Miércoles, 18 Noviembre 2026 10:34

Logra Fiscalía sentencia firme de 11 años y 3 meses de prisión contra expolicía municipal por tortura

Escrito por Redacción

Contraparte/Staff

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que quedara firme la sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses de prisión contra Uriel N., quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Puebla, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de tortura cometido en agravio de un ciudadano.

De acuerdo con los antecedentes, el 1 de octubre de 2018, la víctima se encontraba acompañada de una mujer cuando fue interceptada por el hoy sentenciado y otro elemento policial, quienes viajaban en vehículos particulares. Posteriormente, fue privada de su libertad y trasladada a un lugar aislado, donde comenzaron las agresiones.

Durante los hechos, la víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo, asfixiada con una bolsa de plástico y sometida a descargas eléctricas, lo que le provocó diversas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula. Las agresiones tenían como finalidad obtener información sobre su presunta participación en robos registrados en las zonas de Angelópolis y La Calera. Asimismo, fue obligada a entregar dinero en efectivo y posteriormente se intentó incriminarla mediante la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 2024 la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Uriel N., imponiéndole una pena de 11 años y 3 meses de prisión. No obstante, la defensa interpuso un medio de impugnación contra dicha resolución.

Tras analizar los elementos probatorios, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia condenatoria, misma que causó ejecutoria y quedó firme, al acreditarse la responsabilidad penal del sentenciado. Con esta resolución, la Fiscalía General del Estado de Puebla reafirma su compromiso de investigar y perseguir los actos de tortura, particularmente aquellos cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

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