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-De los nueve fondos federales revisados por la ASF, seis no registraron observaciones.

Récord (México)

El gobierno de Samuel García, gobernador de Nuevo León, enfrenta nuevos señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que involucran operaciones por aproximadamente 7 mil 200 millones de pesos. La controversia surgió después de que se difundieran resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se describe una posible triangulación de dinero mediante transferencias a distintas empresas.

De acuerdo con la información publicada este sábado 31 de octubre, la ASF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con los movimientos financieros identificados durante la fiscalización. Las operaciones señaladas incluyen pagos a constructoras, comercializadoras y otras compañías, así como transferencias posteriores hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado con el mandatario estatal y su familia.

Uno de los movimientos que más llamó la atención corresponde a una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos realizada por la administración de Nuevo León a una empresa constructora. Según los reportes sobre la auditoría, parte de esos recursos habría pasado posteriormente por otras compañías hasta llegar a una firma de servicios legales, situación que ahora deberá ser investigada para determinar si existieron conductas contrarias a la ley.

¿Samuel García desvió 7 mil 200 millones de pesos?

La principal acusación relacionada con el gobierno de Samuel García apunta a un presunto esquema de triangulación de recursos públicos por alrededor de 7 mil 200 millones de pesos, una cantidad que habría sido distribuida mediante distintas operaciones financieras durante su administración.

De acuerdo con los reportes de la revisión, una de las rutas identificadas comenzó con el pago de 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que posteriormente habría transferido 5 mil 154.6 millones de pesos a otra empresa. Esta segunda compañía, a su vez, habría enviado 385.3 millones de pesos a un despacho jurídico relacionado, según los señalamientos, con la familia del gobernador.

La investigación también contempla otras operaciones realizadas a través de comercializadoras y empresas de servicios, cuyos movimientos financieros forman parte del esquema que las autoridades buscan esclarecer.

¿Qué encontró la ASF en las transferencias del gobierno de Nuevo León?

La información difundida sobre la revisión de la Cuenta Pública 2025 describe distintas rutas de movimientos financieros que involucran a empresas proveedoras del Gobierno estatal y a terceros que habrían recibido transferencias posteriores.

Entre las operaciones señaladas destacan las siguientes:

¿Qué relación tiene un despacho jurídico con Samuel García?

Otro de los aspectos relevantes del caso es el presunto destino de una parte de los recursos identificados durante la fiscalización. Según la información difundida, diversas operaciones habrían terminado en un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García.

Los reportes señalan que las transferencias se habrían realizado mediante empresas intermediarias, lo que dificulta identificar el destino final del dinero únicamente a partir de los pagos originales efectuados por el Gobierno estatal.

La posible relación entre contratistas públicos, empresas privadas y una firma jurídica vinculada con familiares del mandatario es uno de los puntos que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

No obstante, la existencia de vínculos empresariales o familiares no demuestra por sí misma la comisión de un delito. Para establecer responsabilidades será necesario acreditar si los recursos tuvieron un origen irregular, si existieron beneficios indebidos y quiénes participaron en las operaciones.

¿Samuel García compró una propiedad de mil millones de pesos?

Además de los movimientos financieros, la información relacionada con la auditoría menciona una operación inmobiliaria por aproximadamente mil millones de pesos que estaría vinculada con el esquema investigado.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, parte de los recursos presuntamente triangulados habría sido utilizada para la adquisición de una propiedad de alto valor. Sin embargo, todavía es necesario esclarecer la documentación de la operación, la identidad de los participantes y el origen del dinero.

Este punto resulta relevante porque podría ayudar a determinar si existió algún beneficio patrimonial derivado de los movimientos financieros observados.

- Revisará mal uso de recursos públicos en la obra de avenida Juárez realizada con Lalo Rivera

Contraparte/Staff

Germán Reyna y Herrero presentó los alcances del acuerdo que permitirá ampliar la cobertura de auditorías del gasto federalizado en los 217 municipios.

Puebla, Pue. 07 de julio de 2026— La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE Puebla) presentó los alcances del Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual fortalece la fiscalización del gasto federalizado ejercido por los 217 municipios del estado mediante un esquema de trabajo coordinado que permitirá ampliar la cobertura de las auditorías, homologar metodologías, compartir herramientas tecnológicas y fortalecer la rendición de cuentas en beneficio de las y los poblanos.

Durante su mensaje, Reyna y Herrero destacó la ampliación de la cobertura en auditorías, ya que con este instrumento se alcanzará la fiscalziación del 100 por ciento del gasto federalizado, abarcando ramo 28 y ramo 33.

Asimismo señaló que este convenio representa uno de los principales objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la institución y marca el inicio de una nueva etapa para la fiscalización superior en Puebla.

"Las y los poblanos merecen conocer una rendición de cuentas transparente", afirmó, al destacar que este mecanismo permitirá que la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación trabajen bajo un esquema común de fiscalización, alineando criterios técnicos, metodologías, calendarios y procesos para fortalecer la supervisión del ejercicio de los recursos públicos.

Explicó que este nuevo modelo permitirá fortalecer el seguimiento de los recursos públicos mediante metodologías homologadas, intercambio de información, modelos de análisis de riesgos y el uso de herramientas tecnológicas desarrolladas por la Auditoría Superior de la Federación, lo que contribuirá a hacer más eficiente la fiscalización y a detectar oportunamente posibles irregularidades.

El Auditor Superior del Estado informó que los trabajos derivados del convenio comenzaron de manera inmediata con la instalación de mesas de trabajo y coordinación, dando inicio el proceso para solicitar información a los municipios que serán incorporados al programa de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2025.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, Miguel Trujillo De Ita, destacó que la firma de este convenio representa un hecho de profundo significado democrático al fortalecer la supervisión del gasto federalizado que ejercen los municipios poblanos.

"La confianza ciudadana no se obtiene mediante discursos; se construye demostrando que existen instituciones capaces de revisar el ejercicio del gasto con independencia, profesionalismo y apego a la ley", expresó.

UN PUEBLA SIN CORRUPCIÓN SE CONSTRUYE.

Contraparte/Staff

La gestión municipal encabezada por Adán Domínguez cerró 2024 envuelta en señalamientos graves por opacidad, desorden administrativo y posible daño al erario, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades por 63.5 millones de pesos ante la ausencia total de pruebas que acrediten compras y servicios contratados con recursos públicos.

En su tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASF concluyó que el ayuntamiento no logró demostrar la adquisición de un vehículo oficial, la correcta prestación de un software para seguridad pública ni la ejecución del mantenimiento al alumbrado, tres rubros que evidencian una administración sin control ni rendición de cuentas en el último tramo del mandato de Domínguez.

El órgano fiscalizador emitió tres pliegos de observaciones que deberán ser solventados en un plazo máximo de 30 días por exfuncionarios municipales, al advertir un probable daño patrimonial derivado de contratos pagados sin respaldo documental ni evidencia física.

Uno de los señalamientos más delicados corresponde a 25.3 millones de pesos erogados por la contratación de un software para equipos inteligentes de misiones críticas, servicio asignado a la empresa PSV Sistemas S.A. de C.V. Aunque el contrato fue firmado desde 2022 y difundido por el propio ayuntamiento, la ASF determinó que no existe un solo reporte que demuestre cómo, cuándo o siquiera si el sistema fue operado, lo que deja en entredicho el destino real de los recursos.

A esta irregularidad se suma la compra de una camioneta RAM 1500 SLT V6 4x4 modelo 2023, supuestamente destinada al Instituto Municipal del Deporte, pero que nunca fue incorporada al inventario oficial, un hecho que para la Auditoría representa una omisión grave y una señal de posible simulación administrativa.

El tercer caso observado corresponde al contrato de mantenimiento de alumbrado público celebrado en 2024, del cual el gobierno municipal tampoco presentó pruebas mínimas como fotografías, bitácoras o reportes técnicos que acrediten la realización de los trabajos. El servicio fue asignado a las empresas Trafficlight y Engintra, proveedoras recurrentes del ayuntamiento entre 2022 y 2024, sin que exista constancia verificable de los resultados.

Por estos dos últimos contratos, la ASF exige aclarar el destino de 38.2 millones de pesos, monto que refuerza la percepción de una administración caracterizada por la improvisación, la falta de controles internos y el uso discrecional de recursos públicos.

Las observaciones federales colocan al gobierno de Adán Domínguez como un ejemplo de gestión deficiente, donde se firmaron contratos millonarios sin verificar entregables ni cuidar el patrimonio municipal, dejando ahora a exfuncionarios la tarea de explicar lo que debió estar claro desde el primer día: en qué y cómo se gastó el dinero de los poblanos.

Aurelia Navarro Niño

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó que además de las autoridades locales, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tendrá que actuar contra los ex alcaldes panistas Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, por las irregularidades cometidas durante su gestión.

Chedraui Budib precisó que el Ayuntamiento de Puebla sigue recopilando la información que comprobará lo que los desfalcos que los dos panistas heredaron a su administración, y que han sido reportados a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Indicó que tanto la ASE como la Fiscalía General del Estado (FGE), deberán actuar en consecuencia hacia la administración de Rivera Pérez y Domínguez Sánchez.

“Al municipio, esta administración lo que le toca, lo que nos entregaron, reportando lo que nos pide la ASE, se han detectado varias irregularidades, dentro de las cuales se observa, detecta y comunica a la ASE como estatal y federal”, dijo Pepe Chedraui.

Señaló el alcalde que la intervención judicial de la FGE se hará después de que la ASE haga la entrega del reporte final a las investigaciones.

Añadió que su administración seguirá entregando la documentación que se le pida, porque está comprometido a no ser partícipe de omisiones, mucho menos de ocultar información que se le solicite.

“Se tiene un avance importante, lo que nos toca a nosotros es dar esa información, la ASE y la FGE tendrán que hacer lo que les toca, junto con la ASF”, concluyó.

Del probable daño patrimonial, la Auditoría hizo señalamientos por la compra de semilla de maíz mejorada por 5.8 millones de pesos en 2023

El Gobierno de Puebla solventará observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 497.2 millones de pesos; Sergio Céspedes rechaza presunto daño patrimonial.

Se tendrán que buscar y generar las condiciones para solventar las observaciones que hizo la ASF respecto al gasto de 371 mdp sin aclarar durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, indicó el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), solicitó al Gobierno de Puebla aclarar el gasto de 371 millones 379 mil 285 pesos de la cuenta pública de 2022 durante el gobierno del ex mandatario Miguel Barbosa Huerta, quien murió el 13 de diciembre de 2022.