Donald Trump ha logrado su primera victoria parlamentaria en el terreno que más le gusta pisotear: la inmigración. La Cámara de Representantes ha aprobado dos leyes que materializan sus proclamas más extremas. Un mazazo doble que, si el Senado lo confirma, elevará hasta 10 años de cárcel la condena a los indocumentados que insistan en regresar a EEUU tras su deportación, y que también le permite retirar fondos a las ciudadades santuario, ese gran foco de resistencia a su política migratoria.
Trump necesitaba un éxito. No importaba que fuese pequeño o provisional. En las últimas semanas no ha logrado marcar con claridad sus pasos en la arena parlamentaria. La reforma del sistema sanitario no encuentra mayoría en el Senado y el prometido recorte fiscal aún no ha superado la fase de borrador. Tiene el control de ambas cámaras, pero la sensación de que el presidente se mueve con excesiva lentitud en el Congreso es generalizada.
La política migratoria no escapa a esta percepción. Aunque en el terreno de lo inmediato han subido las detenciones de indocumentados y se ha reducido el trasiego ilegal en la frontera, las órdenes de Trump se han estrellado con la resistencia de las ciudades santuario. Una constelación de urbes como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, e incluso un Estado como California, que se niegan a cumplir al pie de la letra las peticiones federales en materia migratoria. Frente a las cada vez mayores y más duras exigencias de Washington, evitan las identificaciones indiscriminadas y rechazan entregar indocumentados a las autoridades federales sin orden judicial. Aparte del desacuerdo ideológico, esta actitud tiene una explicación práctica: se trata de poblaciones con enormes bolsas de sin papeles y donde las órdenes de Trump abrirían una brecha insalvable entre los poderes locales y esa masa de ciudadanos (sólo en Los Ángeles viven cerca de 800.000 sin papeles).
La Casa Blanca y el fiscal general, el halcón Jeff Sessions, no han dejado de atacar este frente. Sessions ha calificado a las ciudades santuario de “amenaza para la seguridad pública” y el propio presidente lanzó una orden ejecutiva destinada a retirar fondos a aquellas que no colaborasen. La directiva, como ya viene siendo habitual en la era Trump, chocó con el muro judicial. Un magistrado de San Francisco la bloqueó provisionalmente por su presunta inconstitucionalidad.
Perdido el frente judicial y enfrentado a una creciente resistencia política, la siguiente vuelta de tuerca de Trump ha llegado con la aprobación de dos leyes que, en un país con 11 millones de indocumentados, tiene como fin endurecer sus condiciones de vida. La primera es un obús dirigido a las ciudades rebeldes. La norma, bautizada Ningún santuario para los criminales, que ganó por 228 votos sobre 195, les exige cumplir con las órdenes de arresto federales, por ejemplo, extendiendo la retención de un inmigrante sospechoso 48 horas más de lo que establece la ley penal. En caso de no cooperar, la iniciativa permite retirar fondos a estas urbes y abre las puertas a que las víctimas de delitos cometidos por sin papeles les denuncien.
La otra carga de profundidad es la Ley Kate. Llamada así por el caso de Kate Steinle, muerta a tiros hace dos años en San Francisco por un mexicano con antecedentes que había sido deportado cinco veces, la norma aumenta las penas a quienes reinciden en la entrada ilegal a Estados Unidos. Así, un indocumentado que haya sido deportado más de dos veces y sea sorprendido nuevamente puede enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel. Y si tiene un antecedente por un delito grave o tres faltas basta que vuelva a ser sorprendido una sola vez para una condena similar. Esta ley tuvo apoyo de demócratas y pasó el filtró de la Cámara de Representantes por 257 votos frente a 167. El total de escaños republicanos suma 241 y el de demócratas 194.
Ambas medidas, el ataque a los santuarios y el castigo de los reincidentes, forman parte del núcleo duro del discurso de Trump. Para su presentación ante la Cámara de Representantes, el presidente ha empleado toda su artillería. Se ha reunido con familiares de víctimas, ha presionado a los congresistas y se ha volcado como pocas veces en Twitter.
“Ustedes perdieron a la gente a la que querían porque nuestro Gobierno rehuyó hacer cumplir las leyes migratorias. Durante años, los sabiondos, los periodistas, los políticos de Washington rehusaron escuchar vuestras voces, pero ahora serán oídas en todo el mundo. No murieron en vano”, afirmó Trump en una reunión con parientes de fallecidos por ataques de indocumentados.
Pese a su vehemencia, el éxito en la Cámara de Representantes es sólo provisional. Las leyes tienen aún que sortear el mayor escollo: el Senado. Ahí la mayoría republicana es exigua (52 frente a 48) y los textos corren el riesgo de naufragar. Ya ocurrió el año pasado con la Ley Kate. De volver a pasar, la debilidad parlamentaria de Trump quedaría en evidencia.