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La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja pidieron crear reglas urgentes para limitar las armas autónomas ante el riesgo de que máquinas decidan atacar a humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) renovaron su llamado a los Estados para establecer normas internacionales que regulen las armas nucleares autónomas, ante el rápido avance de la tecnología militar.

“Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor. Las preocupaciones fundamentales no han cambiado, pero los riesgos se han intensificado. Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos”

António Guterres y Mirjana Spoljaric

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, advirtieron que el desarrollo de estos sistemas está reduciendo el control humano sobre el uso de la fuerza y podría llevar a un escenario hasta ahora considerado impensable.

ONU advierte por el peligro de las armas nucleares autónomas

“Estamos ahora peligrosamente cerca de cruzar un límite moral: que las máquinas ataquen a humanos de forma autónoma”, señaló la ONU en su cuenta oficial de X, al retomar las declaraciones de Guterres y Spoljaric.

Ambos organismos consideran necesario que los países adopten un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones claras para los sistemas de armas autónomos. La preocupación aumenta debido a que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que las normas internacionales.

“Los Estados deben mostrar valentía política y pasar de las discusiones graduales a una acción decisiva”.

António Guterres y Mirjana Spoljaric

La ONU y el CICR también destacaron que científicos e ingenieros involucrados en el desarrollo de estas tecnologías han expresado preocupación por sus posibles consecuencias de las armas nucleares autónomas.

Entre los principales riesgos se encuentra que una máquina pueda seleccionar y atacar un objetivo sin una decisión humana directa.

“Una falta de acción rápida y decisiva costará vidas. Dejará a las generaciones futuras un mundo en el que la ausencia de prohibiciones y restricciones claras y específicas sobre estas armas abre la puerta a prácticas que erosionarían las protecciones que el derecho internacional humanitario debe garantizar”.

António Guterres y Mirjana Spoljaric

Los organismos internacionales sostienen que las decisiones relacionadas con quitar la vida deben permanecer bajo control humano, Por ello, consideran que las negociaciones entre Estados deben avanzar con urgencia para establecer límites antes de que estas capacidades militares se generalicen.

“La innovación debe servir a la humanidad, no ponerla en peligro”, enfatizó la ONU al difundir el llamado, que busca convertir 2026 en un punto de inflexión para la regulación de las armas nucleares autónomas capaces de atacar humanos.

“Las generaciones futuras preguntarán si los líderes actuaron cuando todavía existía la posibilidad de establecer límites antes de que estas armas proliferaran fuera de control”.

António Guterres y Mirjana Spoljaric

El problema tiene que ver con la ampliación de las sanciones a Cuba que decretó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Gabriela García Guzmán

Alan Kin Sorcia Rodríguez, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la BUAP, representó a Puebla en el ECOSOC Youth Forum 2026, realizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

El universitario fue el único poblano presente en este encuentro internacional que reunió a jóvenes líderes, representantes gubernamentales, políticos y miembros del sector privado para dialogar e intercambiar propuestas enfocadas en el desarrollo sostenible y la participación juvenil.

Como panelista en el foro de América Latina, Alan Kin compartió experiencias y acciones impulsadas a través del voluntariado deportivo, social y comunitario, destacando la importancia de generar impacto positivo desde las juventudes.

El estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuenta con una trayectoria destacada en espacios internacionales. En 2021 participó en el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico y, en 2023, fue nombrado primer Embajador Juvenil de la Agenda 2030 en Puebla por parte del Gobierno de México, el Instituto Mexicano de la Juventud y ONU México.

Asimismo, en 2024 formó parte del “Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, organizado por la CEPAL de Naciones Unidas en Santiago de Chile.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señala que México continúa trabajando de la mano con todos los organismos internacionales

Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo

La reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que busca elevar la situación de México ante la Asamblea General bajo la premisa de "crímenes de lesa humanidad", representa una extralimitación de funciones que atenta contra la soberanía nacional.

Al utilizar un lenguaje tendencioso y carente de rigor jurídico, el organismo internacional ignora deliberadamente el carácter soberano de las instituciones mexicanas.

Esta maniobra parece ignorar que el Estado mexicano mantiene una política de puertas abiertas y transparencia, transformando este reclamo técnico en una herramienta de presión política que no corresponde a la realidad actual del país.

Desde el Gobierno Federal se emite un rechazo contundente a este informe, calificándolo de parcial y metodológicamente deficiente. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el diagnóstico del CED utiliza una definición "indebidamente ampliada" del concepto de desaparición forzada para criminalizar al Estado de forma sistemática.

Resulta contradictorio que el Comité pretenda juzgar el presente utilizando mayoritariamente datos del periodo 2007-2017, etapa marcada por la fallida "guerra contra el narcotráfico" de administraciones pasadas, obviando los cambios estructurales y la voluntad política que hoy impera para sanar esta herida social.

Es fundamental precisar que el fenómeno de las desapariciones en México es, en su inmensa mayoría, una consecuencia de la violencia generada por grupos del crimen organizado y no una directriz dictada desde el poder público. El Gobierno de México ha sido enfático: no se toleran, no se permiten ni se ordenan desapariciones desde ninguna esfera estatal.

Atribuir "colusión o tolerancia" de manera generalizada sin pruebas fehacientes en cada caso particular es una ligereza jurídica que busca equiparar la falta de capacidad operativa heredada en algunas regiones con una intención deliberada de daño por parte del Estado.
En contraste con la narrativa de la ONU, la actual administración fortalece mecanismos institucionales sin precedentes para atender a las víctimas.

Se dio un impulso histórico a la Comisión Nacional de Búsqueda y se implementó el Plan Nacional de Búsqueda Generalizada, priorizando la identificación humana y el apoyo a las familias. Estos avances, fruto de un esfuerzo institucional genuino, son ignorados en el dictamen internacional, el cual prefiere enfocarse en casos aislados para construir una narrativa de fracaso sistémico que no hace justicia a las miles de localizaciones y al trabajo diario de las autoridades competentes.

El riesgo de que este asunto llegue a la Asamblea General de la ONU radica en la politización de una tragedia humana que requiere soluciones técnicas y colaboración, no condenas mediáticas. México reitera su disposición a la cooperación internacional, pero siempre bajo un marco de respeto mutuo y sin aceptar diagnósticos preconcebidos que vulneren la dignidad del Estado.

La soberanía no es negociable, y menos cuando se intenta utilizar a los organismos multilaterales para imponer visiones sesgadas que no consideran la complejidad del contexto de seguridad que el país está revirtiendo con una estrategia de atención a las causas.

@_Melchisedech

jornada.com

El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, al calificarlo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”.

Subrayó que esa instancia omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.

Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.

“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, refutó la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.

La administración mexicana expresó su postura en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en el que se objeta el documento difundido ayer por el CDF por “no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025”.

Transformación estructural

Destacó que el marco utilizado por el comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.

Señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 –correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico– y se circunscribe a cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco).

“La decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales (en la materia) presentados el 27 de marzo –durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum–, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.

En la posición del gobierno mexicano se sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.

Consideró que existe una “ligereza” en las premisas presentadas por el comité, la cual se agrava por conflictos de intereses que, acusó, tendrían algunos de sus integrantes. “Existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

Las dependencias remarcaron que el gobierno mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, a la par que recordaron que durante la administración federal actual se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

Puntualizaron que las modificaciones a la ley en la materia incluyen herramientas y obligaciones para la autoridad, las cuales “no consideró debidamente” el comité de la ONU en su resolución.

Gobernación y Relaciones Exteriores enlistaron algunas de esas consideraciones: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, la obligación de crear fiscalías especializadas estatales, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Agregaron que la ley establece la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación; la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

La administración de Sheinbaum apuntó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha reconocido que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, valorado así por diversas agencias”.

Expresó que, si bien México está dispuesto a recibir cooperación técnica externa, esto no se puede aceptar a partir de premisas que no reflejan la actual realidad.

“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluyó el gobierno mexicano en su respuesta al CDF.

Al dar a conocer las conclusiones de su informe, el comité enfatizó que “existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país”.

Por esa situación, solicitó que el secretario general de la ONU remita la situación a la Asamblea General, para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.

No obstante, precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada– en el sentido del Estatuto de Roma, aunque subrayó que ni éste ni la convención internacional en la materia exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país o que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren como ese tipo de crímenes.

Sostuvo que también tomó nota de que la llamada guerra contra las drogas –declarada por Calderón– ha contribuido a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local, y de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como forzadas conforme al artículo 2 de la convención.

El CDF destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

Subrayó que, a la luz del artículo 5 de la convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma –del que México es parte–, las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles”.

Puntualizó que el procedimiento para llevar el asunto a la Asamblea General, que se basa en el artículo 34 de la convención, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, “mas no de establecer la responsabilidad penal individual”.

El comité argumentó que conformó su resolución a partir de la información que ha recibido de la sociedad civil, de la respuesta del Estado en septiembre de 2025 y de solicitudes de acción urgente, así como de los elementos que sus miembros recopilaron desde 2012, por medio de exámenes periódicos y su visita al país en 2021.

Esa instancia advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.

ONG respaldan a Naciones Unidas

Las instituciones del sistema universitario jesuita respaldaron la determinación del comité y llamaron al Estado mexicano a colaborar en este mecanismo, así como al diálogo con las instancias internacionales.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de “histórica” la decisión del comité de la ONU, luego de que éste solicitó a Guterres remitir “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país.

Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron de tendencioso el informe por no considerar las actualizaciones presentadas por el Gobierno de México

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