Los integrantes de la XL Legislatura, concretamente de la coalición Juntos Haremos Historia, continúan con las investigaciones hacia el ex auditor Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, por no revisar el 60 por ciento de obras construidas en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, sobre todo las más costosas.

Gabriel Biestro Medinilla Presidente de la Junta Local de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, dijo que el gran número de proyectos sin auditar apunta a un solapamiento intencional que rayaría en lo ilegal. La omisión también es un delito.

Dejó claro que no quedará impune la omisión del ex auditor, designado el 30 de abril como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.

La Comisión Inspectora del Congreso del Estado, el pasado viernes, reveló que Villanueva Lomelí no revisó el 60.3 por ciento (5 mil 299) de las 13 mil 332 obras que se llevaron a cabo en los ocho años de gobiernos panistas.

Gabriel Biestro vio también sospechosa la omisión de auditorías y consideró que se deben deslindar responsabilidades. Si se comprueba el solapamiento intencional, el también representante de la bancada de Morena, advirtió que es posible la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos.

La Constitución del Estado de Puebla prevé para los funcionarios culpables de anomalías la amonestación, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación de varios años para ejercer otro cargo público. En el artículo 125, un ex auditor puede ser juzgado incluso un año después de haber dejado el cargo y las sanciones pueden validarse hasta un año después de abrirse la investigación.

Violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de fondos y recursos del estado, actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, actos de corrupción o actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia son algunos motivos por los que se puede castigar a un servidor público.

ntes de diversas colonias del sur de la ciudad, me manifestaron su intención por trabajar en conjunto para sacar adelante esta zona".