De la lista que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer sobre quiénes serán sus representantes en los estados en materia de política social, se desprende que el político tabasqueño sumó a su equipo a políticos que perdieron elecciones para gobernador, para senador y a figuras que han sido acusadas por el gobierno de Estados Unidos de pertenecer a redes de lavado de dinero del narcotráfico.

Apenas había pasado una semana de la elección presidencial cuando un anuncio de Andrés Manuel López Obrador encendió las alertas de los gobernadores, de las organizaciones ciudadanas y de los partidos que serán de oposición en el próximo sexenio.

Marcado como una acción prioritaria en cuanto asuma la Presidencia de la República, el plan del político tabasqueño –hasta ahora sin detalles– pretende la reestructuración del aparato gubernamental que cambiará su operación en las entidades federativas, donde históricamente han existido delegaciones y representaciones federales, es decir, oficinas a cargo de un funcionario que tiene a su disposición el personal necesario para implementar programas y políticas públicas del gobierno federal. Se trata de una especie de despachos que representan a cada dependencia y entidad gubernamental.

De acuerdo con una consulta que hizo Proceso al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, existen al menos 251 dependencias o entidades gubernamentales que –entre delegaciones y representaciones– suman 2 mil 268 cargos públicos que desaparecerán para que sus funciones sean asumidas por 296 personas (32 coordinadores estatales y 264 regionales) que, a su vez, estarán bajo el control directo del próximo presidente.

Fue ambigua la declaración que hizo López Obrador el pasado 8 de junio, pero dejó ver que se trata de una persona (coordinador) que concentrará todas las funciones relacionadas con la política social y que para llevar a cabo dicha tarea contará, a su vez, con un coordinador por cada entidad federativa.

Gabriel García Hernández es la cabeza de dicho plan. De perfil bajo, se sabe que es muy cercano al presidente electo. Debido a que hay pocos rastros públicos sobre su trayectoria, este semanario buscó reacciones del futuro líder de los coordinadores estatales, pero el equipo de comunicación de la Oficina de Transición explicó que no daba entrevistas. A su vez, el encargado de dicha área, César Yáñez, sólo respondió que no había comentarios.

En esta semana que termina, una decena de gobernadores expresó su inconformidad con el anuncio del tabasqueño. Su señalamiento concreto es que la medida del próximo presidente de México centralizará el poder, atentando contra el pacto federal.

El anuncio del presidente electo debe pasar por una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al igual que los programas nuevos o vigentes que operará. Sin embargo, hasta el momento, no se ha hecho pública una propuesta en ese sentido y no se sabe qué áreas serán condensadas ni qué delegaciones y representaciones se mantendrán.

La posición de los gobernadores tiene de dónde asirse. En una entrevista que publicó el diario Reforma el mismo 8 de junio, Irma Eréndira Sandoval, propuesta por López Obrador como próxima secretaria de la Función Pública, dijo que se trataba de desburocratizar la administración pública para contar con una estructura más eficiente y que tenga mayor proximidad con la ciudadanía.

Sandoval también adelantó las características que deberán tener los coordinadores estatales: perfiles de alto nivel con trabajo de campo y el mérito de haber marchado con Morena desde que nació como Movimiento de Regeneración Nacional. En resumen, se trata de crear una estructura federal que reemplace a la actual mediante lopezobradoristas probados que controlarán los programas sociales.