José Carlos Sánchez

A través de un comunicado difundido este 27 de agosto, un grupo que se identifica como integrantes de la Policía Estatal del Estado de Puebla, dirigió un llamado al gobernador Alejandro Armenta Mier; al secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, y al director de la Policía Estatal Preventiva, capitán Eugenio Parra Bernal.

La denuncia señala particularmente a la policía 4686, Paula Viviana Sánchez Ramos, quien, de acuerdo con el escrito, anteriormente estaba adscrita a la V Región y actualmente se encuentra comisionada “de manera informal” a la Banda de Guerra.

Los elementos inconformes aseguran que Sánchez Ramos tendría beneficios operativos que, desde su perspectiva, no estarían justificados, pues mientras otros integrantes de la corporación realizan patrullajes y resguardos en condiciones climáticas complejas durante eventos masivos, como los encuentros deportivos en el estadio, a ella presuntamente se le otorgan franquicias de servicio.

El escrito sostiene que estas consideraciones operativas estarían relacionadas con una presunta relación personal con Bonifacio García Pérez, “El Bony”, a quien identifican como oficial de operaciones y subdirector.

Los denunciantes consideran que esta situación podría constituir un conflicto de interés al afectar, presuntamente, la imparcialidad con la que se distribuyen turnos, servicios y comisiones dentro de la corporación.

Además de los señalamientos relacionados con la asignación de servicios, los policías atribuyen a Sánchez Ramos presuntas conductas contrarias a la disciplina institucional.

Según el comunicado, la elemento habría incurrido en conductas intimidatorias contra compañeros, incluyendo amenazas con posibles reubicaciones a bases lejanas o consideradas como “de castigo”.

También aseguran que habría acudido a las instalaciones presuntamente en estado de ebriedad y que habría realizado labores de supervisión sobre otras agrupaciones sin contar, según los denunciantes, con autorización para hacerlo.

El documento no presenta pruebas que acrediten estos señalamientos y solicita que precisamente sean investigados por las instancias correspondientes.

Los policías sostienen que la supuesta disparidad en el trato ha generado inconformidad entre el personal de la V Región.

En particular, señalan que mientras otros elementos han sido afectados por cambios de adscripción, la policía mencionada habría conservado determinados beneficios, situación que —afirman— estaría provocando descontento y afectando la moral y el desempeño operativo de la tropa.

“Las relaciones personales y los intereses particulares no deben vulnerar la disciplina ni la efectividad de los cuerpos de seguridad encargados de proteger a las y los ciudadanos de Puebla”, señala el comunicado.

Ante estos señalamientos, los elementos solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva iniciar una investigación inmediata e imparcial mediante Asuntos Internos.

Entre los aspectos que pidieron revisar se encuentran los comisionamientos, asistencias y conducta de las personas señaladas.

También exigieron que la asignación de servicios, turnos, descansos y comisiones se realice bajo criterios profesionales y conforme a la normativa institucional, sin preferencias derivadas de relaciones personales.

Finalmente, solicitaron garantías de un trato equitativo y respetuoso para el personal y protección contra posibles represalias por hacer pública la situación.

El pronunciamiento fue firmado únicamente como “Integrantes de la Policía Estatal del Estado de Puebla”, sin que en el documento difundido se identifique por nombre a los elementos que realizaron los señalamientos.

La denuncia fue difundida en redes sociales y etiquetó también a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Marina y a la organización Causa en Común.

Hasta el contenido del comunicado, los señalamientos contra Paula Viviana Sánchez Ramos y Bonifacio García Pérez corresponden a acusaciones formuladas por los presuntos integrantes de la corporación y no constituyen, por sí mismas, una determinación oficial sobre la existencia de faltas administrativas o delitos.