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Debate

Tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla fue designada como gobernadora interina, en un contexto político marcado por controversias y reacciones en redes sociales.

El nombramiento ha reactivado la difusión de un episodio ocurrido previamente entre ambos actores políticos, el cual ha generado debate sobre el trato y discurso dentro de la vida pública.


Reviven momento polémico en evento público

En abril de 2025, durante un evento público en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya se refirió al pasado laboral de Yeraldine Bonilla, quien fungía como presidenta del Congreso local.

Rocha Moya la llamó 'meserita de una lonchería de Dimas', haciendo alusión a sus orígenes en el municipio de San Ignacio.

“Yeraldine Bonilla Velarde, diputada, ella es la presidenta de la Cámara. Espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine?, ya es la segunda vez que era diputada. Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas”, dijo Rocha Moya, situación que incomodó a Yeraldine en su momento.

Reacciones por declaraciones de Rocha Moya

En el material difundido, Rocha Moya señaló que Bonilla había obtenido su cargo legislativo gracias a las 'tómbolas' de Morena, un método de insaculación utilizado por el partido para asignar candidaturas plurinominales.

“Nada más que lo tocó una de las tómbolas de Morena, y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad, y cuando menos pensé, traía unos de esos carrones, ¿cómo le llaman?....andaba muy metida en el tema de seguridad”, explicó.

Además, mencionó su ascenso dentro de la política y sugirió la intervención de terceros en su trayectoria, lo que intensificó la polémica en el ámbito digital.

“Cualquier mujer, cualquier haciendo lo que esté haciendo puede tener la oportunidad en la democracia de llegar. Entonces, ¿quién fue el padrino de ella?, su papá, no sé a quién agarró de padrino para que la bautizara, ese ya es problema de él, no para la cosa política alguien la hizo”, añadió.

Detalles sobre la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya tras las acusaciones y solicitud de extradición por parte de Estados Unidos

El 1 de mayo de 2026, Rubén Rocha Moya presentó una solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado de Sinaloa para separarse de su cargo como gobernador.

Esta decisión se produjo días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera pública una acusación formal en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos de tráfico de drogas y armas.

Junto con la acusación, el gobierno estadounidense emitió una solicitud de detención con fines de extradición que involucra a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, incluyendo al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Ante esta situación, Rocha Moya declaró que su separación del cargo tiene como objetivo facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y evitar que el proceso afecte a su movimiento político, afirmando tener la conciencia tranquila.

Por su parte, la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han señalado inicialmente que el gobierno de Estados Unidos no acompañó la solicitud con pruebas suficientes para sustentar la captura, por lo que solicitarán mayor evidencia antes de proceder con cualquier orden de aprehensión o proceso de extradición.

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Estados Unidos va por bienes de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa tras acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico

Estados Unidos endureció su ofensiva contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios al buscar directamente sus fortunas y propiedades.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados deberán entregar cualquier bien obtenido de ganancias ilícitas relacionadas con la presunta protección a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Van por cuentas, propiedades y activos ligados al narco

La estrategia legal de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y funcionaros de Sinaloa supuestamente ligados al narcotráfico, no solo contempla penas de prisión, sino también el decomiso total de activos:

Cuentas bancarias

Inmuebles

Recursos transferidos a terceros

Incluso, autoridades estadounidenses advirtieron que, si no se localizan bienes directos, procederán contra activos sustitutos o vinculados indirectamente a las operaciones ilícitas ligadas al narcotráfico de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Este movimiento forma parte de una acusación de Estados Unidos más amplia contra al menos nueve funcionarios de Sinaloa:


Enrique Inzunza Cázarez: senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa

Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas

Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Juan Valenzuela Millán: excomandante de la Policía Municipal de Culiacán

Marco Antonio Almanza Aviles: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Nunez: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa

Jose Antonio Dionisio Hipolito: exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan De Dios Gámez Mendívil: presidente municipal de Culiacán

Ellos han sido señalados por Estados Unidos por presuntamente colaborar con el narcotráfico a cambio de beneficios políticos y sobornos.

El caso de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa ha escalado a nivel internacional, ya que también incluye solicitudes de extradición y ha tensado la relación entre México y Estados Unidos.

Lo cual ha marcado un precedente en la persecución no solo penal, sino financiera de funcionarios ligados al crimen organizado.

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La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos el contra del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa incluye a Gerardo Mérida Sánchez, excomandante de la XXV Zona Militar en el estado de Puebla.

El general de Brigada Diplomado del Estado Mayor arribó a Puebla el 16 de junio de 2021 cuando rindió protesta como comandante de la XXV Zona Militar, cargo en el que estuvo hasta el 4 de septiembre de 2023 cuando fue designado como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Su paso por el estado bastión del Cártel de Sinaloa no fue nada sencillo debido a la guerra que desató la captura de Ismael Zambada, alias “El Mayo”, por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y que se atribuyó a la fracción de Los Chapitos y presuntamente al gobernador Rubén Rocha Moya.

Tras 105 días de guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, el 20 de diciembre de 2024 Gerardo Mérida presentó su renuncia al cargo.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de EU anunció que Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa fueron acusados por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas.

En la acusación, Gerardo Mérida es señalado por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, por lo que podrían enfrentar penas que van de los 40 años de prisión a la cadena perpetua.

Originario de Poza Rica, Veracruz, el militar cuenta con una vasta experiencia en cuanto a servicios de inteligencia y también se ha desempeñado comandante en las zonas 21 y 44 de Tamaulipas y Miahuatlán, Oaxaca, además de encabezar el mando especial “Mante” creado exprofeso en el primer lugar para enfrentar a la delincuencia organizada.

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Rosa Icela Rodríguez evita prensa tras acusaciones contra Rocha Moya; Estados Unidos pide extradición, México cuestiona pruebas.

Rosa Icela Rodríguez evitó responder a la prensa en su llegada a Palacio Nacional tras las acusaciones formales por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en Estados Unidos.

Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque la SRE señaló que no existen pruebas suficientes en los documentos enviados.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa rechazó categóricamente los señalamientos y denunció una violación a la soberanía mexicana por parte del gobierno de Estados Unidos.


Estados Unidos pide la extradición de Rocha Moya tras acusaciones

El miércoles 29 de abril de 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo pública la respuesta a la solicitud de Estados Unidos, en la que piden la detención de Rubén Rocha Moya y 9 de sus funcionarios con fines de extradición.

Sin embargo, la SRE puntualizó que no hay elementos de prueba que sustenten la relación de Rubén Rocha y sus funcionarios con Los Chapitos, grupo del Cártel de Sinaloa.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la solicitud de Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya y los nueve funcionarios de Sinaloa están siendo acusados de cargos como:

Conspiración para la importación de narcóticos como el fentanilo.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer estas armas

Dichos delitos tienen una pena mínima de 40 años de prisión, siendo que de proceder a juicio la fiscalía podría solicitar cadena perpetua.

Por su parte, Rubén Rocha Moya se pronunció vía X en torno a las acusaciones.

El gobernador rechazó categóricamente los señalamientos, a la par de denunciar una violación a la soberanía mexicana por parte de los Estados Unidos.

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El exgobernador sinaloense consideró en 'Aristegui en Vivo' como una 'irresponsabilidad' que el presidente López Obrador y los gobernadores morenistas salieran en defensa de Rocha ante los señalamientos de la carta cuya autoría se atribuye a Ismael 'El Mayo' Zambada.

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