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Obra inflada y vieja política: Guadalupe Cuautle convierte la “Radial a Cuayantla” en símbolo del despilfarro en San Andrés Cholula
Gabriela García Guzmán
El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, calificó la obra de la Radial a Cuayantla de San Andrés Cholula como un ejemplo claro de derroche, propio de los viejos gobiernos del PRIAN, incapaces —dijo— de entender que los tiempos cambiaron y que hoy se exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso del dinero público.
“Casi 40 millones de pesos por kilómetro. Eso es inaceptable. Son estilos de gobierno que creen que todavía se puede inflar obras y beneficiar a constructoras como en el pasado”, dijo.
Esto luego de que se exhibiera a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, realizando evidente sobrecosto de la obra denominada “Radial a Cuayantla”, un proyecto de apenas 2.7 kilómetros que tendrá un costo de 80 millones de pesos, lo que equivale a casi 40 millones por kilómetro, una cifra que ha despertado indignación ciudadana y fuertes críticas desde el Gobierno del Estado.
El coordinador del Gabinete recordó que el año pasado la alcaldesa presentó un paquete de obras para apenas ocho o diez calles, solicitando al Gobierno del Estado casi mil millones de pesos. Una propuesta que fue rechazada por absurda, financieramente inviable y carente de sentido social.
“Mil millones de pesos para ocho calles. Esa era su lógica. Así no se gobierna y así no se administra el dinero de la gente”, sentenció.
García Parra advirtió que las denuncias por el posible inflado de costos en la Radial a Cuayantla podrían formalizarse ante la Auditoría Superior del Estado, por lo que el proyecto deberá ser investigado y revisado a fondo. Afirmó que no se trata de persecución política, sino de poner un alto al uso discrecional de los recursos públicos.
Además, acusó que desde el gobierno municipal se intenta construir una narrativa de victimización con fines electorales, para encubrir decisiones cuestionables y desviar la atención del fondo del problema: el mal manejo del dinero público.
El funcionario recordó que la administración anterior de San Andrés Cholula, que dejó en el cargo a Cuautle Torres, arrastró observaciones millonarias por parte de la Auditoría Superior, mismas que siguen abiertas. Incluso, señaló que el propio gobernador impulsó un plazo extraordinario para que exautoridades solventaran irregularidades, una oportunidad que no puede repetirse indefinidamente.
“Se les dio tiempo, se les dio margen y aun así persisten los excesos. Las irregularidades van a salir a la luz en este o el próximo mes”, advirtió.
Para el Gobierno del Estado, el caso de la Radial a Cuayantla no es un error menor, sino una alerta clara de cómo algunos gobiernos municipales siguen anclados en prácticas del pasado, donde las obras públicas se convierten en negocios y no en soluciones reales para la población.
Exigen a Guadalupe Cuautle respetar derechos de comunidades indígenas
Gabriela García Guzmán
La titular del Instituto Poblano para los Pueblos Indígenas (IPPI), Apolinaria Martínez Arroyo, lanzó un llamado enérgico al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por Guadalupe Cuautle, para que cumpla con su obligación legal de incluir a las comunidades originarias en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
Advirtió que no se trata de una concesión política, sino de un derecho reconocido por la ley y respaldado por tratados internacionales, que obliga a las autoridades municipales a consultar y tomar en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas.
“Los planes municipales son distintos a los estatales. Nosotros apoyamos cuando nos piden respaldo para las comunidades, pero es responsabilidad del municipio realizar la consulta. Si nos buscan, acudimos con mucho gusto, pero el trabajo corresponde a ellos”, señaló.
La funcionaria estatal dejó claro que el Ayuntamiento no puede seguir ignorando a las comunidades indígenas que habitan el municipio, pues su exclusión no solo representa una falta de respeto, sino una violación directa a sus derechos colectivos.
Diversos representantes comunitarios han denunciado que el gobierno municipal ha mostrado desinterés por atender sus demandas, priorizando intereses políticos y económicos sobre las necesidades históricas de los pueblos originarios.
El llamado del IPPI es contundente: San Andrés Cholula debe rectificar y abrir espacios reales de participación para las comunidades indígenas en su Plan Municipal de Desarrollo, dejando atrás prácticas discriminatorias y excluyentes que perpetúan el rezago y la marginación.
