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Ana Laura Magaloni, Margarita Ríos Farjat y Diana Álvarez, terna de AMLO para la SCJN

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia como ministro, esto luego de que desde hace unas semanas luego de denuncias periodísticas, trascendió que se le están haciendo investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

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Instituciones de los EU habían destacado que el ministro habría hecho transferencias millonarias que no correspondían a su nivel de ingresos ni a su declaración patrimonial. A Medina Mora Icaza le faltan aún 11 años de gestión como ministro de la corte.
La renuncia la habría presentado poco después de las 5 de la tarde de hoy jueves 3 de octubre al ministro presidente del SCJN, Arturo Zaldívar, quien posteriormente se dirigió a Palacio Nacional.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indica que la renuncia de un ministro sólo procederá “por causas graves” y serán enviadas al presidente de la República y si éste acepta la renuncia, serán enviadas posteriormente al Senado para su aprobación.

Diputada Nay Salvatori desacata ley de la SCJN

El proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos 2019 ordena a altos funcionarios públicos ajustar sus remuneraciones, no podrán ganar más de 1 millón 663 mil 50 pesos netos al año

El Presidente de la Corte dijo que se evitó un mal mayor pero que sí se requiere una norma que regule a las fuerzas armadas. Los argumentos de los ministros se resumen en tres puntos principales. Con una votación de 9 ministros a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró oficialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) con la cual se buscaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia. La anulación se perfilaba desde el pasado martes cuando seis ministros ya habían mostrado su rechazo a avalar esta ley y hoy, con la intervención de los cinco ministros restantes se confirmó la decisión. La ministra Margarita Luna Ramos que había anunciado también su voto contra la ley, tuvo que salir del Pleno previo a la votación, motivo por el cual esta no quedó 10 a 1. El único ministro que votó a favor de la Ley fue Jorge Pardo Rebolledo, autor del dictamen en el cual se consideraba que la norma no violaba la Constitución siempre y cuando se eliminaran de la misma varios artículos. Pero sus colegas consideraron lo contrario. En la sesión de hoy intervinieron los ministros Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Jorge Pardo. Los argumentos en contra de la ley fueron similares a los expuestos por los otros ministros desde el martes pasado y que se resumen en tres puntos principales: 1) Congreso no tenía facultades para legislar 2) Volver a los soldados policías 3) El “Fast-track” del Congreso

Alfonso Durazo, futuro titular de la SSP, aseguró esta mañana que no se usará el mismo modelo militar que se ha utilizado en los últimos dos sexenios y destacó que “en las actuales circunstancias del país no hay en el país institución con suficiente capacidad y disciplina”.

Derivado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Congreso del estado no contestará las observaciones hechas por el Ejecutivo del estado.

Antes de las nueve de la mañana de este viernes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arribó a las instalaciones del alto tribunal para desayunar en privado con los 11 ministros de la Suprema Corte, ubicada en calles del Centro Histórico.

Al prerregistro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para buscar un puesto público en el Estado de México acudieron aspirantes a una reelección, “chapulines” que saltan de puesto en puesto, líderes sindicales y hasta el actor Eduardo Capetillo.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la legislación con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, congela cuentas bancarias de personas o empresas que presuntamente tienen algún vínculo con integrantes de grupos delictivos.