¿Qué tratan de ocultar en Tecamachalco para preferir enfrentar un nuevo escándalo y ejecutar a 3 agentes ministeriales que realizaban labores de investigación en ese municipio?

La ejecución de los tres agentes ministeriales por parte de policías del municipio de Tecamachalco gobernado por Ignacio Mier, no son simples hechos delictivos.

Es en primer lugar una afrenta, desafío y provocación directas al gobernador Miguel Barbosa, cuyo gobierno investiga al crimen organizado que opera en el lugar y cuyo padre del edil de ese lugar, ha desafiado abiertamente al mandatario.

También es un aviso a grito abierto, de un grupo delictivo incrustado en el gobierno, que advierte que no cederá fácilmente la plaza.

El gobierno de Miguel Barbosa tiene información muy importante sobre los nombres de personajes de poder que encubren y hasta son socios del crimen organizado.

Los autores intelectuales y materiales no midieron que una agente ministerial saliera viva del atentado y pudo relatar los hechos. Por eso las palabras del Fiscal Gilberto Higuera tienen mucho fondo cuando asegura que no habrá privilegios ni excepciones contra los responsables de los homicidios.

Parece que sus palabras tienen destinatario…

Sin lugar a dudas estos asesinatos repercutirán en las aspiraciones de Ignacio Mier Velazco, padre del edil Ignacio Mier Bañuelos, cuyo secretario de seguridad y 12 policías se encuentran detenidos por haber ejecutado a los agentes ministeriales.

El escándalo ya alcanzó niveles nacionales y el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de los hechos, como los tuvo hace dos meses cuando detuvieron a la diputada suplente de Mier Velazco con armas de alto poder y granadas que presuntamente entregaba a grupos delictivos.

Nadie entiende por qué los nombres de Ignacio Mier padre e Ignacio Mier hijo, han estado relacionados con personajes y hechos delictivos graves.

Solo la Fiscalía y el gobernador sabrán de inmediato lo que sucede.

PD También el director del libelo del que es socio Ignacio Mier padre, ha sido grabado y exhibido exigiendo 10 millones de pesos para no publicar información.

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