Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo

La reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que busca elevar la situación de México ante la Asamblea General bajo la premisa de "crímenes de lesa humanidad", representa una extralimitación de funciones que atenta contra la soberanía nacional.

Al utilizar un lenguaje tendencioso y carente de rigor jurídico, el organismo internacional ignora deliberadamente el carácter soberano de las instituciones mexicanas.

Esta maniobra parece ignorar que el Estado mexicano mantiene una política de puertas abiertas y transparencia, transformando este reclamo técnico en una herramienta de presión política que no corresponde a la realidad actual del país.

Desde el Gobierno Federal se emite un rechazo contundente a este informe, calificándolo de parcial y metodológicamente deficiente. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el diagnóstico del CED utiliza una definición "indebidamente ampliada" del concepto de desaparición forzada para criminalizar al Estado de forma sistemática.

Resulta contradictorio que el Comité pretenda juzgar el presente utilizando mayoritariamente datos del periodo 2007-2017, etapa marcada por la fallida "guerra contra el narcotráfico" de administraciones pasadas, obviando los cambios estructurales y la voluntad política que hoy impera para sanar esta herida social.

Es fundamental precisar que el fenómeno de las desapariciones en México es, en su inmensa mayoría, una consecuencia de la violencia generada por grupos del crimen organizado y no una directriz dictada desde el poder público. El Gobierno de México ha sido enfático: no se toleran, no se permiten ni se ordenan desapariciones desde ninguna esfera estatal.

Atribuir "colusión o tolerancia" de manera generalizada sin pruebas fehacientes en cada caso particular es una ligereza jurídica que busca equiparar la falta de capacidad operativa heredada en algunas regiones con una intención deliberada de daño por parte del Estado.
En contraste con la narrativa de la ONU, la actual administración fortalece mecanismos institucionales sin precedentes para atender a las víctimas.

Se dio un impulso histórico a la Comisión Nacional de Búsqueda y se implementó el Plan Nacional de Búsqueda Generalizada, priorizando la identificación humana y el apoyo a las familias. Estos avances, fruto de un esfuerzo institucional genuino, son ignorados en el dictamen internacional, el cual prefiere enfocarse en casos aislados para construir una narrativa de fracaso sistémico que no hace justicia a las miles de localizaciones y al trabajo diario de las autoridades competentes.

El riesgo de que este asunto llegue a la Asamblea General de la ONU radica en la politización de una tragedia humana que requiere soluciones técnicas y colaboración, no condenas mediáticas. México reitera su disposición a la cooperación internacional, pero siempre bajo un marco de respeto mutuo y sin aceptar diagnósticos preconcebidos que vulneren la dignidad del Estado.

La soberanía no es negociable, y menos cuando se intenta utilizar a los organismos multilaterales para imponer visiones sesgadas que no consideran la complejidad del contexto de seguridad que el país está revirtiendo con una estrategia de atención a las causas.

@_Melchisedech