Aurelia Navarro Niño

El secretario general de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, informó que será a inicios de 2026 cuando el gobierno municipal defina la ruta jurídica que se seguirá respecto a los inmuebles de propiedad privada que operan de manera irregular como puntos de venta de bebidas alcohólicas.

El funcionario explicó que esta estrategia tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos de propiedad privada, particularmente en Unidades Habitacionales, y la necesidad de frenar la comercialización ilegal de alcohol, la cual se realiza fuera de la reglamentación municipal y genera diversos problemas sociales y de seguridad.

Rodríguez señaló que el ayuntamiento busca implementar un esquema gradual de intervención, con el fin de no vulnerar los derechos de los ciudadanos, pero sí inhibir de manera efectiva estas prácticas.

En ese sentido, detalló que antes de aplicar apercibimientos o sanciones formales, se contempla iniciar con exhortos directos a las familias que incurren en esta actividad, para que cesen la venta irregular de bebidas alcohólicas.

Indicó que estos acercamientos tendrán un carácter preventivo y estarán enfocados en informar a la población sobre las consecuencias legales de operar negocios de este tipo sin permisos, así como en promover el cumplimiento de la normativa vigente. De no atenderse dichos llamados, el gobierno municipal evaluará las acciones legales correspondientes conforme al marco jurídico aplicable.

El secretario general de Gobierno subrayó que el fenómeno de la venta ilegal de alcohol en viviendas ha sido una preocupación constante en distintas zonas de la ciudad, especialmente en conjuntos habitacionales, por lo que resulta necesario construir una estrategia integral que considere tanto el aspecto legal como el social.

Finalmente, Franco Rodríguez reiteró que el Ayuntamiento de Puebla mantiene su compromiso de fortalecer el orden y la legalidad, al tiempo que protege los derechos de los propietarios, y aseguró que cualquier decisión que se tome en 2026 será producto de un análisis jurídico responsable y apegado a la ley.