Jesús Peña Palacios, representante de ONU-DH en México,  exhortó al Congreso de Puebla a rechazar la iniciativa para castigar con cárcel la difusión de “noticias falsas” (fake news) y derogar la ley vigente sobre los medios de comunicación.

El documento con folio OACNUDH/REP093/2020 señala que la iniciativa para imponer hasta 12 años de prisión no es congruente conforme al marco internacional relevante en materia de regulación del derecho a la libertad de expresión.

“Al respecto, y tras un análisis exhaustivo del documento, la ONU-DH manifiesta su preocupación por el contenido de dicha iniciativa, debido a que las propuestas para modificar ambos artículos resultarían en un retroceso para la protección de los derechos humanos en caso de ser aprobadas,” se lee en el documento.

La iniciativa para reformar dicha ley, fue realizada al Congreso del Estado por los diputados Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla, y busca modificar el artículo 192 del Código Penal, que actualmente dicta:

“Se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

La iniciativa de los diputados busca agregar un párrafo que diga:

“La misma sanción se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.

El llamado de la ONU se suma a una serie de pronunciamientos realizados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de periodistas que manifestaron su inconformidad con la iniciativa, al advertir que podría coartar el derecho a la libertad de expresión.