Una de las demandas más sentidas de los familiares de personas desaparecidas ha sido la falta de atención oportuna para conocer el paradero y la suerte de sus seres queridos, al emprender la búsqueda e investigación se enfrentan a corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y la colusión de servidoras y servidores públicas con la delincuencia organizada, declaró Sandra Rosas Castillo, candidata a diputada local por el Distrito 16.

La candidata de Morena y PT explicó que México presenta un grave problema de desaparición de personas. Información proporcionada por las fiscalías de los estados, revela que el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas alcanza la cifra de 80 mil 517 personas en el periodo (2006 – 2020).

Las condiciones de desigualdad y pobreza extrema, así como con la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano han dejado una deuda pendiente. La búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una prioridad pública.

En este sentido, la doctora en derecho lanzó en su campaña el reto e iniciativa de compartir los datos de las personas desaparecidas y subirlos a las redes sociales a manera de hacerlo viral y facilitar la localización.

Rosas Castillo recordó que durante años, las familias de las personas desaparecidas enfrentaron la búsqueda de sus seres queridos prácticamente solas; con un limitado o incluso inexistente apoyo institucional, pese a que es obligación de todas las autoridades investigar con la participación activa de las y los afectados.

Para solucionar esta situación, Rosas Castillo impulsará desde el Congreso del Estado:

1.-La creación y fortalecimiento de los mecanismos de protección para los familiares de las personas desaparecidas.
2.-Impulsar políticas públicas que permitan la pronta atención y evite la pérdida del patrimonio de las víctimas directas e indirectas de personas desaparecidas.
3.- Implementar estrategias de coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas.
4.-Colaborar con las autoridades de las entidades federativas para la armonización de su marco normativo.

“Es una obligación que involucra a los tres niveles de gobierno y obliga al Estado Mexicano a trabajar articuladamente para dar una respuesta certera, debemos reconocer que hay avances: en febrero de 2019, existían 10 comisiones locales de búsqueda, al 29 de febrero de 2020, se contaba ya con 30 comisiones locales de búsqueda”, concluyó.