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Sheinbaum sobre Rocha Moya: 'No hay condiciones' para detenerlo
aristeguinoticias
Sheinbaum explicó que existen diferencias entre los sistemas penales de ambos países y puso como ejemplo el valor que se concede a los testimonios.
La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que no existen “condiciones” para detener al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, porque Washington no ha aportado las pruebas adicionales solicitadas por las autoridades mexicanas.
“Hasta ahora no (han dado pruebas). Entonces no hay condiciones”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre si Estados Unidos había entregado nuevos elementos para sustentar la petición contra Rocha Moya, acusado junto a una decena de funcionarios, de proteger operaciones del Cartel de Sinaloa y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Sheinbaum explicó que Washington sostiene que, al tratarse de una solicitud de “detención urgente con fines de extradición”, no tendría por qué presentar pruebas adicionales.
“Eso es lo que hasta ahora han contestado. Todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora no”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.
Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, pero las autoridades mexicanas consideraron insuficientes los elementos remitidos para llevar el caso ante un juez.
La presidenta defendió que la exigencia responde tanto al sistema jurídico mexicano como a un principio de reciprocidad con Estados Unidos.
Ellos también nos piden pruebas, o sea, es una relación recíproca. Primero es nuestra Constitución y nuestras leyes
Sheinbaum explicó que existen diferencias entre los sistemas penales de ambos países y puso como ejemplo el valor que se concede a los testimonios.
“En Estados Unidos los testimonios se toman como pruebas per se. En México, no. En México se requieren otro tipo de pruebas para declarar a alguien culpable o presunto culpable de un delito, para abrirle una carpeta de investigación”, afirmó.
Por ello, insistió, “lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente es lo mismo en México” y las solicitudes estadounidenses deben tener sustento en el sistema penal acusatorio mexicano.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, respaldó la postura y aseguró que Washington también ha pedido elementos adicionales ante solicitudes similares de México.
En absolutamente todos los casos nos han contestado que hay que incorporar nueva evidencia o, en su caso, rechazan esa solicitud y nos piden que se solicite formalmente la extradición
Alcalde explicó que, tras analizar la documentación enviada por Estados Unidos, las autoridades concluyeron que “no se contaba con elementos para poder avanzar y poderlo llevar a un juez”.
Sheinbaum se desmarca de Rocha Moya; lo espera EU
Los días de Rubén Rocha Moya están contados.
No basta con su nueva solicitud de licencia para ausentarse del gobierno de Sinaloa.
Tendrá que enfrentar la ley en México y Estados Unidos, país que lo vinculó al crimen organizado.
Con Rocha caerán más hombres y mujeres que no entendieron lo grave que son el abuso y la perversión del poder.
Rocha Moya apesta a corrupción y con él caerán decenas de políticos que deshonraron la confianza que les fue depositada.
El mensaje de la Presidenta es claro y contundente: su gobierno no tolera a quienes sean arrogantes y abusen del poder.
La clase política mostró absoluta lealtad a Sheinbaum y de inmediato se sintió el repudio a Rocha Moya, quien no tuvo la delicadeza de avisarle a Sheinbaum sobre su regreso.
Por si no lo sabe Rocha Moya, los Estados Unidos es el veto más fuerte que enfrenta porque tienen ubicados cada uno de sus movimientos, y eso implica múltiples actividades delictivas de la mano de sus cómplices.
Del respaldo al deslinde: El quiebre político entre Sheinbaum y Rocha Moya
Quinto Poder
La relación política entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, atraviesa un momento muy distinto al que se observaba cuando la mandataria era presidenta electa.
El contraste resulta evidente: en agosto de 2024, Sheinbaum defendía públicamente la versión del gobernador ante los señalamientos que lo vinculaban con Ismael “El Mayo” Zambada; dos años después, el regreso de Rocha Moya a sus funciones provocó un mensaje presidencial que, aunque no lo mencionó directamente, estableció una clara advertencia sobre los límites del poder y los intereses personales.
El cambio de tono también estuvo acompañado por movimientos dentro de Morena. Gobernadores del partido respaldaron a Sheinbaum y cuestionaron las decisiones individuales, mientras la dirigencia nacional de Morena y la Secretaría de Gobernación se deslindaron de la reincorporación de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa.
El episodio coloca nuevamente al mandatario sinaloense en el centro de una disputa política que involucra al gobierno federal, Morena y las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.
De la defensa pública a una postura mucho más distante
El antecedente resulta particularmente relevante porque Claudia Sheinbaum no siempre mantuvo una posición distante respecto a Rocha Moya.
En agosto de 2024, cuando todavía era presidenta electa, Sheinbaum respaldó al gobernador después de que su nombre apareciera relacionado con las declaraciones atribuidas a “El Mayo” Zambada. En aquella ocasión, la entonces presidenta electa afirmó:
“Ya lo explicó el gobernador de Sinaloa. Explicó claramente que él no tenía ningún conocimiento, que él estaba fuera del estado y le creemos, es compañero del movimiento desde hace tiempo”.
En aquel momento, Sheinbaum también interpretó los señalamientos como parte de una ofensiva política contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que no tendrían el efecto buscado.
“[Rocha Moya] tiene un enorme apoyo popular dentro de Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente y directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa. No les funcionó en la campaña, que les va a funcionar ahora”, dijo.
El escenario cambió considerablemente desde entonces.
Rocha Moya regresa a la gubernatura
El punto de quiebre más reciente ocurrió después de que Rubén Rocha Moya anunció que retomaría sus actividades como gobernador de Sinaloa, luego de un periodo de ausencia.
La reincorporación ocurrió mientras persistían señalamientos procedentes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y una investigación relacionada con autoridades y políticos sinaloenses.
Rocha Moya presentó su regreso como una determinación personal. Sin embargo, la reacción de distintos sectores de Morena mostró que su decisión no fue recibida como un asunto menor dentro del movimiento político.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó entonces un mensaje en redes sociales en el que habló sobre el ejercicio del poder, la responsabilidad de los servidores públicos y la prioridad que debe tener el bienestar colectivo.
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”, escribió.
Aunque Rocha Moya no apareció mencionado por nombre, el mensaje fue difundido inmediatamente después de su regreso al cargo y generó interpretaciones sobre una nueva etapa en la relación entre el gobierno federal y el mandatario sinaloense.
Sheinbaum supo del regreso por redes sociales
Uno de los elementos que más llamó la atención fue la forma en que la presidenta dijo haberse enterado de la reincorporación de Rocha Moya.
Al ser cuestionada por periodistas, Sheinbaum respondió:
“Por su tuit, por su publicación”.
Cuando le preguntaron si había conversado con el gobernador, fue igualmente breve: “No”.
La respuesta contrastó con el respaldo que la presidenta había expresado hacia Rocha Moya en 2024 y alimentó las versiones sobre un distanciamiento político.
La mandataria tampoco desarrolló en ese momento una explicación extensa. Ante las preguntas de los medios, señaló:
“Ahí pueden ver la publicación y ya el lunes platicamos”.
La escena política, por tanto, quedó marcada por un detalle poco habitual: el gobierno federal conoció públicamente la reincorporación de un gobernador mediante la publicación que éste realizó en redes sociales.
El mensaje de Sheinbaum: poder, límites y responsabilidad
Más allá de la coyuntura específica, el contenido de la publicación presidencial planteó una crítica general sobre la forma en que debe ejercerse el poder.
Sheinbaum escribió:
“Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.
El mensaje colocó tres conceptos en el centro de la discusión: principios, límites y responsabilidad ante la ciudadanía.
La presidenta también remarcó que ocupar un cargo público no significa disponer de él como un patrimonio personal. En ese sentido, señaló:
“México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.
La frase adquirió especial relevancia por el contexto en el que fue publicada. Rocha Moya había anunciado su regreso al gobierno estatal después de haberse separado temporalmente del puesto.
Sheinbaum también insistió en que las necesidades de la población deben estar por encima de los intereses individuales:
“El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”.
Y cerró su mensaje con una definición todavía más amplia:
“Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación”.
Gobernadores también marcan distancia
El distanciamiento no quedó limitado al mensaje de Sheinbaum.
Un grupo de 23 gobernadores y gobernadoras de Morena difundió un pronunciamiento en respaldo a la presidenta y señaló que las decisiones individuales no deben estar por encima del proyecto político colectivo.
En el documento se afirmó:
“En la Cuarta Transformación, las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano”.
El posicionamiento fue interpretado como un llamado a Rocha Moya para actuar bajo criterios de responsabilidad política y apego a las instituciones.
Los mandatarios estatales también expresaron:
“Hacemos un llamado al Dr. Rubén Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad. La política es un ejercicio de congruencia; la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender”.
El mensaje resulta significativo porque el gobernador de Sinaloa pertenece al mismo movimiento político que encabeza Sheinbaum. Por ello, la discusión dejó de ser únicamente una controversia entre un gobernador y sectores de oposición y pasó a convertirse también en un asunto interno de Morena.
El deslinde de Morena y Gobernación
Otro elemento que profundizó la distancia fue el deslinde de la dirigencia nacional de Morena. El partido sostuvo que la reincorporación de Rocha Moya correspondió a una decisión personal y que no existió conocimiento previo por parte de la organización.
La Secretaría de Gobernación adoptó una posición similar y señaló que el regreso al cargo obedeció exclusivamente a una determinación del mandatario estatal.
En paralelo, se reiteró que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar el curso de las investigaciones y que las instituciones deben actuar conforme al Estado de Derecho.
Esta postura contrasta con el respaldo cerrado que Rocha Moya recibió de Morena en 2024, cuando distintos dirigentes y gobernadores rechazaron los señalamientos en su contra.
Ahora, el discurso predominante se concentra en la legalidad, las investigaciones y la responsabilidad individual de quienes ocupan cargos públicos.
Sheinbaum también había defendido el Estado de Derecho
En abril de 2026, antes del actual episodio político, Sheinbaum había señalado que sostuvo una conversación con Rocha Moya después de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
En ese contexto, la presidenta sostuvo:
“Ayer hablé con él. Si no hay ninguna [prueba], no hay nada que temer (…) no puede haber una detención sin pruebas”.
También explicó que su posición sería la misma sin importar el partido político del gobernador involucrado:
“Actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano”.
La presidenta añadió que cualquier acción judicial debe sustentarse en elementos probatorios y defendió la soberanía nacional.
“No me corresponde defender otra cosa más que la Constitución, las leyes y la soberanía”.
Por ello, el cambio actual puede entenderse menos como una acusación directa contra Rocha Moya y más como un endurecimiento del discurso presidencial frente a una decisión que, de acuerdo con los mensajes públicos, no fue previamente comunicada al gobierno federal.
Un quiebre todavía abierto
La diferencia entre el respaldo expresado por Sheinbaum en 2024 y su postura actual representa uno de los principales cambios políticos alrededor de Rubén Rocha Moya.
Antes, la presidenta defendía su explicación y lo presentaba como un integrante del movimiento con respaldo político. Ahora, tras su regreso a la gubernatura, Sheinbaum enfatiza que ningún funcionario debe anteponer intereses personales al pueblo y que los cargos públicos tienen una responsabilidad que va más allá de quien los ocupa.
El contraste también se refleja en Morena. Mientras en 2024 el partido cerró filas con Rocha Moya frente a los señalamientos, en 2026 sus gobernadores respaldan a Sheinbaum y la dirigencia nacional afirma que el regreso del mandatario fue una decisión personal.
La disputa, sin embargo, no significa que exista una acusación presidencial directa contra Rocha Moya. El mensaje de Sheinbaum no menciona su nombre ni establece una responsabilidad penal.
El punto central es político: quién fija los límites dentro del movimiento y qué peso tienen las decisiones individuales frente a la estructura de Morena y al gobierno federal.
Por ahora, el episodio deja una imagen muy diferente a la de hace dos años. El respaldo personal cedió espacio a un discurso institucional, Morena tomó distancia de la decisión del gobernador y la presidenta colocó nuevamente una idea en el centro de la discusión: el poder público debe responder ante la ciudadanía.
El desenlace dependerá de las investigaciones, de las decisiones institucionales y de la evolución de la relación entre el gobierno federal y Sinaloa. Pero el contraste ya quedó trazado: del “le creemos” de 2024 al “por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación” de 2026.
Congreso de Sinaloa aprueba nueva licencia a Rocha Moya
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El gobernador sinaloense solicitó la licencia luego de las críticas recibidas tras volver al cargo 112 días después de haberse apartado por las investigaciones que mantiene Estados Unidos en su contra.
La diputación permanente del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad este domingo la nueva licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, con carácter indefinido.
En una sesión extraordinaria convocada para las 11:00 de la mañana, los legisladores acordaron aprobar la licencia del gobernador en los términos que lo solicitó, por lo que, de acuerdo con la Constitución local, el Poder Legislativo deberá nombrar un nuevo gobernador o gobernadora interina.
Frente a ello, el Congreso local convocó el lunes a un periodo extraordinario para determinar la designación de quien asuma el Poder Ejecutivo local. El acuerdo fue que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación analice las propuestas y presente un dictamen al Pleno para su votación.
Rocha Moya escribió el sábado un oficio dirigido al Poder Legislativo en el que señaló: “Por así considerarlo pertinente, me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”.
La solicitud se presentó apenas un día después de que Rocha Moya retomara formalmente la gubernatura tras permanecer 112 días con licencia. Su periodo constitucional concluye el 31 de diciembre de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este domingo que la decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar nuevamente licencia al cargo de gobernador es “lo mejor para Sinaloa”. Así lo dijo al ser cuestionada por medios de comunicación, frente a quienes rechazó que hubiese hablado con Rocha Moya para pedirle que se retirara del cargo. Aseguró que no ha hablado con él desde la primera vez que solicitó la licencia.
La mandataria dijo que se trató de una “decisión personal” del gobernador, al igual que la que tomó el pasado viernes. cuando decidió regresar a la gubernatura tras 112 días separado del cargo tras las acusaciones de Estados Unidos.
“Mañana platicamos de esto”, dijo la mandataria, quien aseguró que ya se encuentra “mejor” de la gripe que le impidió asistir a la conferencia matutina del pasado viernes.
El regreso de Rocha Moya al cargo había generado una avalancha de críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el sábado en una publicación en redes sociales que ningún interés personal debe colocarse por encima de los intereses del país.
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”, escribió Sheinbaum en X, sin nombrar directamente al gobernador.
La presidenta agregó que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.
También sostuvo que “México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.
Posteriormente, al ser cuestionada por periodistas en la Ciudad de México, Sheinbaum dijo que no había hablado con Rocha Moya y que se enteró de su regreso a la gubernatura mediante redes sociales. “Por su tuit, por su publicación”, respondió.
Morena y la Secretaría de Gobernación calificaron el regreso de Rocha Moya como una decisión “personal” y se deslindaron de ella, además de que recordaron que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre él y los otros nueve exfuncionarios señalados por Estados Unidos permanecen abiertas.
El pasado 29 de abril de 2026, la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, los implicados habrían mantenido acuerdos con “Los Chapitos” para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de respaldo político durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. El documento señala que presuntamente existió una “narconómina” operada por la organización criminal para beneficiar a funcionarios estatales.
El sábado, Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), quien pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, detener y trasladar a Rocha Moya a EE.UU. para que enfrente a la justicia de ese país.
“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los Cárteles del TERROR”, escribió Maltz en X.
En otra publicación, reclamó: “Necesitamos otra operación de alto nivel de detención y remoción hacia la USA @OHarfuch para que Rocha enfrente la justicia”.
Rocha Moya se dobla; vuelve a pedir licencia indefinida
- Tan solo un día después de regresar a la gubernatura de Sinaloa
Morena se deslinda de decisión de Rocha Moya de regresar al cargo en Sinaloa
Aurelia Navarro Niño
Morena tomó distancia de la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de reincorporarse a sus funciones al frente del Gobierno estatal, al señalar que se trató de una determinación personal de la que la dirigencia del partido no tuvo conocimiento previo.
A través de un posicionamiento, Morena dejó claro que no avaló ni participó en la decisión, por lo que se deslindó de la reincorporación del mandatario sinaloense, quien se había separado del cargo luego de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El partido subrayó que la separación de Rocha Moya ocurrió en un contexto en el que la Fiscalía General de la República y otras autoridades mexicanas mantienen abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos.
Morena afirmó que mantendrá una postura de respeto al Estado de derecho y al debido proceso, al tiempo que señaló que esperará los resultados de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes.
El pronunciamiento busca establecer una distancia política entre el partido y la decisión de Rocha Moya, trasladando la responsabilidad de su regreso al ámbito estrictamente personal del gobernador.
Morena aseguró que continuará actuando con responsabilidad y que sus principios serán la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones, en un caso que mantiene bajo escrutinio político y judicial al gobierno de Sinaloa.
Gobierno de Sheinbaum, abierto a extraditar a Rocha Moya a EU bajo una condición: Rocha Moya
Debate
La posible extradición de Rubén Rocha Moya a Estados Unidos volvió al centro del debate luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum fijara su postura a través del embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri. El diplomático dejó claro que la administración federal está abierta a entregar al gobernador con licencia de Sinaloa a la justicia estadounidense, pero solo si las autoridades de ese país presentan pruebas suficientes que cumplan con los requisitos de la legislación mexicana.
La diplomacia entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de definiciones críticas que podrían alterar el panorama político del noroeste mexicano. Este miércoles 15 de julio de 2026, el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, fijó la postura oficial de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a uno de los expedientes más espinosos de la relación bilateral: la posible entrega de altos mandos del gobierno de Sinaloa a la justicia estadounidense.
En un pronunciamiento que busca equilibrar la cooperación internacional con la soberanía jurídica nacional, Lazzeri dejó claro que la puerta a la extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios no está cerrada, pero requiere de un sustento documental que, hasta el momento, parece estar en una fase de espera burocrática y técnica.
El primer pronunciamiento de Roberto Lazzeri
Desde su llegada a la capital estadounidense en junio de 2026, Roberto Lazzeri ha asumido la delicada tarea de ser el puente entre el gobierno de Sheinbaum y la administración del presidente Donald Trump.
En su primera entrevista con un medio de ese país, concedida al sitio especializado Político, el diplomático mexicano abordó con precisión el tema de las solicitudes de extradición que han marcado la agenda de seguridad desde el pasado mes de abril.
La llegada de Lazzeri a Washington se produjo en un contexto de alta tensión, heredado por las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre una decena de funcionarios del estado de Sinaloa. Ante las preguntas de la prensa internacional, el embajador no solo reafirmó el compromiso de México con la ley, sino que detalló el estado actual de los requerimientos judiciales que el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo públicos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La entrevista marca un punto de inflexión, ya que es la primera vez que un funcionario de este nivel confirma que México está solicitando activamente información adicional para procesar estos casos bajo los estándares del derecho mexicano. Lazzeri sostiene que la relación bilateral es un "trabajo constante", donde siempre surgen buenos y malos momentos que deben resolverse a través del diálogo permanente.
El requisito inamovible de la justicia mexicana
Uno de los pilares del discurso de Lazzeri fue la exigencia de una carga probatoria robusta.
El embajador fue enfático al señalar que México no ejecutará extradiciones basadas únicamente en señalamientos políticos o declaraciones sin sustento fáctico verificable.
“Estamos solicitando información adicional sobre estas 10 solicitudes. Y tan pronto como la tengamos —y en la medida que se cumpla con la carga de prueba necesaria para que nosotros ejecutemos la extradición— entonces, por supuesto que lo haríamos”, aseguró Lazzeri.
Esta postura no es aislada, sino que refleja un consenso dentro del aparato de justicia mexicano.
Apenas días antes del pronunciamiento de Lazzeri, David Boone, fiscal especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), manifestó una preocupación similar.
Boone aclaró que las autoridades mexicanas aún no tenían en su poder las pruebas relativas a las solicitudes contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, por lo que no estaban en condiciones de evaluar si cumplían con el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación nacional.
Esta sincronía entre la Embajada y la FGR subraya que México mantiene una defensa técnica de sus procesos judiciales frente a la presión externa.
El expediente de los diez: funcionarios sinaloenses en la mira de Nueva York
La génesis de esta crisis diplomática se remonta al 28 de abril de 2026, cuando el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses.
Un día después de esta petición, el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicas las acusaciones por narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que desató una tormenta política en ambos países.
Aunque Lazzeri evitó abundar en los detalles específicos de cada expediente durante su charla con Político, el trasfondo de las acusaciones es conocido por su gravedad.
Entre los diez señalados ya existe un precedente de entrega: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en mayo de 2026, en la frontera con Arizona.
Lazzeri defendió ante Político que ninguna instancia está mejor posicionada que las fuerzas mexicanas —incluyendo la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— para ejecutar operaciones dentro del territorio nacional, reafirmando la soberanía operativa de México en materia antinarcóticos.
Un intercambio de 200 extradiciones
Para dotar de contexto a la postura mexicana, el embajador Lazzeri recordó que la extradición es un proceso continuo de reciprocidad judicial.
Durante su intervención reveló que México tiene actualmente más de 200 solicitudes de extradición que están siendo revisadas por las autoridades de Estados Unidos.
En muchas de estas solicitudes mexicanas han sido las propias autoridades estadounidenses quienes han pedido evidencia adicional, siguiendo una lógica similar a la que ahora aplica la administración de Sheinbaum para el caso de los funcionarios de Sinaloa.
“Este es un proceso continuo que se desarrolla diariamente”, explicó Lazzeri, sugiriendo que el caso de Rocha Moya no debe verse como una excepción política, sino como parte de un engranaje burocrático estandarizado.
Este argumento sirve para situar el conflicto en el terreno de los procedimientos técnicos habituales de la relación bilateral.
Tensiones con la DEA
El pronunciamiento del embajador se produjo en una semana marcada por los señalamientos del titular de la DEA, Terry Cole, quien advirtió sobre una presunta liga entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México.
Cole calificó las acusaciones contra Rocha Moya y el resto de los implicados como apenas el "comienzo" de una investigación mayor.
Esta retórica de la DEA generó una respuesta firme del Gabinete de Seguridad mexicano, que recientemente desmintió tales nexos.
Mientras que para Cole existe una "mortífera conexión" entre el narcotráfico y el gobierno, Lazzeri optó por una vía diplomática institucional, centrada en la necesidad de pruebas legales sólidas para proceder con las extradiciones.
La tensión entre la visión de la agencia antinarcóticos y la diplomacia mexicana define hoy la frontera de la cooperación en seguridad, un tema que Lazzeri considera un trabajo que requiere diálogo permanente pese a las diferencias.
Migración y T-MEC: el complejo rompecabezas de la relación bilateral
Más allá del narcotráfico, Lazzeri reveló que existen otros temas de alta fricción que no han sido tratados directamente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Uno de los más sensibles es el de las denuncias presentadas por la FGR ante el Departamento de Justicia por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE en Estados Unidos.
Lazzeri confirmó que, aunque Sheinbaum y Trump mantienen una comunicación constante —destacando que el mandatario estadounidense ha expresado reconocimiento público hacia la presidenta mexicana—, el tema de los fallecidos bajo custodia del ICE no ha sido abordado en sus conversaciones directas.
No obstante, las denuncias fueron presentadas formalmente por las autoridades mexicanas.
Este balance entre la cooperación estratégica, las negociaciones relacionadas con el T-MEC y las denuncias por derechos humanos configura una relación bilateral que Lazzeri describe como inacabada y en constante evolución.
El embajador sostiene que, a pesar de las incertidumbres políticas y las tensiones, ambos países logran mantener el diálogo debido a su condición de vecinos y socios estratégicos.
Rocha Moya reaparece; dice que enfrenta campaña de calumnias
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A su juicio, se trata de un ataque impulsado por la ultraderecha con el objetivo de menoscabar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de transformación.
El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, emitió un pronunciamiento al cumplirse 69 días de haber solicitado separarse del cargo.
En su mensaje, afirmó que tomó esa decisión por convicción y con el propósito de quedar sin la protección del fuero constitucional, a fin de que las autoridades puedan investigarlo.
Rocha Moya señaló que durante este periodo compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde respondió de manera veraz y puntual a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal.
Asimismo, aseguró que desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio en Culiacán y rechazó las versiones del periodista Carlos Loret de Mola, al sostener que no cuenta con protección de ninguna corporación federal.
El gobernador con licencia afirmó que es objeto de una “atroz embestida mediática de calumnias” y calificó como falsas las acusaciones formuladas en su contra por una oficina del gobierno de Estados Unidos.
A su juicio, se trata de un ataque impulsado por la ultraderecha con el objetivo de menoscabar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de transformación.
Durante la conferencia de prensa de la FGR, las autoridades confirmaron que existe una investigación contra 10 personas, entre ellas Rocha Moya, derivada de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos. No obstante, la fiscalía precisó que, hasta el momento, no cuenta con el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal.
Declaración completa:
El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.
Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes.
En este lapso, comparecí ante FGR, a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal.
Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán.
No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola.
He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas.
Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente.
FGR señala a Ken Salazar
En el mismo informe, la FGR acusó al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de incumplir sus deberes diplomáticos al negar la participación de su gobierno en la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada hacia territorio estadounidense.
La fiscalía recordó que, tras el reconocimiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de que la captura fue resultado de un operativo de esa agencia, las declaraciones de Salazar, en las que aseguró que no participaron autoridades estadounidenses, resultaron falsas.
De acuerdo con la institución, ello vulneró el principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas y contravino disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La FGR aclaró que, debido a la inmunidad diplomática de la que gozó como embajador, el gobierno mexicano no puede investigarlo ni procesarlo penalmente por esos hechos. En consecuencia, las posibles repercusiones se circunscriben al ámbito del derecho internacional.
Comparecen Rocha Moya y vicefiscal con licencia de Sinaloa ante FGR
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El vicefiscal Dámaso Castro evitó profundizar en detalles específicos sobre el desarrollo de la diligencia o la condición jurídica en la que comparecía.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el vicefiscal general con licencia de dicha entidad, Dámaso Castro Saavedra, comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones derivadas de la acusación formal por narcotráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
A través de redes sociales, Rocha Moya confirmó su asistencia ante la sede de la FGR en Culiacán.
“Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió en su cuenta oficial de X.
“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, añadió. “Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”.
Por otra parte, el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, acudió a las oficinas de la FGR alrededor del mediodía de hoy.
Allí fue abordado por medios de comunicación, pero evitó profundizar en detalles específicos sobre el desarrollo de la diligencia o la condición jurídica en la que comparecía.
Rocha Moya acudió a Banamex, Banorte y Scotiabank para abrir hasta cinco cuentas que ahora están bloqueadas por Hacienda
El Imparcial
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus familiares y exfuncionarios del gobierno estatal, tuvieron bloqueadas sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La información se obtuvo de la declaración patrimonial más reciente de Rocha Moya y de versiones periodísticas publicadas por CEO . La medida busca atender señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con “Los Chapitos” entre 2021 y 2024.
El acuerdo 156/2026 de la UIF, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó a las instituciones financieras el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al mandatario sinaloense, su familia y funcionarios relacionados.
Cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya
De acuerdo con su declaración patrimonial de 2025 y la revisión de CEO:
Banamex: Cuenta principal y una cuenta de ahorro adicional.
Banorte: Cuenta de ahorro y depósito a plazo.
Scotiabank: Cuenta de ahorro y tarjeta de crédito.
Fovissste: Crédito hipotecario activo.
Santander: Adeudo reportado de cero pesos.
Bloqueo de familiares y otros funcionarios
Entre las personas afectadas se encuentran:
Hijos de Rocha Moya: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
Senador Enrique Inzunza Cázarez: exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, con cuentas en Banamex y Scotiabank, además de una tarjeta de crédito con adeudo cercano a 20,000 pesos según su declaración de 2024.
Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas, quien se entregó a las autoridades estadounidenses. Declaró siete cuentas en 2024 en instituciones como Banco del Bajío y BBVA, así como inversiones en Actinver Casa de Bolsa y Alterna Securities Inc. en Estados Unidos.
Procedimiento y contexto del bloqueo
La UIF realiza auditorías y requerimientos financieros a través de la CNBV para determinar posibles delitos fiscales antes de ejecutar cualquier bloqueo.
En la primera etapa se envían oficios a las instituciones para identificar cuentas bancarias vinculadas, sin congelar recursos.
Posteriormente, se ejecuta el bloqueo de cuentas de las personas señaladas por el gobierno estadounidense, como parte de investigaciones fiscales y de delitos financieros paralelos.
El área de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó información detallada de las cuentas para integrarla en investigaciones complementarias.
Qué significa para los involucrados
El bloqueo impide el uso de los recursos de las cuentas hasta que se determine la situación legal de los involucrados.
Las medidas buscan garantizar que las investigaciones fiscales y de seguridad se realicen con acceso completo a la información financiera de los señalados.
Los procedimientos se realizan con base en la declaración patrimonial y en auditorías oficiales, buscando claridad y transparencia en el uso de los recursos y posibles irregularidades.
