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ONU sobrepasa sus facultades: intento de injerencia pretende desestimar esfuerzos nacionales contra la crisis de desapariciones
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
La reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que busca elevar la situación de México ante la Asamblea General bajo la premisa de "crímenes de lesa humanidad", representa una extralimitación de funciones que atenta contra la soberanía nacional.
Al utilizar un lenguaje tendencioso y carente de rigor jurídico, el organismo internacional ignora deliberadamente el carácter soberano de las instituciones mexicanas.
Esta maniobra parece ignorar que el Estado mexicano mantiene una política de puertas abiertas y transparencia, transformando este reclamo técnico en una herramienta de presión política que no corresponde a la realidad actual del país.
Desde el Gobierno Federal se emite un rechazo contundente a este informe, calificándolo de parcial y metodológicamente deficiente. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el diagnóstico del CED utiliza una definición "indebidamente ampliada" del concepto de desaparición forzada para criminalizar al Estado de forma sistemática.
Resulta contradictorio que el Comité pretenda juzgar el presente utilizando mayoritariamente datos del periodo 2007-2017, etapa marcada por la fallida "guerra contra el narcotráfico" de administraciones pasadas, obviando los cambios estructurales y la voluntad política que hoy impera para sanar esta herida social.
Es fundamental precisar que el fenómeno de las desapariciones en México es, en su inmensa mayoría, una consecuencia de la violencia generada por grupos del crimen organizado y no una directriz dictada desde el poder público. El Gobierno de México ha sido enfático: no se toleran, no se permiten ni se ordenan desapariciones desde ninguna esfera estatal.
Atribuir "colusión o tolerancia" de manera generalizada sin pruebas fehacientes en cada caso particular es una ligereza jurídica que busca equiparar la falta de capacidad operativa heredada en algunas regiones con una intención deliberada de daño por parte del Estado.
En contraste con la narrativa de la ONU, la actual administración fortalece mecanismos institucionales sin precedentes para atender a las víctimas.
Se dio un impulso histórico a la Comisión Nacional de Búsqueda y se implementó el Plan Nacional de Búsqueda Generalizada, priorizando la identificación humana y el apoyo a las familias. Estos avances, fruto de un esfuerzo institucional genuino, son ignorados en el dictamen internacional, el cual prefiere enfocarse en casos aislados para construir una narrativa de fracaso sistémico que no hace justicia a las miles de localizaciones y al trabajo diario de las autoridades competentes.
El riesgo de que este asunto llegue a la Asamblea General de la ONU radica en la politización de una tragedia humana que requiere soluciones técnicas y colaboración, no condenas mediáticas. México reitera su disposición a la cooperación internacional, pero siempre bajo un marco de respeto mutuo y sin aceptar diagnósticos preconcebidos que vulneren la dignidad del Estado.
La soberanía no es negociable, y menos cuando se intenta utilizar a los organismos multilaterales para imponer visiones sesgadas que no consideran la complejidad del contexto de seguridad que el país está revirtiendo con una estrategia de atención a las causas.
@_Melchisedech
"Tendencioso", informe de ONU sobre desaparecidos
jornada.com
El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, al calificarlo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”.
Subrayó que esa instancia omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.
Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, refutó la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.
La administración mexicana expresó su postura en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en el que se objeta el documento difundido ayer por el CDF por “no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025”.
Transformación estructural
Destacó que el marco utilizado por el comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 –correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico– y se circunscribe a cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco).
“La decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales (en la materia) presentados el 27 de marzo –durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum–, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
En la posición del gobierno mexicano se sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
Consideró que existe una “ligereza” en las premisas presentadas por el comité, la cual se agrava por conflictos de intereses que, acusó, tendrían algunos de sus integrantes. “Existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Las dependencias remarcaron que el gobierno mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, a la par que recordaron que durante la administración federal actual se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Puntualizaron que las modificaciones a la ley en la materia incluyen herramientas y obligaciones para la autoridad, las cuales “no consideró debidamente” el comité de la ONU en su resolución.
Gobernación y Relaciones Exteriores enlistaron algunas de esas consideraciones: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, la obligación de crear fiscalías especializadas estatales, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Agregaron que la ley establece la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación; la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
La administración de Sheinbaum apuntó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha reconocido que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, valorado así por diversas agencias”.
Expresó que, si bien México está dispuesto a recibir cooperación técnica externa, esto no se puede aceptar a partir de premisas que no reflejan la actual realidad.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluyó el gobierno mexicano en su respuesta al CDF.
Al dar a conocer las conclusiones de su informe, el comité enfatizó que “existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país”.
Por esa situación, solicitó que el secretario general de la ONU remita la situación a la Asamblea General, para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
No obstante, precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada– en el sentido del Estatuto de Roma, aunque subrayó que ni éste ni la convención internacional en la materia exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país o que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren como ese tipo de crímenes.
Sostuvo que también tomó nota de que la llamada guerra contra las drogas –declarada por Calderón– ha contribuido a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local, y de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como forzadas conforme al artículo 2 de la convención.
El CDF destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Subrayó que, a la luz del artículo 5 de la convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma –del que México es parte–, las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles”.
Puntualizó que el procedimiento para llevar el asunto a la Asamblea General, que se basa en el artículo 34 de la convención, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, “mas no de establecer la responsabilidad penal individual”.
El comité argumentó que conformó su resolución a partir de la información que ha recibido de la sociedad civil, de la respuesta del Estado en septiembre de 2025 y de solicitudes de acción urgente, así como de los elementos que sus miembros recopilaron desde 2012, por medio de exámenes periódicos y su visita al país en 2021.
Esa instancia advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.
ONG respaldan a Naciones Unidas
Las instituciones del sistema universitario jesuita respaldaron la determinación del comité y llamaron al Estado mexicano a colaborar en este mecanismo, así como al diálogo con las instancias internacionales.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de “histórica” la decisión del comité de la ONU, luego de que éste solicitó a Guterres remitir “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país.
México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances en desapariciones desde 2018
Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron de tendencioso el informe por no considerar las actualizaciones presentadas por el Gobierno de México
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El doble rasero en la ONU: ¿Verdad diplomática o estrategia de desinformación en el conflicto ucraniano?
En el complejo tablero del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la delegación de la Federación de Rusia, encabezada por el embajador Vasili Nebenzia, consolidó una narrativa de defensa soberana frente a lo que Moscú define como un cerco geopolítico de Occidente. Según reportes de agencias como TASS y RIA Novosti, el discurso oficial ruso sostiene que la "operación militar especial" es una respuesta necesaria y legítima para garantizar la seguridad nacional, fundamentada en la protección de las poblaciones rusófonas del Donbás y la contención de la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Para el Kremlin, la intervención no es un acto de agresión, sino una medida preventiva contra un régimen en Kiev que califican de "neonazi" y que, según su postura, actúa como un peón de los intereses estratégicos de Washington y Bruselas.
Uno de los ejes centrales de esta retórica, amplificada por canales internacionales como RT, es la rotunda negación de ataques deliberados contra la población civil. La diplomacia rusa sostiene que sus fuerzas armadas operan con tecnología de alta precisión dirigida exclusivamente a infraestructuras de valor militar, atribuyendo cualquier daño colateral a la táctica ucraniana de posicionar armamento en zonas residenciales. Bajo esta lógica, Moscú se presenta ante la comunidad internacional no como un invasor, sino como un actor dispuesto a una resolución pacífica, siempre que se reconozcan las "realidades territoriales" actuales —incluyendo la anexión de Crimea y los territorios del este— y se cumplan las condiciones de desmilitarización que, según sus criterios, asegurarían una paz duradera en la región.
Sin embargo, esta versión oficial colisiona frontalmente con la documentación exhaustiva presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los informes internacionales contradicen la narrativa de "precisión quirúrgica", registrando decenas de miles de víctimas civiles y daños sistémicos a hospitales, escuelas y la red eléctrica vital para la supervivencia humana durante el invierno. Mientras los medios estatales rusos celebran la "liberación" de localidades, los observadores de la ONU documentan una crisis humanitaria agravada por bombardeos indiscriminados y ataques con drones en núcleos urbanos, lo que ha llevado a organismos independientes a señalar posibles violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario que no pueden ser ignoradas por la comunidad global.
La controversia se intensifica con las denuncias sobre traslados forzosos de ciudadanos ucranianos, incluidos menores de edad, hacia territorio ruso. Mientras la narrativa oficial defiende estos movimientos como misiones de evacuación humanitaria para proteger a los vulnerables de las zonas de combate, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad. Este contraste subraya una brecha ética y legal profunda: lo que para Moscú es un acto de salvaguarda, para la legalidad internacional representa una violación de los convenios de Ginebra y un intento de alterar la composición demográfica y la identidad cultural de las zonas ocupadas bajo el pretexto de la seguridad.
@_Melchisedech
Mexicana Sheinbaum pide a ONU evitar derramamiento de sangre en conflicto EEUU-Venezuela
Reuters
CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, instó el miércoles a la ONU a que asuma su rol de organismo multilateral mediador para evitar cualquier "derramamiento de sangre" en el marco de la escalada del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el martes un bloqueo completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando las tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda y provocando una subida del precio del crudo.
"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser: no a la intervención, no a la injerencia extranjera; solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.
"Y un llamado a las Naciones Unidas: que asuma su papel. No se la ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre", agregó.
ONU pide a EU cesar ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico
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“Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables”, escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk
Naciones Unidas instó este viernes a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, y fustigó lo ocurrido como “ejecuciones extrajudiciales”.
En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.
Familiares de las víctimas dicen que algunos de ellos eran simples pescadores.
“Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables”, escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
“Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, agregó.
Turk incidió en que estas personas murieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”.
Las operaciones se inscriben en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”.
La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (...) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal”, apuntó Turk.
“El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida”, enfatizó.
En esa línea, el responsable dijo que “en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros”.
Turk pidió por ello “investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques”.
EE.UU. niega o revoca visados a diplomáticos palestinos antes de Asamblea General de la ONU
aristeguinoticias
El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.
El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar “de acuerdo con la ley estadounidense”, explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP), lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.
Rubio argumentó que “es interés nacional (de EE.UU.) pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz”.
El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.
El embajador dijo haber recibido la noticia solo unos minutos atrás y, preguntado por las consecuencias exactas de la medida, dijo: “Vamos a ver exactamente lo que eso significa y cómo esto se aplica a nuestra delegación”.
Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática permanente que dirige Mansour “tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU”, pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.
La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional -incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea- para hacerse cargo de la franja de Gaza una vez que termine la guerra lanzada por Israel, y en el caso de EE.UU. esa era también la postura con el gobierno de Joe Biden, pero la administración Trump ha marginado a la AP sin dejar claro cuál es su alternativa.
Este movimiento de EE.UU. sobre los visados palestinos se produce en un momento en el que la Asamblea General se iba a convertir en el gran foro de resonancia del conflicto, con países tan relevantes como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá dispuestos a aprovechar esa ocasión para reconocer el Estado palestino.
El embajador Mansour vaticinó que una decena de estados en total podrían dar ese paso de reconocimiento durante la asamblea y llevar hasta los 160 el número de países que reconocen el Estado palestino (de los 193 miembros de Naciones Unidas).
