Puebla, 2 de octubre. – La tradicional marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco fue desviada este año por estudiantes de la BUAP hacia un discurso centrado en el conflicto de Medio Oriente, generando cuestionamientos sobre la pertinencia de mezclar reclamos históricos nacionales con controversias geopolíticas internacionales.

Cientos de jóvenes universitarios partieron a las 13:30 horas desde la Torre de Rectoría, pero en lugar de mantener el enfoque en las víctimas mexicanas de 1968, la manifestación incorporó pancartas contra Israel y consignas sobre Gaza que desplazaron el mensaje original de memoria histórica. La movilización congregó a estudiantes de diversas facultades, incluyendo Computación, Ciencias Sociales, Economía, Psicología y Derecho.

El contingente realizó paradas estratégicas en la Preparatoria Enrique Cabrera y posteriormente en la Fiscalía General del Estado, donde los manifestantes equipararon la represión estudiantil de hace 56 años con situaciones del conflicto palestino-israelí. Esta comparación ha generado debate sobre si resulta apropiado instrumentalizar una fecha tan significativa para la historia mexicana con agendas políticas internacionales.

Durante el mitin realizado en el Zócalo de Puebla, voceros estudiantiles justificaron la fusión de ambas causas argumentando una supuesta conexión entre la violencia estatal histórica en México y los acontecimientos actuales en Medio Oriente. Sin embargo, familiares de víctimas del 68 han expresado en otras ocasiones su preocupación cuando la conmemoración se diluye en múltiples causas ajenas al contexto nacional.

La marcha, que culminó en la zona de Carolino, fue convocada por asambleas universitarias junto con colectivos estudiantiles independientes y el Bloque Revolucionario Estudiantil Popular. El evento evidenció una tendencia creciente entre sectores juveniles de vincular movimientos sociales mexicanos con conflictos internacionales, estrategia que algunos analistas consideran distrae de las problemáticas locales urgentes.

Esta jornada pone de manifiesto el dilema que enfrentan las nuevas generaciones entre honrar la memoria histórica nacional y expresar solidaridad global, aunque críticos advierten que tal hibridación puede terminar por vaciar de significado específico fechas emblemáticas para la democracia mexicana como el 2 de octubre.

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​Ciudad de México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha desmantelado una red masiva de corrupción que operó durante décadas, revelando más de 58,000 irregularidades en las concesiones de agua en todo el país. Esta investigación, resultado de una revisión federal exhaustiva, expone un entramado de falsificación, acaparamiento y tráfico ilegal de derechos de agua, con títulos que incluso ubican pozos en el mar o en el extranjero. Como respuesta, el gobierno de la Cuarta Transformación prepara una reforma legal sin precedentes que busca imponer sanciones draconianas para acabar con el mercado negro del vital líquido.

​La magnitud del fraude es un reflejo de la impunidad del pasado. Conagua, que ha revisado el 90% del padrón nacional, encontró casi 60,000 títulos con graves anomalías. Entre las más flagrantes se hallaron 18,000 concesiones con coordenadas falsas, incluyendo casos absurdos con ubicaciones en medio del océano o en países como Tailandia, un claro intento de burlar la ley. Esta práctica se suma al uso indebido de permisos, donde se han utilizado concesiones agrícolas, que están exentas de pago, para beneficiar a industrias, balnearios y clubes de golf, o se han desviado permisos de uso público urbano para el enriquecimiento de particulares.

​Además de las irregularidades administrativas, se documentó un sofisticado mercado negro. La perforación de pozos clandestinos para la venta de agua en pipas ha generado ganancias millonarias, con algunos operadores extrayendo hasta 200 pipas diarias y vendiéndolas a precios exorbitantes. A esto se suma el acaparamiento especulativo, donde particulares han acumulado múltiples títulos de concesión para mantenerlos inactivos, esperando a que el crecimiento urbano o industrial los convierta en activos vendibles a precios inflados, confirmando que el agua se ha tratado como una simple mercancía.

​La depuración del padrón ha rendido frutos tangibles. La labor de la actual administración ha permitido una recaudación adicional de 2,938 millones de pesos y, lo más importante, la recuperación de 4,475 millones de metros cúbicos de agua. Este volumen, equivalente a miles de millones de garrafones, ahora podrá ser reasignado con transparencia para garantizar el acceso al recurso. Las acciones de fiscalización ya han resultado en 490 clausuras de obras e instalaciones irregulares, enviando un mensaje claro de que la impunidad ha llegado a su fin.

​Conagua señala que la raíz del problema se encuentra en el sistema de concesiones establecido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La falta de controles, las sanciones mínimas y la opacidad crearon un caldo de cultivo para la corrupción. Ante esta situación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para enviar al Congreso dos iniciativas históricas: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas.

​Estas iniciativas no solo buscan aumentar las multas hasta 5 millones de pesos, sino que también incorporarán la figura de extinción de dominio para decomisar los bienes adquiridos con ganancias ilícitas del tráfico de agua. Esta medida, junto con la nueva legislación que busca garantizar el derecho humano al agua y cerrar los vacíos legales, marca un punto de inflexión. El objetivo es claro: dejar de tratar el agua como una mercancía para consolidarla como un bien público y un derecho fundamental para todos los mexicanos.

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​La imponente figura de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes y controversiales de México, se encuentra en el epicentro de una de las crisis financieras más agudas que ha enfrentado su conglomerado. Más allá de las especulaciones y rumores, TV Azteca y otras empresas de Grupo Salinas están bajo una inmensa presión, acorraladas por una deuda millonaria con acreedores extranjeros y persistentes litigios fiscales en el país. Esta situación ha generado una tormenta perfecta que amenaza la estabilidad del imperio.

​El núcleo del problema es una abultada deuda en bonos que asciende a aproximadamente $565 millones de dólares con inversionistas, principalmente fondos de inversión de Estados Unidos. Estos fondos, que inicialmente esperaban una reestructuración amistosa, han recurrido a medidas legales drásticas. La paciencia se agotó, y la falta de pagos, como el incumplimiento de $110 millones a Astor Asset Management, ha llevado a los acreedores a emprender acciones agresivas para recuperar su dinero, incluyendo la búsqueda de embargos de activos de la empresa en el extranjero.

​Paralelamente al conflicto internacional, el Grupo Salinas enfrenta un segundo frente de batalla en casa. Múltiples litigios fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) representan un pasivo potencial de cientos de millones de dólares, desviando recursos financieros y legales. Estas disputas, que se desarrollan en un contexto de abierta confrontación política entre el empresario y el gobierno, complican aún más el ya frágil panorama financiero del conglomerado.

​Sin embargo, en medio de este escenario, es crucial separar los hechos de la desinformación. A pesar de los rumores sensacionalistas que circulan en redes sociales, no existe evidencia verificable de una orden de arresto en contra de Salinas Pliego en Nueva York o de una fianza millonaria pagada para evitarla. Tampoco se ha confirmado que la deuda central sea con la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Estas historias parecen ser el resultado de la mezcla de hechos reales con rumores no relacionados para generar titulares impactantes.

​El verdadero drama de la crisis no necesita de fantasías. La situación financiera de TV Azteca y su grupo es lo suficientemente grave por sí misma. El conglomerado se encuentra atrapado entre la espada y la pared, con inversionistas internacionales que exigen el pago de una deuda de $565 millones y un gobierno que presiona por el cumplimiento de obligaciones fiscales.

​El futuro de Grupo Salinas pende de un hilo. La verdadera prueba de fuego no se dará en una cárcel de Rikers Island, sino en las salas de juntas y los tribunales, donde se definirá la capacidad de la empresa para reestructurar su deuda y, en última instancia, la resiliencia de uno de los imperios empresariales más importantes de México.

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La reciente aparición de supuestas demandas de amparo a favor de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que buscaban protección contra una presunta investigación por "huachicol fiscal", ha desatado una controversia que va más allá de lo jurídico. Lejos de ser una medida real, todos los indicios señalan que se trató de un montaje orquestado con fines políticos, destinado a crear una narrativa de criminalización en contra de la familia del expresidente y de la actual administración.

La reacción de los supuestos beneficiarios fue contundente y unánime. José Ramón, Andrés Manuel "Andy" y Gonzalo Alfonso López Beltrán negaron categóricamente haber promovido o autorizado los amparos, calificándolos de una maniobra para vincularlos a delitos que no cometieron. De manera similar, el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, cuyo nombre apareció en los documentos, denunció que su identidad profesional fue usurpada, lo que refuerza la tesis de una operación deliberada.

Esta versión fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el episodio forma parte de una "campaña política de desprestigio" en su contra y la de su predecesor. La estrategia, según la mandataria, busca sembrar dudas y desinformación en la opinión pública, utilizando el sistema judicial como herramienta para generar un escándalo mediático sin fundamento.

Las inconsistencias detectadas en el proceso judicial son notorias. Los documentos carecían de las firmas electrónicas válidas de los supuestos beneficiarios y de los abogados, una omisión grave en un sistema de justicia que se moderniza para evitar fraudes. Que los amparos fueran admitidos a trámite en juzgados de diferentes estados, de forma casi simultánea, sugiere una coordinación malintencionada, más que un error administrativo.

La falta de una investigación pública formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el supuesto "huachicol fiscal" añade una capa más de opacidad al caso. Sin una amenaza real o una orden de aprehensión probada, los amparos parecen haber sido presentados en respuesta a una amenaza inexistente, cuyo único propósito era generar un efecto mediático inmediato.

En última instancia, el caso de los amparos rechazados se disuelve como un intento fallido de guerra sucia. La rápida y categórica negación de los involucrados, sumada a las irregularidades en la presentación de los recursos, expone una operación de desinformación que busca minar la confianza en el gobierno. Es una muestra de cómo los adversarios políticos están dispuestos a utilizar cualquier recurso, incluso el sistema judicial, para crear un clima de inestabilidad y difamación.

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​CIUDAD DE MÉXICO – La noche del 15 de septiembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió su primer Grito de Independencia, un acto que trascendió la mera celebración para convertirse en una declaración de principios. Desde el balcón central de Palacio Nacional, Sheinbaum no solo conmemoró el pasado, sino que delineó los ejes de su gobierno a través de una ceremonia meticulosamente orquestada, cargada de simbolismo y mensajes que buscan marcar una nueva era en la política mexicana.

​El momento cumbre de la noche se centró en la reivindicación de las mujeres. Ataviada con un vestido morado, un claro guiño al movimiento feminista, la presidenta rompió con la tradición al dar un lugar preponderante a las heroínas de la independencia. Nombres como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario resonaron con una fuerza inédita, subrayando la invisibilización histórica y el compromiso de su administración con la perspectiva de género. Esta elección no fue un simple detalle, sino la piedra angular de un discurso que busca legitimarse a través de la memoria histórica.

​La inclusión se extendió más allá de las mujeres. En un gesto de profunda trascendencia política, Sheinbaum dedicó parte de su arenga a los migrantes, un colectivo a menudo estigmatizado. Al referirse a ellos como “nuestros hermanos y hermanas”, la mandataria no solo mostró solidaridad, sino que integró a este grupo en la narrativa nacional, posicionándolos como parte esencial de la identidad de México, sin importar su ubicación. Este mensaje también tiene una ineludible dimensión de política exterior, sugiriendo un enfoque en la defensa de los derechos humanos de quienes han salido del país.

​La soberanía nacional fue el otro pilar del discurso presidencial. En un contexto de presiones externas, la presidenta Sheinbaum afirmó con contundencia que México es un país “libre, independiente y soberano”, advirtiendo que “ninguna potencia extranjera tiene el poder de decidir por México”. Este posicionamiento se reforzó con el anuncio de que en 2025 su gobierno propondrá una reforma al Artículo 40 constitucional para blindar jurídicamente la defensa del país frente a injerencias externas, una señal clara de que la autodeterminación será la brújula de su administración.

​Este primer Grito marca, más que una ruptura, una evolución estilística y política. Si bien Sheinbaum mantiene una clara conexión con el proyecto político del gobierno anterior, se diferencia al incorporar una dimensión de género y de inclusión simbólica sin precedentes. Este enfoque busca una legitimación dual: por un lado, se legitima a sí misma como la primera mujer presidenta, y por otro, afianza un proyecto político que eleva temas históricamente postergados a un primer plano.

​En esencia, el Grito de Sheinbaum fue un acto de comunicación política donde cada elemento fue cuidadosamente elegido. Desde el vestido y la guardia de honor a cargo de cadetes femeninas, hasta las palabras de inclusión y la reafirmación de la soberanía. La presidenta no solo rindió homenaje a los héroes, sino que también comunicó los principios de su gobierno: una memoria histórica con perspectiva de género, una defensa inquebrantable de la soberanía y una visión de nación que se redefine para el siglo XXI.

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La gestión de Manuel Bartlett Díaz al frente de la Comisión Federal de Electricidad ha derivado en la peor crisis financiera de la historia de la empresa estatal. En 2024, la CFE registró pérdidas sin precedentes por 271,574 millones de pesos, un colapso del 118% respecto al año anterior que evidencia el fracaso de las políticas implementadas durante su administración. Esta debacle financiera se agrava con el disparo de la deuda a 460,700 millones de pesos en el primer semestre, comprometiendo gravemente la viabilidad futura de la empresa.

Las auditorías internas han destapado un patrón sistemático de irregularidades que apunta a una gestión marcada por la negligencia y la falta de controles. En la Central Termoeléctrica de Tuxpan se realizaron millonarios pagos por mantenimientos sin evidencia fotográfica ni supervisión técnica, mientras que en la Hidroeléctrica de Chiapas se detectó el no uso de bienes destinados al mantenimiento. El proyecto del cable submarino de Isla Mujeres presentó graves faltantes documentales en la adquisición de equipos, generando sospechas sobre el destino real de los recursos públicos.

El panorama se oscurece al considerar que la CFE mantiene pendientes de aclaración o recuperación 34,132 millones de pesos derivados de 116 auditorías internas. Esta cifra astronómica refleja la magnitud del descontrol administrativo durante la gestión Bartlett, donde 29,684 millones requieren explicaciones inmediatas y 1,551 millones están en proceso de recuperación tras detectarse su uso irregular.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado irregularidades adicionales que comprometen aún más la credibilidad de la administración actual. Los auditores federales identificaron un desvío de 805.8 millones de pesos entre 2018 y 2019, concentrado principalmente en compras de carbón sin justificación técnica y movimientos financieros opacos. Además, se detectaron pagos indebidos en obras de Nuevo León con retrasos significativos en su ejecución, evidenciando problemas estructurales en la supervisión de proyectos.

Las investigaciones periodísticas han revelado indicios de un patrimonio no declarado que incluiría 25 propiedades valuadas en más de 800 millones de pesos, así como vínculos empresariales familiares que sugieren potenciales conflictos de interés. Aunque la Secretaría de la Función Pública exoneró a Bartlett alegando falta de evidencia, esta decisión ha generado controversia entre analistas que cuestionan la rigurosidad del proceso investigativo y la efectividad de los mecanismos anticorrupción.

La crisis de la CFE bajo el liderazgo de Bartlett representa un caso emblemático de los riesgos que enfrenta la administración pública cuando los controles institucionales fallan. Las pérdidas históricas, el crecimiento desmedido de la deuda y los múltiples señalamientos de irregularidades configuran un escenario que demanda respuestas inmediatas y reformas estructurales para garantizar el manejo transparente de los recursos públicos y la viabilidad de una empresa estratégica para el desarrollo nacional.

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Ciudad de México, 07/ 08/ 25– El tablero geopolítico se ha sacudido tras la confirmación de un esperado y polémico encuentro: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en los próximos días. Esta cumbre, la primera de este tipo desde el primer mandato de Trump, llega en un momento crítico para la guerra en Ucrania y podría ser el catalizador de un cambio drástico en el conflicto.

La reunión, que según fuentes cercanas podría tener lugar en los Emiratos Árabes Unidos la próxima semana, se ha gestado en medio de la intensa campaña de diplomacia que ha desplegado la Casa Blanca. Un enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ya ha estado en Moscú para sentar las bases de la reunión, lo que subraya la seriedad de las intenciones de Washington.

¿Un mediador en busca de la paz? Desde su reelección, Donald Trump ha reiterado su compromiso de buscar una solución rápida y negociada al conflicto ucraniano. Su estrategia, a diferencia de la de sus predecesores, se enfoca en un diálogo directo con Putin. Las presiones no solo han sido diplomáticas, sino también económicas, con la Casa Blanca aplicando nuevas sanciones y aranceles a países que han mantenido relaciones comerciales con Rusia.

El Kremlin, por su parte, ha confirmado la reunión, aunque ha guardado silencio sobre la propuesta inicial de Trump de una cumbre trilateral que incluyera a Volodímir Zelenski. La postura de Putin sigue siendo inflexible en sus demandas sobre los territorios anexados, lo que plantea serios interrogantes sobre las bases de una posible negociación.

Ucrania en la cuerda floja. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, observa la situación con una mezcla de cautela y determinación. Aunque ha afirmado que Ucrania "no teme las reuniones", el futuro del apoyo occidental, crucial para su defensa, pende de un hilo. La cumbre Trump-Putin podría ser una espada de Damocles para Kiev, especialmente si el acuerdo implica concesiones territoriales que Ucrania ha jurado no ceder.

Europa, dividida y expectante. La noticia ha provocado un torbellino de reacciones en Europa. Si bien la Unión Europea y la OTAN han mantenido un frente unido en su apoyo a Ucrania, la presión de Trump para una solución rápida podría fracturar esa cohesión. Países como Hungría, que ya han abogado por un enfoque más negociador, podrían ver en esta cumbre una oportunidad para cambiar de rumbo.

Un nuevo capítulo en la guerra. La cumbre Putin-Trump representa un punto de inflexión. Si bien el objetivo oficial es la búsqueda de la paz, las implicaciones son mucho más amplias. El encuentro podría no solo poner fin a la guerra, sino también redibujar el mapa geopolítico de Europa y Asia, y redefinir el papel de Estados Unidos en la política exterior. Lo que suceda en esa cumbre determinará si la guerra de Ucrania entra en su fase final, o si la paz será el preludio de un nuevo orden mundial.

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Por Valentín Varillas

El diputado Julio Huerta negó públicamente que supiera de las ligas de Uruviel González Vieyra con la delincuencia organizada, cuando este último fue detenido por la justicia.

Además, a quien fuera presidente municipal de Chalchicomula de Sesma lo hizo coordinador regional de su precampaña en busca de la candidatura de Morena al gobierno del estado.

Pero lo más grave es que, como subsecretario de gobernación y auténtico hombre fuerte de esa dependencia en el gobierno de Miguel Barbosa, Huerta no se enterara de la existencia de carpetas de investigación abiertas desde el 2022 por la Fiscalía General del Estado contra González Vieyra y sus hermanos Ramiro y Giovanni.

La instancia que procura justicia en el estado los relaciona con la estructura criminal de David González Pineda, el mayor distribuidor de droga en municipios como Chalchicomula de Sesma, San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca.

También tienen cuentas pendientes con la justicia por amenazas y peculado.

El supuesto desconocimiento de Huerta Gómez de esta realidad no es un tema menor.

Son asuntos que tienen que ver directamente con la gobernabilidad y la coordinación entre instituciones en un tema supuestamente prioritario como la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

Un subsecretario de gobernación que opere realmente como tal, debe saber de la existencia de evidencias legales que supongan que alcaldías de municipios poblanos han sido infiltradas por organizaciones criminales.

Es una obligación mínima, básica, inherente a su cargo.

El hoy diputado local no sólo no hizo nada para coadyuvar a la aplicación del estado de derecho, sino que “premió” a Uruviel integrándolo a la estructura de operación de su precampaña.

Por incompetencia o por complicidad; las dos igual de graves.
Julio Huerta gastó decenas de millones de pesos en su estrategia de posicionamiento para amarrar la candidatura del oficialismo al gobierno del estado.

Fue impresionante de verdad el dispendio en espectaculares, vallas publicitarias, displays, señalética y demás parafernalia para promocionar su imagen.

Nunca se había visto algo siquiera parecido en el proceso interno de un partido.

Ta vez ahí se encuentre la razón de todo esto.

El dinero, siempre el cochino dinero que las organizaciones delictivas usan para meterse de lleno en la vida democrática nacional a cambio de impunidad.

Esa que la tuvieron garantizada mientras Julio Huerta fue servidor público y que se acabó de manera fulminante a medida que perdió poder.

Pero él no lo sabía.

Es más, todavía ni se entera.

Nuestro Adán Augusto de por aquí cerquita resultó igual o peor que el original.

Pobre Puebla.

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 Sale a la luz una acusación que ha puesto al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en el ojo del huracán, la supuesta posesión de una cuenta con 2.4 millones de dólares en el PROVEN Bank Limited de las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal.

La denuncia, impulsada por el empresario Arturo Castagné Coutier, ha encendido un acalorado debate público sobre la transparencia y el posible lavado de dinero en la esfera política mexicana.

La acusación toma una gran magnitud debido a la reputación de las Islas Caimán como centro de evasión fiscal, lo que podría implicar a Blanco en la presentación de declaraciones patrimoniales falsas durante su periodo como gobernador (2018-2024).

La controversia estalló el 28 de mayo de 2024, cuando Castagné publicó en X (anteriormente Twitter) imágenes de un documento que supuestamente detallaba la cuenta bancaria a nombre de "Cuauhtémoc Blanco Bravo" con el millonario saldo.

Sin embargo, el presunto comprobante está plagado de anomalías: no presenta sellos bancarios, firmas verificables ni números de cuenta visibles, y su formato difiere notablemente de los reportes estándar de cuentas offshore, además, Castagné no ha revelado la fuente original de la información ni ha justificado legalmente la difusión de estos datos financieros privados.

En respuesta, Cuauhtémoc Blanco negó rotundamente poseer cuentas en el extranjero y acusó directamente a Castagné de fabricar pruebas con motivaciones políticas. "Es una mentira orquestada para dañar mi imagen antes de las elecciones de 2024", afirmó el exgobernador, quien anunció de inmediato que emprendería acciones legales por difamación y daño moral contra el empresario.

Este caso se suma a señalamientos previos de presuntos desvíos de recursos durante su gestión en Morelos, si bien ninguna de estas acusaciones ha resultado en sentencias en su contra.

La cobertura de los medios ha sido variada. Mientras que publicaciones locales como El Sol de Cuernavaca y Quadratín Morelos replicaron tanto la denuncia como el desmentido, no han presentado una verificación independiente de los documentos.

Cabe destacar que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha emitido ninguna declaración pública al respecto, asimismo la Fiscalía General de la República (FGR) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no hay tratado el tema.

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