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Nacho Mier: complicidad con Rubén Rocha
La caída del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, traerá una implosión de pronóstico reservado al interior de Morena, partido al que le urge una depuración por los delincuentes que han logrado incrustarse para obtener el escudo de la impunidad.
Y será tan grande, que alcanzará a diversos políticos con los que Rocha tuvo tratos inmorales con alto valor de corrupción.
En Puebla, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velasco, es la viuda más visible porque recibió diversas prebendas del gobernador sinaloense incrustadas en sindicatos y contratos de seguridad.
En donde quiera que aparece y mencionan el nombre de Nacho Mier, comienza a supurar algo inusual: corrupción con delincuencia. Su medio de comunicación que utilizan para extorsionar, homicidios en el municipio que gobernó su hijo, relación cercana con liderazgos del crimen organizado que extraen hidrocarburos, hermandad con el líder nacional de La Barredora, Adán Augusto López y ahora su cercana relación con Rocha, señalado por los Estados Unidos por participar en diversas actividades delincuenciales.
Todos saben que era el coordinador de la fallida campaña del delincuente con fuero Adán Augusto Hernández, uno de los principales enemigos del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Nacho Mier no podrá aspirar jamás a la candidatura a la gubernatura de Puebla porque su carrera política está gestada entre la corrupción y los escándalos.
La propia líder nacional de Morena Ariadna Montiel Reyes lo advirtió: quien haya ganado una candidatura y esté relacionado con algún acto de corrupción, perderá de inmediato esa candidatura.
Y no precisamente es un mensaje que se le haya ocurrido, lo consultó con la Presidenta Sheinbaum porque ya están hartos de los “nachitos” en Morena.
EE.UU. acusa a Rubén Rocha y nueve funcionarios por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa
unotv
Este miércoles 29 de abril de 2026, autoridades de Estados Unidos anunciaron cargos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La investigación apunta directamente a altos niveles de gobierno en Sinaloa, destacando el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa durante años. Las acusaciones incluyen tráfico de drogas, uso de armas y actos de violencia, lo que podría escalar tensiones en la relación bilateral en materia de seguridad.
EE.UU. acusa a Rubén Rocha y funcionarios por narcotráfico
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios, fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Las autoridades estadounidenses señalan que los acusados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y apoyo político.
Entre los implicados también figuran funcionarios de seguridad y procuración de justicia, quienes presuntamente protegieron operaciones del cártel, filtraron información sensible y facilitaron el traslado de droga hacia Estados Unidos.
Junto al gobernador aparecen otros nombres como:
Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán
Vínculos con “Los Chapitos” y protección institucional
La acusación detalla que los funcionarios habrían trabajado de cerca con la facción del cártel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”.
Según la investigación, Rocha Moya habría sido beneficiado electoralmente por este grupo y, a cambio, sostuvo reuniones donde prometió permitir sus operaciones sin interferencia. Desde su cargo como gobernador, habría facilitado que el grupo operara con impunidad en Sinaloa.
Otros acusados habrían recibido pagos mensuales para proteger a integrantes del cártel, evitar detenciones y alertar sobre operativos. Incluso, algunos habrían participado directamente en actos de violencia, incluidos secuestros y homicidios.
Reacción de autoridades de EE.UU.
El fiscal estadounidense Jay Clayton aseguró que estas acciones muestran cómo el cártel opera con apoyo de funcionarios corruptos. Por su parte, la DEA afirmó que esta red permitió el flujo constante de drogas hacia Estados Unidos.
Las autoridades reiteraron que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
El caso forma parte de una serie de investigaciones iniciadas desde 2023 contra integrantes del Cártel de Sinaloa y sus redes de apoyo.
El proceso judicial continuará en Estados Unidos, mientras se desconoce la postura oficial del Gobierno mexicano.
Los 10 acusados por la justicia de Estados Unidos
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de 76 años, es señalado por conspiración para importar narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De acuerdo con los cargos, podría enfrentar cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa, de 53 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, de 50 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de 54 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, de 54 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, de 45 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, de 66 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, de 55 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, de 41 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, de 35 años, es acusado de conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer este delito. Enfrenta cadena perpetua obligatoria.
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