Los secretarios de Finanzas de los sexenios morenovallista y barbosista, son los responsables del actual hoy financiero en el Estado de Puebla, sentenció Anselmo Chávez Capó.

El especialista en Finanzas y Economía de la UPAEP, el doctor Anselmo Chávez Capó, alertó que los recursos perdidos por una retención anómala del ISR en el sexenio de Rafael Moreno Valle y la inversión de 600 millones de pesos en una institución financiera en quiebra, representan un hoyo financiero, el cual se da en el peor momento económico.

Para dar contexto, explicó que un hoyo financiero es un fenómeno económico en el que puede incurrir un gobierno o cualquier ciudadano, ya que hace referencia "a una situación en la que los gastos van a superar los ingresos y esos hoyos los tenemos todos, desde persona física, hasta los estados".

Es decir por una parte, con la gestión fallida de la devolución o retención del gobierno estatal morenovallista del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que resultó en una multa que pasó de 600 millones de pesos a más de 2 mil 600, se pierde un recurso que tenía destino y ahora se debe pagar de manera imprevista, como una deuda. 

Por otra parte, con la inversión del gobierno de Miguel Barbosa y que ascendió a 600 millones de pesos en una institución financiera “patito” que quebró, ahora se tienen 600 millones de pesos menos, los cuales tenían un destino en el presupuesto gubernamental.

Por ello, entre ambos casos, ahora el estado tiene un hoyo financiero de 3 mil 200 millones de pesos, entre lo que se tiene que pagar a Hacienda y lo que se perdió en dicho fondo de inversión. 

"En el gobierno ya tenemos un presupuesto comprometido en gastos corrientes como salarios y servicios, pero al ya no contar con él, tenemos que hacer frente a esta pérdida con un préstamo y esto en un contexto con tasas de interés muy altas, lo cual representa que el estado no sólo lo tiene que buscar en algún lugar el dinero para pagar ese préstamo, sino pagar además los intereses derivados del mismo”.

El peor momento

Lo anterior, señaló el académico, se da en el peor momento económico en la situación geopolítica actual, en la que los estragos de la pandemia en la economía y el encarecimiento de energéticos por la guerra en Ucrania y la guerra económica entre Estados Unidos y China, han generado un escenario de recesión, donde para controlar la inflación, han subido de forma importante las tazas de interés crediticio. 

-¿Esto pasa en el peor momento?

-Es correcto, porque todo esto se dió cuando la pandemia estaba azotando con todo, e inicia la guerra en Ucrania". 

Y esto es grave ya que Chávez Capó no descartó que, a pesar de recortes y ajustes, el gobierno estatal, a cargo de Sergio Salomón Céspedes, lo más seguro es que tenga que recurrir al crédito y aumentar la deuda pública del estado, la cual asciende a más de 75 mil millones de pesos, con lo cual los intereses terminarían por erosionar las finanzas de la entidad. 

Recuperarán una miseria

Por el lado de los recursos invertidos en Banco Accendo por el gobierno de Miguel Barbosa, el académico dio por perdida la gran mayoría de dichos recursos. 

De entrada señaló que, a través del IPAB, según los cálculos, el gobierno poblano solo podrá recuperar menos del 0.5 por ciento de la inversión inicial de 600 millones de pesos, "es decir, se va a poder recuperar poco más de 3.1 millones de pesos", como parte de los procesos y normas para instituciones bancarias en quiebra.

Añadió que la inversión del gobierno poblano en Banco Accendo está protegida por 400 mil UDIs, lo cual equivale a los mencionados 3 millones 112 mil pesos de pesos.

En cuanto a recuperar más recursos de dicha inversión por concepto del reparto de bienes de la institución en quiebra, el académico auguró que será un proceso largo, complejo jurídicamente y con resultados inciertos de cuánto podría recuperarse, por lo que dió por perdida la mayoría parte de esta inversion.

Los culpables 

De entrada señaló que los responsables son los gobernadores en turno y los secretarios de Finanzas (Barbosa está muerto), quienes fueron los operadores de ambos movimientos. 

Sin embargo, los dos titulares del Ejecutivo local en cuestión fallecieron, por lo que no tiene sentido señalar responsabilidades y mucho menos sanciones, solo para quienes viven.

No así el caso de los secretarios de Finanzas de ambas administraciones, Roberto Moya Clemente, en el sexenio de Rafael Moreno Valle de 2011 a 2016 y María Teresa Castro Corro, en el caso de Miguel Barbosa quien gobernó de 2019 a 2022.

En relación a la retención de recursos del ISR del gobierno morenovallista a la federación al gestionar una posible devolución del mismo que se realizó mediante un despacho externo, Chávez señaló que el responsable directo fue el secretario de Finanzas de aquel entonces Roberto Moya Clemente. 

"El cumplimiento de las obligaciones fiscales en la entidad son sobre todo atribuibles al titular de cubrir las mismas y en este sentido hablamos del titular de Finanzas como eventualmente el gobernador", dijo.

Añadió que lo importante es saber "en qué momento y argumento el gobierno de entonces encontró factible la posibilidad de quedarse con ese dinero y se consideró la posibilidad de poder recuperarlo". 

Añadió que otro problema es que en algún momento Hacienda debió notificar que el proceso de devolución no procedía y la necesidad de regresar el dinero, lo cual marca una doble negligencia del funcionario estatal, quien al no acatar la negativa de Hacienda y mantener el recurso, generó una gran cantidad en multas y recargos, ya que de casi 700 millones de pesos de impuesto que se quiso recuperar, al final se terminará pagando 2 mil 200 millones de pesos.

Por otra parte, advirtió que también hay responsabilidad de la actual Titular de finanzas en este caso, ya que en 2018, luego de ser notificada por Hacienda, omitió iniciar con el proceso de pago, lo cual resultó en más intereses. 

En cuanto a la inversión de riesgo que se hizo por la primera administración de este sexenio, por 600 millones de pesos en Banco Accendo, recientemente declarada en quiebra, señaló también como responsable al titular en turno de la Secretaría de Finanzas, en este caso Teresa Castro Corro.

Al respecto señaló que para el momento en que se hace la inversión ya había información de la situación de riesgo que atravesaba dicha institución bancaria la cual se quedó sin capital de fondo para cubrir los pagos a sus deudores, así como préstamos a sus solicitantes. 

Por ello deberá estar sujeta a lo que marca la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos por realizar una inversión de alto riesgo.