberanía que se ejerce también a través del vínculo con su diáspora.

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​Puebla, México — Determinar el verdadero impacto de la deuda heredada de las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, conocidas como el "morenovallismo," es crucial para entender las restricciones presupuestarias que enfrenta el estado de Puebla. Lo que la nueva administración declaró inicialmente como una “deuda heredada” de alrededor de 44,000 millones de pesos (MDP) en 2019, que incluía subsidios y pasivos, era solo la punta del iceberg de un complejo entramado financiero. Este legado se caracteriza por la opacidad contable y el uso intensivo de instrumentos que evitaron registrar el costo total de las obras como deuda pública tradicional, desplazando la pesada obligación fiscal a las generaciones futuras.

​El mecanismo central de esta "deuda invisible" fueron los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), también denominados Asociaciones Público-Privadas (APP). Contrariamente a la deuda bancaria directa, estos contratos de larguísimo plazo (algunos con vencimiento hasta 2039) permitieron construir megaproyectos como el Museo Internacional del Barroco, el Centro Integral de Servicios (CIS) y la infraestructura asociada a la Planta de Audi, sin que el gasto total se reflejara de inmediato en el balance estatal. El costo original pactado para estos tres proyectos clave fue de aproximadamente 8,000 MDP, pero el compromiso legal del estado para pagarlos, con sus respectivos intereses, se ha convertido en un pasivo irrevocable que consume una parte fija y considerable del presupuesto anual.

​De hecho, los informes más recientes de la Secretaría de Planeación y Finanzas sitúan la deuda pública "formal" o reconocida en alrededor de 11,000 MDP, pero esta cifra se eleva a cerca de 18,030 MDP al incluir otros pasivos y obligaciones en el “Estado analítico de la deuda y otros pasivos” de marzo de 2025. Lo alarmante es que, del total de esta deuda formal, aproximadamente 7,000 MDP corresponden directamente a los compromisos de los PPS/APP contraídos durante la gestión morenovallista, evidenciando que esta modalidad de financiamiento es la principal causante de la deuda que se reporta hoy en día.
​Este lastre se traduce en una limitación directa de los recursos para la actual administración. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de 2024, el gobierno estatal etiquetó 1,483 MDP exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones de pago anuales derivadas de estos contratos de largo plazo. Este monto, forzosamente destinado a cubrir los acuerdos del pasado, deja de ingresar a rubros esenciales como seguridad pública, salud o infraestructura social, dificultando la capacidad de la administración actual para responder a las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

​La perspectiva se vuelve aún más crítica al considerar las proyecciones de los analistas económicos independientes. Estos expertos, al calcular el costo total de los PPS/APP que el erario poblano deberá cubrir, incluyendo el capital principal, los intereses acumulados, los costos de operación y las penalizaciones hasta el final de los contratos (2039), estiman que la carga total ligada al morenovallismo podría alcanzar una cifra astronómica de hasta 100,000 MDP. Aunque esta no es una cifra de saldo actual, es el costo total que los poblanos terminarán pagando por las decisiones financieras tomadas hace más de una década.

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La red de bibliotecas públicas en Puebla, la segunda más grande de México con 617 recintos, enfrenta un desafío sin precedentes: la falta de afluencia de usuarios. A pesar de una infraestructura robusta que garantiza la cobertura en sus 217 municipios, los datos recientes muestran una drástica caída en el número de visitantes, una tendencia que, según analistas, se explica más por el cambio en los hábitos de consumo cultural de la población que por una falla institucional. El registro de usuarios ha pasado de 2.4 millones en 2015 a menos de 55,000 en 2025, un cambio que invita a reflexionar sobre el compromiso ciudadano con los espacios de conocimiento tradicionales.

Este fenómeno no es un indicador de abandono, sino de la transición cultural que vive la sociedad en la era digital. Aunque la disminución del 98% en las visitas es una cifra impactante, el gobierno ha sostenido la infraestructura, reconociendo que la biblioteca, si bien ha perdido su papel hegemónico, sigue siendo un símbolo de acceso democrático al saber. La existencia de recintos que reportan cero visitas en zonas marginales apunta a la necesidad de revitalizar el vínculo comunitario, no de señalar un fracaso en la política de cobertura.

Expertos en filosofía de la técnica señalan que la tecnificación ha desplazado el punto de encuentro hacia los medios digitales. Sin embargo, la administración estatal ha implementado programas de rescate y promoción de la lectura, como el “Año del Libro y la Lectura” en 2024, que demostraron la capacidad de la ciudadanía para responder a las convocatorias. Ejemplos como la Biblioteca Gabino Barreda, que multiplicó sus visitantes temporalmente, confirman que el potencial está latente, a la espera de estrategias que logren integrar lo físico con las nuevas demandas digitales.

Es imperativo reconocer que el deterioro reportado en algunas instalaciones, como la pérdida parcial de acervo o problemas de mobiliario, es resultado de un ciclo natural de mantenimiento que las autoridades están abordando progresivamente. La verdadera brecha no es solo digital, sino de actualización, un reto que exige la modernización del acervo para competir con la inmediatez de la información en línea. La biblioteca debe dejar de ser vista solo como un depósito de libros para convertirse en un "hub" cultural.

Por ello, la estrategia de futuro no pasa por la desinversión, sino por la reimaginación del espacio público. Las iniciativas actuales, lideradas por el personal bibliotecario para "cazar lectores" con actividades lúdicas, son pasos valiosos, pero deben ser respaldados por una visión estatal que reposicione estos recintos como ágoras de participación cívica y encuentro comunitario, más allá de la mera lectura tradicional. Se trata de una tarea de corresponsabilidad.

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​El análisis de la trayectoria de la violencia homicida en México, desde el inicio de la llamada "guerra contra el narcotráfico" en 2006, revela un periodo de intensa escalada. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) marcó el catastrófico punto de inflexión que sentó las bases de la crisis de seguridad, con más de 100,000 homicidios. Esta violencia persistió y se intensificó durante la administración de Enrique Peña Nieto y los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien heredó los niveles de criminalidad más altos de la historia moderna del país, acumulando hasta 2024 más de 200,000 casos en su sexenio. La magnitud del desafío heredado y la inercia de la violencia explicaron los picos históricos que la actual administración se ha visto obligada a enfrentar con una nueva visión estratégica.

​A pesar del trágico acumulado heredado, el panorama de la seguridad en México ha experimentado una reversión histórica y sostenida que se consolida en el tramo final del primer sexenio de la Cuarta Transformación (4T). Los datos oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son contundentes y reflejan el éxito de la estrategia de seguridad enfocada en las causas sociales y la contención territorial. El promedio de víctimas diarias de homicidio doloso, un indicador clave, se ha reducido drásticamente, cayendo de 86.9 a 58.3 entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Esto representa una disminución sin precedentes del 32.9%, ubicando el indicador en el nivel más bajo registrado en los últimos años y mostrando la eficacia del cambio de paradigma de "Abrazos, no balazos".

​Esta tendencia positiva no es una fluctuación, sino una consolidación. Al comparar los periodos interanuales, la disminución en el delito es igualmente notable. En los primeros nueve meses de 2025, el país registró 18,407 homicidios dolosos, lo que significa una reducción del 19.1% en comparación con el mismo periodo de 2024. Estos números confirman que, después de alcanzar los picos de violencia generados por la fallida estrategia de administraciones anteriores, el gobierno actual ha logrado un punto de inflexión significativo y una curva descendente que se acelera gracias a la combinación de políticas sociales de fondo y una mayor coordinación de las fuerzas federales.

​Es crucial contextualizar este logro: la reducción ocurre desde un umbral de violencia históricamente alto, producto de las estrategias bélicas de los sexenios pasados. Sin embargo, el mérito de la 4T radica precisamente en haber logrado moderar y revertir la inercia de una crisis que llevaba décadas de escalada incontrolada. La política de seguridad, que atiende las raíces del problema y promueve el bienestar social, está demostrando ser más efectiva a largo plazo que la confrontación directa, lo que se traduce directamente en menos víctimas y más paz para las comunidades.

​La reducción de más del 30% en el promedio diario de homicidios no es un dato menor; es la prueba de que el enfoque de la 4T está funcionando. Si bien la violencia estructural no desaparece de la noche a la mañana, el gobierno ha logrado desactivar la tendencia alcista que dominó el país durante 18 años. La disminución es resultado de una compleja interacción de factores, incluyendo la política integral de "Abrazos, no balazos" y la estabilización de ciertos territorios clave, elementos que reflejan un control más efectivo por parte del Estado sobre las dinámicas criminales que proliferaron en administraciones anteriores.

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​La movilización convocada en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre, bajo el pretexto de la "seguridad", ha sido señalada por el Gobierno de México como un claro intento de desestabilización política. La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue enfática al afirmar que grupos de ultraderecha, coordinados y con financiamiento externo, se infiltraron en una marcha legítima con la única intención de generar caos y atacar a las instituciones democráticas del país. Los lamentables disturbios generaron daños materiales y, lo más grave, un saldo de cien policías lesionados.

​Aunque la convocatoria original utilizó demandas genuinas sobre seguridad pública y el caso del alcalde de Uruapan como detonante, el análisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) demostró que un contingente violento, conocido por sus tácticas de confrontación, actuó con una logística de precisión. Este llamado "bloque negro" evidenció preparación previa al portar martillos, cuerdas y artefactos explosivos caseros, elementos que no corresponden a una protesta civil, sino a un acto de vandalismo y terrorismo urbano dirigido.

​Ante la amenaza clara de quienes buscaban vandalizar la sede del Ejecutivo federal y monumentos históricos, el Gobierno de la capital implementó un blindaje preventivo con vallas metálicas. Esta medida, calificada por las autoridades como un acto responsable para proteger el patrimonio y la integridad de los manifestantes y los propios elementos de seguridad, fue la única barrera que impidió una catástrofe mayor. La SSC-CDMX actuó con mesura y profesionalismo, utilizando herramientas no letales como gases lacrimógenos y extintores para disuadir la agresión.

​El saldo de los enfrentamientos subraya la naturaleza organizada y virulenta del ataque. Se reportaron un centenar de elementos policiales lesionados, con cuarenta de ellos requiriendo hospitalización inmediata, evidenciando que el objetivo del "bloque negro" era la confrontación directa contra la fuerza pública. Las detenciones realizadas confirman la presencia de agitadores profesionales con perfiles que, según las investigaciones, tienen vínculos con grupos políticos opositores que buscan capitalizar el descontento para fines electorales.

​Las investigaciones del Gobierno capitalino y federal apuntan a una campaña de desprestigio e injerencia extranjera. El secretario de Gobierno, César Cravioto, reforzó la narrativa oficial al señalar directamente a "la derecha" como principal beneficiaria y promotora de los actos. El uso de campañas de bots y la amplificación artificial del descontento en redes sociales, impulsadas desde el exterior, buscan crear una percepción de crisis que la realidad de los avances en seguridad en la Ciudad de México desmiente.

​En conclusión, la Administración de Claudia Sheinbaum reitera su compromiso con el derecho a la manifestación pacífica, pero es firme en la condena a la violencia política disfrazada de protesta social. El pueblo de México y la juventud, en particular, son plenamente conscientes de la diferencia entre el descontento auténtico y la manipulación orquestada. La Cuarta Transformación se mantiene inamovible frente a estos intentos de desestabilización, enfocada en consolidar la paz y la justicia social en el país.

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​El encuentro de noviembre de 1676 en La Haya entre Gottfried Wilhelm Leibniz y Baruch de Spinoza trasciende la mera anécdota, posicionándose como un hito crucial que redefinió el rumbo de la metafísica moderna y, consecuentemente, de la moral y la teología occidentales. En un momento en que el racionalismo del siglo XVII alcanzaba su cenit, esta reunión secreta no fue una simple charla, sino el choque frontal de dos visiones de la realidad: la del monismo panteísta y determinista de Spinoza, y la del pluralismo emergente de un Leibniz obsesionado con preservar la noción de individuo y la libertad divina. Este diálogo, forzado por la sed intelectual de Leibniz y facilitado por el matemático Tschirnhaus, es el punto donde la razón se enfrentó a su propia conclusión más radical y peligrosa.

​La figura de Spinoza, excomulgado e infame por sus ideas tildadas de ateas, representaba el espejo al que Leibniz no quería mirar, pero del que no podía apartar la vista. El acceso privilegiado que el joven filósofo de Maguncia obtuvo a los manuscritos inéditos de la Ética —el núcleo tangible de su visita— le permitió enfrentarse al sistema de “Dios sive Natura” en su forma más pura. Leibniz no conoció el determinismo por rumores, sino al copiar y estudiar las definiciones geométricas que disolvían la individualidad en modos de una única sustancia. La contundencia intelectual del sistema spinoziano actuó, paradójicamente, como un formidable acicate para que Leibniz se viera forzado a construir una filosofía alternativa que, sin renunciar al rigor racional, ofreciera una salida teológicamente aceptable al fatalismo.

​La tensión filosófica que emanó del encuentro es la fuente de las contribuciones más importantes de Leibniz. Frente a la disolución del individuo en la Única Sustancia spinoziana, Leibniz desarrolló su teoría del pluralismo de mónadas: infinitas sustancias simples, cerradas y con una individualidad garantizada por el principio de la Identidad de los Indiscernibles. Más aún, la solución de la Armonía Preestablecida para la interacción mente-cuerpo puede leerse como una respuesta directa al problema que el riguroso paralelismo de Spinoza había planteado. Su sistema entero se convirtió en una réplica meticulosa, diseñada para salvaguardar la trascendencia divina y el espacio para la justicia y la misericordia en un universo que Spinoza había reducido a fría necesidad.

​Es fundamental destacar la ambivalencia con la que Leibniz manejó la influencia de Spinoza. Si bien sus propios apuntes y el desarrollo posterior de su obra demuestran una asimilación crítica y profunda, Leibniz fue extremadamente cauto y hasta negacionista en su correspondencia pública, llegando a calificar a Spinoza de peligroso. Esta negación vehemente no fue solo prudencia política; fue una estrategia intelectual para deslindar su sistema, su Teodicea, de cualquier sombra de determinismo fatalista, asegurando la supervivencia de valores como la libertad y la moralidad en el panorama filosófico. El filósofo de La Haya había planteado el problema; Leibniz se propuso ofrecer una solución conservadora que reconciliara la razón con los dogmas.

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