En sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Congreso del Estado de Puebla, diputados aprobaron el alza a las tarifas que propuso el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), para la capital y la zona conurbada. Con 6 votos a favor y una abstención del legislador por el PAN, Rafael Micalco Méndez.
Aún con el reclamo de varios sectores de la población, dicha iniciativa fue avalada sin ningún debate previo abierto a la sociedad, pues el proyecto apenas fue presentado en la sesión ordinaria del Congreso el pasado jueves 7 de julio.
El aumento tarifario solicitado por Soapap no fue modificado, es decir, que habrá aumentos del 4 por ciento para los estratos domésticos 1, 2 y 3, mientras que para el uso comercial e industrial será del 7,6 por ciento, y cada tres meses el precio se ajustará conforme a la inflación.
Previo a la sesión de esta comisión los diputados locales realizaron dos mesas de trabajo de más de dos horas en donde se agregaron 10 artículos transitorios que establecen fechas para que los usuarios tengan beneficios para liquidar su deuda rezagada o para pagar multas.
Las modificaciones que se hicieron fueron que el Soapap y la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla Para Todos), deberán otorgar un 45 por ciento de descuento para la adquisición de medidores de uso doméstico, y será gratis para quienes estén al corriente en el pago del servicio.
Para el uso doméstico de los estratos 1, 2 y 3, habrá hasta el 10 de septiembre de 2022 descuentos hasta del 75 por ciento sobre sus adeudos históricos.
Los usuarios que se regularicen entre el 11 y el 20 de septiembre de 2022, el descuento se reducirá al 50 por ciento, y luego disminuirá al 25 para quienes liquiden su deuda del 20 al 30 de septiembre de 2022.
Quienes se regularicen hasta antes del 31 de octubre de 2022, tendrán una condonación total de multas, recargos y accesorios.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, aseguró que esta es la única alternativa para garantizar inversión y un mejor servicio. Incluso dijo que terminar con la concesión no garantiza un buen servicio y sí un costo muy alto para el Estado por la rescisión de la concesión, mientras que no aprobar el aumento tarifario también podría costar sanciones.
“Esta es la única y riesgosa solución, costará un poco más no aprobar los aumentos establecidos en el contrato, considero que se ha hecho lo posible”, puntualizó.
