Si el presidente de México Enrique Peña Nieto quiere recuperar la confianza de los mexicanos y remontar la mala imagen que da su gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas, debe actuar con total firmeza y aplicar la ley en contra de quien haya abusado en su administración.

Esto lo comento porque me parece que es insuficiente la disculpa que ofreció el día de ayer al promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con motivo por  la compra de la Casa Blanca adquirida por su esposa Angélica Rivera, quien pagó por esa propiedad 87 millones de pesos a un contratista favorito del peñismo.

Peña Nieto debe actuar con tal firmeza que inclusive debe sancionar a su esposa si ésta falseó información u obtuvo recursos ilícitos hechos al amparo del poder.

Pero Peña Nieto no es tonto. No. Lo podremos acusar de todo pero de tonto no.

Él sabe perfectamente la forma en que su mujer obtuvo la millonaria cifra para adquirir tal propiedad que causó tal indignación entre los mexicanos, al grado de castigarlo con votar en contra de su partido en las elecciones pasadas.

Él conoce la forma en que se reciben dádivas cuando se entregan contratos y obras millonarias.

El mismo Peña Nieto sabe que todo proviene del enriquecimiento ilícito que tiene gracias a los cargos en los que ha estado.

Por eso me parece que solo es un débil discurso producto de la desesperación que tiene al ver que su gobierno se desmorona ante la exigencia de la misma sociedad.

Tampoco es suficiente la renuncia de Virgilio Andrade, ex secretario de la SECODAM, quien dejó el cargo tras una serie de escándalos de índole personal y laboral, y quien es el responsable directo de encubrir la forma en que se adquirió la propiedad repudiada por todos los mexicanos, conocida como “Casa Blanca”.

Peña Nieto debe dejar a un lado sus aires de inocente y pasar al banquillo de los acusados para que responda sobre el enriquecimiento ilícito de sus subordinados.

También de los abusos y excesos de su familia.

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