Sin privilegios para nadie, todo funcionario perdería su fuero, incluido el gobernador, informó la diputada Vianey García Romero, quien propuso una reforma constitucional para eliminar el fuero. Consideró algunas reformas a la Constitución Política de Puebla, entre las que destacan, que ahora se podría acusar al mandatario estatal en turno por algún delito oficial.

Para procesar por un delito del orden común a un legislador, al ejecutivo, al auditor superior, a un magistrado o a un consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ya no será necesario que el Congreso elija un Gran Jurado o una comisión especial, votado por los dos tercios de los sufragios de sus miembros presentes, ya serán los encargados de emitir una sentencia.

Las sanciones a las que podrían ser acreedores los funcionarios al ser acusados es la separación de su cargo y sujeto a la acción de los Tribunales Ordinarios, sin esperar que salga del poder.

Se modificó el artículo 57, establece que el Poder Legislativo ya no tiene la facultad de formar un jurado, por lo que el proceso para amonestar a un funcionario se establecerá de acuerdo con el Código Penal del Estado y dicha demanda se podrá realizar ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el proceso, el funcionario podrá solicitar licencia hasta que se dicte una sentencia en su contra, pero en el supuesto de que se haya acordado de que debe abandonar su cargo, el sustituto tomará su lugar.