Aurelia Navarro Niño
La investigación en contra de la exdirigente estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, se mantiene abierta en la Fiscalía General del Estado (FGE), en un contexto que ya genera repercusiones políticas al interior del partido rumbo a los próximos procesos electorales.
De acuerdo a la investigación, el principal señalamiento radica en la presunta desaparición de aproximadamente 60 equipos de cómputo, entre laptops y otros dispositivos, los cuales no fueron localizados durante el proceso de entrega–recepción, lo que encendió alertas sobre el manejo de los bienes institucionales.
Ante esta situación, se promovió una denuncia formal que derivó en la apertura de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ARCOALTEPEXI-II/004740/2025, bajo el posible delito de abuso de confianza.
El caso quedó en manos de la autoridad ministerial, que ahora deberá esclarecer el destino del equipo y determinar si existen responsabilidades durante la gestión de la exlíder estatal.
Más allá del ámbito legal, el caso ha comenzado a tener implicaciones políticas dentro del PAN en Puebla, donde distintos grupos internos han puesto sobre la mesa la necesidad de transparentar el uso de recursos y rendir cuentas sobre administraciones pasadas, en medio de un escenario de reconfiguración rumbo a 2027.
Además de la presunta desaparición del equipo tecnológico, también han surgido observaciones relacionadas con el uso de recursos, adquisiciones y gastos realizados durante la dirigencia de Díaz de Rivera. Aunque estos señalamientos aún se encuentran en proceso de revisión, forman parte del mismo expediente que analiza la Fiscalía.
