Los legisladores presentarán una nueva redacción del artículo que pretende reafirmar el objetivo original de la reforma que consistía en elevar el acceso al agua como un derecho humano.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, rechazó que el cambio se trate por alguna inconsistencia jurídica ante las diferentes controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino –dijo– por orden político.
“La reforma tuvo la mejor de las intenciones, la mejor de las voluntades y el objetivo y el propósito que siempre persiguió y persigue es justamente, elevar el acceso a derecho humano el acceso al agua para todos los poblanos y todas las poblanas, eso ha sido desde el principio, pero desafortunadamente ha habido quien ha venido desinformando de manera muy activa en una buena parte del territorio poblano alentandon a la violencia, disturbios (…)”, señaló en referencia a Espinosa Torres y su reciente activismo por la “defensa del agua”.
La nueva modificación que se discutirá en la Comisión de Gobernación en los próximos días para intentar que sea aprobada lo más pronto posible, quedará de la siguiente manera: “Artículo 12 fracción sexta: Proteger el derecho que tiene toda personas al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible en los términos que establece la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Con esta redacción Aguilar Chedraui afirmó que quieren eliminar de tajo cualquier “tipo de especulación” y así reiterar el propósito original en donde se deje claro que, “no hay intención privatizadora”, argumento que no sólo ha sido utilizado por el presidente de San Pedro Cholula, sino de manera específica por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó.
El pasado martes, tras una reunión con alcaldes de varios municipios, el gobernador José Antonio Gali Fayad, a través de un comunicado de prensa, pidió al Congreso local realizar “un análisis respectivo para precisar los propósitos de la ley por la que se garantiza el acceso al agua como derecho humano, que no abre ninguna posibilidad de privatización”.
A decir de Aguilar Chedraui dichos cambios fueron un acuerdo entre el mandatario estatal y él, y confió que sin haber realizado las modificaciones las controversias impuestas por al menos 13 ayuntamientos no iban a proceder ante la SCJN.
Desde febrero, Espinosa Torres aprovechó los reflectores tras la controversia que interpuso –sin el aval de ocho de los 12 regidores que conforman su Cabildo– para iniciar giras en diversos municipios del país hasta en horario laboral sin solicitar licencia como alcalde, al igual que su gabinete municipal que lo acompañaba a toda hora en estos eventos públicos.
