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José Carlos Sánchez

El gobierno de Puebla asumirá los gastos para la repatriación de los cuerpos de dos mujeres poblanas que fallecieron recientemente en el estado de Arizona, Estados Unidos, confirmó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta en Huauchinango, se recordó que durante la semana se conocieron dos casos que conmocionaron a la región serrana, luego de que dos mujeres originarias de la comunidad de Jaltepec, perteneciente a este municipio, fueran reportadas sin vida en territorio estadounidense.

En respuesta, Armenta indicó que el gobierno estatal ya atiende el caso. Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que existe comunicación directa con los familiares de las víctimas para agilizar los trámites necesarios y concretar el traslado de los cuerpos a Puebla.

“Estamos en comunicación con los familiares de estas personas directamente, sin intermediarios, para realizar los trámites para el traslado de estos dos cuerpos”, señaló.

Aguilar Pala precisó que ambas víctimas sí son mujeres y que fueron encontradas en Arizona, por lo que las autoridades poblanas mantienen coordinación con los familiares mientras se concluyen los procedimientos correspondientes.

Asimismo, anunció que por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta se trabaja en la formalización de un convenio con consulados mexicanos en Estados Unidos para agilizar futuras gestiones relacionadas con el traslado de restos de migrantes poblanos fallecidos en el extranjero.

“Esperemos que no suceda otro tipo de asuntos parecidos, pero tengamos mayor celeridad en el traslado de los cuerpos de los paisanos”, expresó Aguilar Pala.

El funcionario aseguró que el gobierno estatal absorberá los gastos derivados de la repatriación de ambas mujeres para que sus familias puedan darles sepultura en su lugar de origen.

Los casos cobraron relevancia luego de que medios regionales reportaran el fallecimiento de dos mujeres originarias de Jaltepec, comunidad perteneciente a Huauchinango, quienes habían migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, aunque señalaron que mantienen contacto permanente con los familiares y que informarán sobre avances conforme se disponga de información oficial.

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Puebla, Pue.- El Gobierno del Estado se mantiene respetuoso ante las diferentes formas de manifestación de las y los ciudadanos, sin embargo, reprueba los hechos de violencia y vandalismo como los que se generaron durante la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, en todo momento se ha priorizado el diálogo y se han escuchado las voces de las integrantes de los diferentes colectivos de madres buscadoras, con quienes se mantiene un trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares.

De igual forma, la Secretaría lamenta los actos de vandalismo en inmuebles del patrimonio histórico de Puebla y que desviaron el objetivo de la marcha de este día.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobernación reitera su compromiso de trabajar con todos los sectores sociales y de mantener un diálogo y puertas abiertas en las diferentes instancias de la administración, para atender sus principales demandas, sin ponderar actos que transgredan incluso la seguridad de las personas.

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El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, descartó que los hermanos y exalcaldes Uruviel y Giovanni González Vieyra, hayan recuperado su libertad, pese a que obtuvieron un amparo a su favor.

En entrevista, el funcionario explicó que este recurso legal no implica su liberación inmediata, ya que ambos enfrentan otros procesos penales.“No se ha dado otra situación porque, al parecer, tienen más temas ahí pendientes”.

Cabe mencionar que los exediles fueron detenidos en marzo de 2025 junto con su padre, Ramiro González, y permanecen bajo proceso por diversos delitos.

Esto ocurrió tras operativos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, que incluyeron cateos a sus propiedades donde se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, drogas y animales exóticos.

Las acusaciones en su contra son: Giovanni González, exalcalde de Tlachichuca, fue acusado de encubrimiento de mercancía robada; Uruviel González, exedil de Chalchicomula de Sesma, enfrenta cargos por robo a transportistas, posesión de armas exclusivas y tenencia ilegal de fauna silvestre.

Sin embargo, el funcionario dijo que permanecen recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones.

Para finalizar, Samuel Aguilar reiteró que, aunque los González Vieyra promovieron un amparo como parte de su defensa, a lo que dijo que “eso no significa que estén libres ni que sus procesos hayan concluido”.

Contraparte/Staff

Luego de una serie de reuniones con familiares del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, con respeto a la autonomía de esa institución y al debido proceso, que analice el cambio de medida cautelar del imputado, en razón de que no se advierte que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia.

El Secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, explicó que este mecanismo opera a nivel federal, pero también se vincula con entidades federativas como Puebla para reforzar la protección a personas que en virtud de su trabajo, están relacionadas con la defensa de los derechos de otras personas.

Por tanto, en sus facultades de conciliar intereses entre las partes involucradas en un conflicto de carácter político y social, el Secretario de Gobernación Samuel Pala, solicitará a la Fiscalía General del Estado, apegarse a este mecanismo que, entre otros propósitos, tiene el de generar recomendaciones para garantizar la seguridad e integridad física de las personas en riesgo; fomentar la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades para fortalecer la defensa de los derechos humanos.

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