La pérdida del registro como partido político, así como 6 años de prisión, son las multas que propuso la diputada del PRI, Rocío García Olmedo como sanciones para los servidores públicos y políticos que generen violencia política de género.

En entrevista, la coordinadora de los diputados priistas sentenció que la intención de este paquete de iniciativas de reformas, se pretende garantizar que se respete a las mujeres en estos ámbitos.

Para lo cual, la propuesta para la priista señala que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, así como servidores electorales e integrantes de los diversos partidos políticos, serán las personas que podrán ser sancionados con estas reformas.

García Olmedo lamentó que en el pasado proceso electoral en el que la participación de las mujeres fue indispensable por la paridad de género, se dieron varios casos de violencia contra ellas y no se tomaron cartas en el asunto para evitarlo.

Para lo cual, se proponen reformas a la Constitución Política del Estado para poder institucionalizar el concepto, a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, así como al Código de Instituciones y Procesos Electorales, y al Código Penal de Puebla.