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Contraparte/Staff

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Enrique N., por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio tumultuario, daño en propiedad ajena, lesiones calificadas y delitos cometidos contra funcionarios públicos, derivados de hechos registrados en el municipio de Acatlán.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de agosto de 2018 dos personas fueron aseguradas por elementos de la Policía Municipal y trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública de Acatlán.

Posteriormente, tras difundirse entre pobladores la versión de que los detenidos habrían cometido conductas ilícitas en perjuicio de menores, un numeroso grupo de personas se congregó frente a las instalaciones municipales.

Las indagatorias permitieron establecer que los asistentes causaron daños a inmuebles públicos y ejercieron presión para que las personas aseguradas fueran entregadas. Una vez que fueron sacadas de las instalaciones, presuntamente fueron agredidas físicamente por varios participantes, entre ellos el hoy imputado, quien habría intervenido directamente en los hechos.

Como consecuencia de la agresión colectiva, ambas víctimas perdieron la vida. Derivado de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente en contra de
Enrique N.

Tras su localización, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión y pusieron al imputado a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene acciones permanentes para investigar y esclarecer hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

Aurelia Navarro Niño

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolvió como inoperante la denuncia interpuesta por la regidora Maricruz Bello Nacer, quien acusó a la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas de incurrir en violencia política en razón de género.

En el análisis del juicio 11/2026, los magistrados concluyeron que la actora no presentó elementos suficientes ni datos específicos que permitieran acreditar las presuntas irregularidades, por lo que se confirmó la resolución del Instituto Estatal Electoral que previamente le negó medidas cautelares.

Durante la lectura del fallo, se destacó que la promovente incurrió en señalamientos generales sin precisar hechos concretos que no hubieran sido analizados por la autoridad electoral, lo que derivó en la improcedencia del recurso.

Aunque la regidora sostuvo que se le ha impedido participar plenamente en las actividades del Cabildo y desarrollar su labor en la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, el tribunal determinó que dichas afirmaciones no fueron debidamente acreditadas.

Con esta resolución, el caso queda sin medidas de protección a favor de la denunciante, al no encontrarse elementos jurídicos suficientes que respalden la acusación.

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