Este martes el presidente del Parlamento regional de Cataluña, el separatista Roger Torrent acusó al Estado español del presunto espionaje sufrido en 2019 por su teléfono móvil, una acusación que el ejecutivo de Pedro Sánchez rechazó de plano.
Torrent compareció este martes para comentar una información aparecida en los diarios El País y The Guardian. Los rotativos señalan que el teléfono del dirigente catalán fue espiado mediante un programa informático de fabricación israelí, Pegasus, que aprovechó un fallo de seguridad de Whatsapp.
Torrent fue una de las más de 100 personalidades espiadas entre abril y mayo de 2019, sobre un total de mil 400 terminales infectados por Pegasus, añaden ambos diarios, que se basan en las investigaciones de Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto.
El programa sólo puede ser comprado por gobiernos y fuerzas de seguridad, según estos diarios, y permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono.
El dirigente independentista aprovechó para atacar al poder central, afirmando que con esto “se acredita de forma concluyente” que “en el Estado español se practica el espionaje político contra adversarios políticos”.
“La existencia de estas prácticas evidencia la existencia de una causa general contra el independentismo” en el Estado español, añadió Torrent, que pidió “investigar los hechos y depurar todas las responsabilidades”.
Según el dirigente separatista, si el gobierno español tuvo conocimiento de este espionaje, “habría sido cómplice de un delito”. En el caso contrario, “sería un síntoma muy preocupante de negligencia política”.
Una fuente de la presidencia del ejecutivo español desmintió claramente las acusaciones, afirmando a AFP que “el gobierno no tiene constancia” de que Torrent, así como un activista y una ex diputada regional catalana, Anna Gabriel, “hayan sido objeto de un hackeo de sus móviles”.
La fuente enfatizó que “en España cualquier intervención de un móvil se efectúa siempre con arreglo a la ley”, es decir, con autorización judicial.
Desde hace una década, Cataluña ha sido foco de una pugna entre el separatismo, que controla el actual gobierno y el Parlamento regional, y el ejecutivo central español.
El pulso tuvo sus puntos culminantes en el referendo ilegal de autodeterminación de 2017 y la condena a penas de prisión de nueve dirigentes separatistas el pasado octubre, lo que dio lugar a manifestaciones multitudinarias de repulsa en Cataluña, algunas de ellas violentas.
