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Gabriela García Guzmán

Alrededor de 10 funcionarios del Gobierno de Puebla se habrían separado de sus cargos para explorar su participación en el proceso electoral de 2027, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

El funcionario explicó que las renuncias han sido presentadas ante los titulares de las distintas dependencias, de acuerdo con el nivel y área de responsabilidad, y actualmente se encuentran en proceso de revisión.

Aunque todavía no se han dado a conocer los nombres ni los cargos de quienes dejaron la administración estatal, García Parra adelantó que será el próximo lunes cuando el Gobierno de Puebla informe quiénes se separaron y quiénes asumirán sus funciones.

Ante la salida de funcionarios que podrían buscar una candidatura, García Parra aseguró que se giraron instrucciones para evitar que las dependencias queden acéfalas o que los programas y proyectos se detengan.

Por ello, explicó, en las áreas donde ya se registraron separaciones se designaron encargados de despacho que conocen los programas y proyectos en curso.

La intención, dijo, es mantener la operación de la administración estatal mientras se determina quién quedará de manera definitiva al frente de cada área.

“Lo más importante es que el trabajo continúe”, sostuvo el coordinador de Gabinete.

García Parra estimó que serían alrededor de 10 personas las que se han separado del Gobierno estatal, aunque aclaró que todavía se están procesando las renuncias y que existen funcionarios de distintos niveles.

Será hasta el lunes cuando se dé a conocer la relación de quienes dejaron sus cargos y quiénes quedarán como responsables de las áreas.

El anuncio se dará además en un momento en que comienzan a definirse las reglas para quienes pretendan participar en la elección de 2027, proceso en el que se renovarán distintos cargos de elección popular en Puebla.

A esto se suma que este día se emitirá la convocatoria relacionada con las presidencias municipales, por lo que las próximas semanas serán clave para conocer qué funcionarios buscarán dejar el gobierno estatal para competir por un cargo.

Por ahora, el gobierno mantiene bajo reserva los nombres, mientras termina de procesar las separaciones y define los relevos.

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Gabriela García Guzmán

El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, dio a conocer que el Gobierno de Puebla promoverá acciones legales por la vía penal contra empresarios y exservidores públicos que habrían participado en un presunto esquema de fraude derivado de contratos que nunca fueron finiquitados y que hoy representan un fuerte impacto para las finanzas estatales.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que al inicio de la presente administración se identificó un número superior a cien litigios relacionados con contratos heredados de gobiernos anteriores, algunos de ellos con hasta dos décadas de antigüedad. Detalló que, aunque los montos y condiciones de estos acuerdos son variables, en conjunto podrían implicar un daño económico de miles de millones de pesos al erario.

García Parra señaló que tras un análisis exhaustivo para proteger el patrimonio público, se detectó que dichas demandas derivan de contratos que no fueron liquidados en su momento, lo que permitió a diversas empresas iniciar procesos legales con reclamaciones elevadas.

Indicó que, del total de los juicios, al menos diez son considerados de alto impacto, ya que representan aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos. Añadió que tres de estos casos concentran cerca de mil 100 millones de pesos, por lo que actualmente se revisan para explorar mecanismos de conciliación, principalmente en lo referente a intereses, con el objetivo de evitar un daño mayor a las finanzas del estado.

El coordinador del Gabinete Estatal afirmó que, además de la estrategia legal, se logró identificar un patrón de actuación en el que participaron empresas y exfuncionarios, quienes habrían avalado conceptos irregulares como obras complementarias inexistentes, trabajos fuera de catálogo y servicios que nunca se ejecutaron, pero que fueron incluidos en las demandas para inflar los montos reclamados.

Aunque reconoció que algunas posibles responsabilidades ya habrían prescrito debido al tiempo transcurrido, aseguró que se están integrando carpetas de investigación para proceder penalmente contra socios de empresas presuntamente relacionadas entre sí, por posibles delitos de delincuencia organizada y prácticas reiteradas de fraude en contra del Estado.

Finalmente, García Parra subrayó que estos asuntos son prioritarios para la actual administración y reiteró el compromiso del gobierno estatal de defender los recursos públicos, transparentar los procesos y buscar la reparación del daño en beneficio de las poblanas y los poblanos.

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