Se aprobó por mayoría de votos en lo general, la Ley de Educación presentada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, la cual indica imponer multas que van de los 8 mil 688 a los 86 mil 880 pesos a las escuelas privadas por condicionar el servicio público de educación a la adquisición de uniformes, entre otros.

Con 32 votos a favor, 8 en contra -los cuales pertenecen a las bancadas del PRI y del PAN- y una abstención del diputado José Juan Espinoza, se aprobó la ley que presentó el ejecutivo a los integrantes del Congreso del Estado.

Por primera vez en la historia de Puebla el Congreso del Estado realizó una sesión ordinaria de manera virtual, misma que se dio tras reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para atender las medidas sanitarias ante la pandemia por el Covid -19.

Esta comenzó con una demora de casi 49 minutos, además de confusiones y reclamos de diputados por ser ignorados para intervenir, tan solo la primera hora de la sesión se fue entre problemas con los audios y miembros que apagaban y encendían las cámaras de sus dispositivos.

Además de esto, los diputados entraron en polémica cuando comenzó la discusión sobre la aprobación de la Ley de Educación presentada por el gobernador Miguel Barbosa, debate que les tomo más de 5 horas para llegar a la votación y su aprobación en el pleno.

El diputado Gabriel Biestro negó que el Congreso sea ahora la Oficialía de Partes del gobernador, afirmó que la Ley de Educación fue consensuada con el propio Consorcio Universitario y rechazó que sea retrógrada como lo afirmaban algunos de sus compañeros legisladores.

En lo general la Ley de Educación presentada por el gobernador Luis Miguel Barbosa dice lo siguiente:

Se propone imponer multas que van de los 8 mil 688 a los 86 mil 880 pesos a las escuelas privadas por condicionar el servicio público de educación a la adquisición de uniformes, material educativo y actividades extraescolares. Además de expulsar, segregar o negar la educación a personas con discapacidad, o que presenten problemas de aprendizaje.

Asimismo, sanciones económicas de los 86 mil 880 a los 608 mil 160 pesos para las escuelas privadas que retengan documentos personales o académicos por falta de pago.

Mientras para las escuelas que impartan educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás, para la formación de docentes para la educación básica y no cuente con la autorización correspondiente, se procederá con la clausura del plantel.

Finalmente, la iniciativa plantea prohibir la distribución y comercialización de alimentos chatarra y bebidas energizantes dentro y en las inmediaciones de todos los planteles educativos, sean públicos o privados.