En el marco de la estrategia nacional de seguridad y la política de cero impunidad, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) participó en un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Esperanza, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Defensa, Marina y con labores de información del Centro Nacional de Inteligencia.
Como parte de esta intervención, se dio cumplimiento simultáneo a 23 órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Esperanza, derivado de investigaciones relacionadas con una estructura presuntamente vinculada con robo a autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
Durante las diligencias fueron detenidas nueve personas, entre ellas Isaac N., presidente municipal de Esperanza; Abigail N., exdirectora de Seguridad Pública Municipal; Cristhian Fernando N., servidor público del área de Desarrollo Urbano; Verónica N., empleada de Caminos y Puentes Federales; así como Efraín N. y Eduardo N., empleados municipales. También fueron aseguradas tres personas más presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan.
En los inmuebles intervenidos, las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles tipo Barrett; 52 cargadores, cartuchos útiles de distintos calibres, 11 vehículos, de los cuales cuatro cuentan con blindaje y uno con blindaje artesanal y torreta; además de un inhibidor de señal satelital, un dron y diverso equipo táctico.
Esta acción coordinada permitió afectar la capacidad operativa, logística y de fuego de un grupo presuntamente relacionado con delitos de alto impacto en la zona limítrofe con Veracruz, particularmente en vías federales de comunicación.
La Fiscalía General del Estado de Puebla reconoce la coordinación estratégica con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Defensa, Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y el Gobierno del Estado de Puebla para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho.
