Por la falta de un peritaje o prueba técnica, la Procuraduría General de la República (PGR) no logró acreditar tres de los cuatro delitos que presentó en contra de Víctor Geovanny, señalado por esa dependencia como presunto operador financiero de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, ni tampoco presentó ante un juzgado de control ninguna prueba que vincule al imputado con el Cártel de Sinaloa o con cualquier otro grupo del crimen organizado.
Durante la audiencia inicial celebrada ayer en el Reclusorio Sur, dos abogados de oficio pusieron en jaque a los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), quienes fueron apercibidos por leer en un proceso que debe ser oral y que ni siquiera lograron el permiso para que el imputado fuera trasladado a un Penal Federal de Alta Seguridad.
Además, no se presentó ninguna imputación formal por los delitos de delincuencia organizada ni por lavado de dinero en contra del supuesto operador financiero de Dámaso López Núñez, lo que al final repercutió para que se negara a la PGR una autorización para trasladar al acusado a un Cefereso.
Ante la falta de pericia de la PGR, Víctor Geovanny durmió anoche en el Reclusorio Sur y el proceso penal que se le abrió por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio, podría cerrarse en un mes, plazo que fijó la jueza de control para que se concluya la investigación complementaria de este caso.
Desde el arranque de la audiencia presidida por la Jueza de Control, María Elena Cardona Ramos, los abogados de oficio que prefirieron mantenerse en el anonimato y pusieron en evidencia las deficiencias cometidas por la SEIDO para procesar a Víctor Geovanny, quien renunció a ser representado por un abogado particular al ver que este no llegaba “por problemas de tráfico”.
La defensa logró anular tres imputaciones relacionadas con las armas de fuego y los cartuchos que le fueron encontrados a su cliente, gracias a que los fiscales de la PGR no presentaron una prueba técnica o peritaje especializado para acreditar que las tres armas encontradas en la casa de Víctor Geovanny eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los Ministerios Públicos adscritos a la SEIDO tampoco presentaron este tipo de peritajes para acreditar que los 264 cartuchos y alrededor de 15 cargadores encontrados en una vivienda de la colonia Tezozómoc, en Azcapotzalco, eran de los equipamientos que están reservados para el uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Sobre las tres armas de fuego encontradas en el lugar, los 264 cartuchos de distintos calibres y los cerca de 15 cargadores que estaban en la casa de Víctor Geovanny, la SEIDO solo presentó dictámenes de balística que describían la marca y calibre de las armas (Colt 45, Pietro Beretta 9 mm y Revólver Magnum 385), así como el número de serie y sus características para disparar.
Sin embargo, este peritaje no fue suficiente para acreditar que las armas estaban consideradas en el catálogo de armamento reservado para las Fuerzas Armadas, por lo que la Juez de Control decretó que no podía vincular a proceso al imputado por los delitos de portación de armas, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso reservado para fuerzas castrenses.
La defensa de Víctor Geovanny fue todavía más incisiva y logró comprobar que el Ministerio Público retuvo de forma indebida a su cliente el día del operativo para detener a Dámaso López Núñez, el compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyos nombres no salieron a relucir en la audiencia.
Los abogados de oficio acusaron a la PGR de retardar la puesta a disposición de su cliente mediante argumentos “legaloides” y solicitaron la invalidación de una prueba adicional presentada por el Ministerio Público: una confesión de Víctor Geovanny en la que éste reconocía ser propietario de las drogas y las armas encontradas en su casa.
El argumento es que el cateo empezó a las 3 de la mañana del pasado martes de 2 de mayo, y que la PGR reconoció que a las 9 de la mañana de ese mismo día, ya había concluido la búsqueda de indicios y datos de prueba.
Sin embargo, fue hasta las dos de la tarde de ese 2 de mayo cuando los agentes aprehensores pusieron al imputado a disposición del Ministerio Público de SEIDO, bajo el argumento que pasaron cinco horas llenando las actas y los informes policiacos de la diligencia.
La defensa consideró que esa tardanza era motivo suficiente para calificar la detención como “ilegal” y liberar a su cliente, mientras que el Ministerio Público negó que durante ese lapso de tiempo, el imputado haya sido detenido contra su voluntad.
A modo de burla, los abogados de oficio cuestionaron a los fiscales de PGR si en algún momento habían ofrecido a Víctor Geovanny irse de la casa.
La Jueza de Control dio la razón al argumento de la defensa, pero advirtió que la consecuencia no podía ser la liberación del imputado, sino la invalidación de las pruebas obtenidas durante la demora para presentar al hoy acusado ante el Ministerio Público.
Además, los abogados pusieron en evidencia las filtraciones de la PGR a esa misma hora. A las nueve de la mañana, la dependencia ya había informado que había dos detenidos en el operativo, acreditando una vez más que la detención ocurrió a esa hora y no a las 2 de la tarde como adujeron los fiscales de la SEIDO.
Con ello, se invalidó una primera declaración ministerial que había rendido Víctor Geovany dentro de la casa en la que este reconocía, sin presencia de su abogado defensor, ser el propietario de la droga y las armas encontradas en su casa.
La falta de argumentos y motivaciones de los fiscales de PGR para exponer su teoría del caso, derivaron en un último aprieto para la dependencia: en lugar de seis meses para cerrar la investigación complementaria, la jueza Cardona Ramos les impuso un plazo de un mes.
“No mencionaron ni siquiera que datos de prueba o peritajes hacían falta, solo se limitaron a decir los seis meses que supuestamente requieren”, les espetó la juez.
Si bien no hubo celebración por parte del imputado Víctor Geovanny, al menos sí mejoró su semblante al conocer la resolución, el cual se había descompuesto con el amago de que sería trasladado a un penal federal.