Este proyecto de ley ha sido ampliamente criticado por organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por cientos de organizaciones de la sociedad civil; entre ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las que integran #SeguridadSinGuerra. Sin embargo, la clase política, al menos en la Cámara de Diputados, decidió hacer oídos sordos de las distintas voces ciudadanas, activistas y de expertos que señalaron los peligros de esta ley. A puerta cerrada las y los diputados aprobaron un dictamen que pretende dar al ejército y la marina facultades de policías -tareas que no están capacitados para hacer, pero que llevan haciendo por años- sin establecer criterios claros, límites de tiempo, ni controles para verificar el cumplimiento de los Derechos Humanos. Básicamente, pavimentando el camino para la militarización como política de Estado.
Lo anterior es especialmente grave en un país en el que llevamos inmersos más de 10 años en una crisis de seguridad que ha traído consigo alrededor de 200,000 homicidios (suficientes para bajar la esperanza de vida entre los hombres) y más de 30,000 personas desaparecidas. A lo largo de esta última década la principal estrategia planteada por el gobierno federal ha sido el despliegue de fuerzas armadas, a pesar de que múltiples investigadores han apuntado que la militarización del país está relacionada con el aumento en la violencia.
Asignar las tareas de seguridad pública al Ejército y la Marina es provocado por (y refuerza) el debilitamiento institucional de las policías. El crimen organizado controla de facto a las fuerzas de seguridad en muchos estados. El gobierno federal y local, en vez de trabajar en reforzarlas y depurarlas, prefiere hacerlas a un lado y entregar sus funciones directamente al Ejército y Marina. Funciones que no están creadas para ejecutar. Esto ha dado pie a un sinnúmero de violaciones de derechos humanos.
En este sentido cabe preguntarse: ¿de qué sirve que la sociedad civil y la academia hayan generado investigación, evidencia y recomendaciones si la clase política hace oídos sordos? ¿Por qué iniciativas como #SeguridadSinGuerra tienen que hacer esfuerzos heroicos para hacerse escuchar en el Congreso que debería representar a las personas? Nos encontramos frente al problema más grande y urgente que ha enfrentado el país en décadas y al mismo tiempo contamos con una clase política cerrada que no quiere que la ciudadanía forme parte de las discusiones. Esto demuestra que ellos son incapaces de proponer debates a la altura que la situación amerita.
Hace unos días López Obrador declaró, sobre el tema de seguridad, que valoraría explorar varias posibilidades, entre ellas la amnistía. Inmediatamente la respuesta por parte del resto de la clase política se concentró más en encontrar adjetivos para descalificar a AMLO, que en iniciar una verdadera discusión sobre otras alternativas al modelo actual y fracasado de seguridad. Independientemente de si uno pueda estar a favor o en contra de la amnistía, o de que haya sido una improvisación, es realmente preocupante la nula disposición y capacidad de quienes dicen representarnos para iniciar un debate y explorar otras vías. Se nos pinta como que solo podemos elegir entre los militares o la delincuencia y esto no es así.
Se han dejado fuera de la discusión vías como la legalización y justicia transicional, pero, sobre todo, se ha dejado de fuera a las personas, academia y organizaciones de la sociedad civil, a quienes sólo llaman a foros, pero no a los espacios de discusión, propuesta y diseño de legislación (como debería funcionar un verdadero parlamento abierto).
El día de hoy, el Senado elegirá entre comenzar una discusión más amplia e informada sobre la política de seguridad de nuestro país, una que la sociedad civil pueda acompañar; o seguir el camino de la Cámara de Diputados, un camino que niega toda evidencia y hace oídos sordos a las voces de miles personas que decimos que el camino para la paz no es la violencia.
Con información de sopitas
