Gabriela García Guzmán

El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, dio a conocer que el Gobierno de Puebla promoverá acciones legales por la vía penal contra empresarios y exservidores públicos que habrían participado en un presunto esquema de fraude derivado de contratos que nunca fueron finiquitados y que hoy representan un fuerte impacto para las finanzas estatales.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que al inicio de la presente administración se identificó un número superior a cien litigios relacionados con contratos heredados de gobiernos anteriores, algunos de ellos con hasta dos décadas de antigüedad. Detalló que, aunque los montos y condiciones de estos acuerdos son variables, en conjunto podrían implicar un daño económico de miles de millones de pesos al erario.

García Parra señaló que tras un análisis exhaustivo para proteger el patrimonio público, se detectó que dichas demandas derivan de contratos que no fueron liquidados en su momento, lo que permitió a diversas empresas iniciar procesos legales con reclamaciones elevadas.

Indicó que, del total de los juicios, al menos diez son considerados de alto impacto, ya que representan aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos. Añadió que tres de estos casos concentran cerca de mil 100 millones de pesos, por lo que actualmente se revisan para explorar mecanismos de conciliación, principalmente en lo referente a intereses, con el objetivo de evitar un daño mayor a las finanzas del estado.

El coordinador del Gabinete Estatal afirmó que, además de la estrategia legal, se logró identificar un patrón de actuación en el que participaron empresas y exfuncionarios, quienes habrían avalado conceptos irregulares como obras complementarias inexistentes, trabajos fuera de catálogo y servicios que nunca se ejecutaron, pero que fueron incluidos en las demandas para inflar los montos reclamados.

Aunque reconoció que algunas posibles responsabilidades ya habrían prescrito debido al tiempo transcurrido, aseguró que se están integrando carpetas de investigación para proceder penalmente contra socios de empresas presuntamente relacionadas entre sí, por posibles delitos de delincuencia organizada y prácticas reiteradas de fraude en contra del Estado.

Finalmente, García Parra subrayó que estos asuntos son prioritarios para la actual administración y reiteró el compromiso del gobierno estatal de defender los recursos públicos, transparentar los procesos y buscar la reparación del daño en beneficio de las poblanas y los poblanos.