Participación de autoridades en abusos, arrestos arbitrarios, tortura y violencia contra periodistas, son algunos de los problemas más graves de México en materia de derechos humanos, de acuerdo con el documento Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos de 2016, publicado por el Departamento de Estado de EU.
Entre las violaciones a derechos humanos en México, el informe menciona la participación de policías y militares en abusos como asesinatos, tortura y desapariciones, así como la corrupción en el sistema legal. También destaca los homicidios, secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado contra periodistas, ciudadanos y defensores de los derechos humanos.
El documento señala, además, que en el país persisten arrestos arbitraros, violencia contra los migrantes e indígenas, agresiones contra la comunidad LGBT y trabajo infantil.
“La impunidad de los abusos a los derechos humanos continúa como un problema a través del país con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento de todas las formas de delitos“, agrega el informe.
El documento menciona las ejecuciones extraoficiales cometidas por militares y policías en Tanhuato, Michoacán; Calera, Zacatecas y Tlatlaya, Estado de México.
Además, denuncia los asesinatos cometidos por grupos criminales e informa que de enero a agosto de 2015 “las autoridades descubrieron más de 724 cuerpos en varias fosas clandestinas a lo largo del país”.
El documento denuncia que raramente hay investigación, enjuiciamiento y sentencias por el delito de desaparición. “Hubo muchos reportes de desaparición forzada por parte de fuerzas de seguridad. Hay numerosos casos de desapariciones relacionadas a grupos criminales. En su recolección de datos, el gobierno a menudo juntó personas desaparecidas con personas extraviadas, haciendo difícil recolectar estadísticas correctas sobre la extensión del problema“, agrega.
El secuestro “sigue siendo un problema serio para personas de todos los niveles socioeconómicos, y hubo reportes creíbles de involucramiento de policías en secuestros por rescates, a menudo a nivel estatal y local”.
El Departamento de Estado también asegura que pese a que la tortura está prohibida por la ley, hay reportes de su uso por parte de oficiales gubernamentales para obtener confesiones. “No hay un registro nacional de casos de tortura y existe falta de datos en casos de tortura a nivel estatal”, detalla.
Sobre la libertad de expresión y prensa, “el gobierno generalmente respetó estos derechos” afirma el reporte, pero posteriormente señala que “perpetradores de violencia contra periodistas continuaron con impunidad, con pocos reportes de investigación, arrestos o enjuiciamientos exitosos de sospechosos”.
“Observadores creen que el crimen organizado está detrás de algunos de estos casos, pero ONG’s afirmaron que hubo casos en los que autoridades del gobierno local participaron o condonaron estos actos”, expresa el documento.
