Contraparte/Staff
La gestión municipal encabezada por Adán Domínguez cerró 2024 envuelta en señalamientos graves por opacidad, desorden administrativo y posible daño al erario, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades por 63.5 millones de pesos ante la ausencia total de pruebas que acrediten compras y servicios contratados con recursos públicos.
En su tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASF concluyó que el ayuntamiento no logró demostrar la adquisición de un vehículo oficial, la correcta prestación de un software para seguridad pública ni la ejecución del mantenimiento al alumbrado, tres rubros que evidencian una administración sin control ni rendición de cuentas en el último tramo del mandato de Domínguez.
El órgano fiscalizador emitió tres pliegos de observaciones que deberán ser solventados en un plazo máximo de 30 días por exfuncionarios municipales, al advertir un probable daño patrimonial derivado de contratos pagados sin respaldo documental ni evidencia física.
Uno de los señalamientos más delicados corresponde a 25.3 millones de pesos erogados por la contratación de un software para equipos inteligentes de misiones críticas, servicio asignado a la empresa PSV Sistemas S.A. de C.V. Aunque el contrato fue firmado desde 2022 y difundido por el propio ayuntamiento, la ASF determinó que no existe un solo reporte que demuestre cómo, cuándo o siquiera si el sistema fue operado, lo que deja en entredicho el destino real de los recursos.
A esta irregularidad se suma la compra de una camioneta RAM 1500 SLT V6 4x4 modelo 2023, supuestamente destinada al Instituto Municipal del Deporte, pero que nunca fue incorporada al inventario oficial, un hecho que para la Auditoría representa una omisión grave y una señal de posible simulación administrativa.
El tercer caso observado corresponde al contrato de mantenimiento de alumbrado público celebrado en 2024, del cual el gobierno municipal tampoco presentó pruebas mínimas como fotografías, bitácoras o reportes técnicos que acrediten la realización de los trabajos. El servicio fue asignado a las empresas Trafficlight y Engintra, proveedoras recurrentes del ayuntamiento entre 2022 y 2024, sin que exista constancia verificable de los resultados.
Por estos dos últimos contratos, la ASF exige aclarar el destino de 38.2 millones de pesos, monto que refuerza la percepción de una administración caracterizada por la improvisación, la falta de controles internos y el uso discrecional de recursos públicos.
Las observaciones federales colocan al gobierno de Adán Domínguez como un ejemplo de gestión deficiente, donde se firmaron contratos millonarios sin verificar entregables ni cuidar el patrimonio municipal, dejando ahora a exfuncionarios la tarea de explicar lo que debió estar claro desde el primer día: en qué y cómo se gastó el dinero de los poblanos.
