Los grandiosos y precipitados planes de la alcaldía de Moscú para realojar a 1,6 millones de personas y demoler casi 8.000 bloques de viviendas en tiempo récord han hecho saltar las alarmas en la capital rusa. Los propietarios potencialmente afectados temen recibir apartamentos tipo “hormigueros humanos” en zonas con mala infraestructura, a cambio de pisos en amplios espacios verdes y con buenos servicios.
En febrero, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, consiguió el apoyo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, para un programa masivo de renovación de viviendas. Este programa, elaborado sin consultar con la ciudadanía ni con expertos independientes, afecta especialmente a los bloques de cinco plantas, las piatietazhki, también denominadas jruschevki por haberse empezado a construir a fines de los años cincuenta, cuando Nikita Jrushev era el máximo dirigente de la URSS. Las jrushevki constituyeron el primer gran plan soviético de vivienda social, gracias al cual millones de personas pudieron abandonar las komunalki, o viviendas colectivas. Hace tiempo que aquellos bloques de cinco pisos comenzaron a ser sustituidos por otros más modernos. Sin embargo, los planes del actual alcalde se diferencian de los de su antecesor, Yuri Luzhkov, por su envergadura y también por su vaguedad, lo que podría dar lugar a arbitrariedades y excesos.
En el marco del anterior programa, que data de 1999, fueron realojadas más de 160.000 familias y derribados 1.651 edificios con una superficie de seis millones de metros cuadrados. Ahora el fondo de viviendas a demoler, donde viven 1,6 millones de personas, supone más de 25 millones de metros cuadrados, más de cuatro veces la superficie demolida en el viejo plan.
En el anterior programa de demolición, la mayoría de los desalojados se quedó en su barrio, pero en el programa actual eso va a ser más complicado, porque los terrenos edificables han disminuido debido a la amplia difusión de las llamadas construcciones “puntuales” en los patios de vecindad. En las redes sociales y sobre el terreno, los moscovitas están hoy organizándose a ritmo acelerado y el tema se está revelando como un poderoso aglutinante de relaciones horizontales y entre vecinos para defender intereses comunes.
En la lista de demoliciones podrían ser incluidas viviendas que datan de distintos periodos, desde la época de Iosif Stalin hasta el fin de la URSS. El plan se diferencia también por los amplios poderes reclamados por las autoridades de Moscú para realizar el desalojo masivo de los ciudadanos de acuerdo con sus propias consideraciones.
El Ayuntamiento tiene prisa y se prepara ya para las demoliciones, pese a que la ley correspondiente, aprobada en primera lectura por la Duma Estatal de Rusia (Cámara baja del Parlamento) el 20 de abril, ha provocado rechazo entre la población. El presidente Putin se ha pronunciado esta semana para que la ley se desarrolle a fondo antes de su aprobación definitiva y la firma presidencial. El presidente advirtió de que deben respetarse los derechos de los ciudadanos y que los desalojos deben ser voluntarios. Las palabras de Putin llegaron después de que algunos politólogos pronosticasen que los planes del Ayuntamiento pueden afectar negativamente a la popularidad del jefe del Estado en vísperas de elecciones presidenciales.
De cinco a veinte alturas
La ley que la Duma aprobó en primera lectura afecta a las viviendas del “primer periodo de construcción industrial” y otras “análogas por sus características”. Según este texto, excepto varios barrios del centro, todos los habitantes de bloques afectados por la demolición podrán ser trasladados a barrios vecinos, para recibir pisos “equivalentes” (en metros cuadrados) a los que dejan, pero sin considerar el valor de mercado de los inmuebles, el tipo de construcción y de la infraestructura o la densidad poblacional del nuevo distrito. En lugar de los edificios de cinco pisos construirán otros de 20 pisos como mínimo, según el diputado de la Duma Gennadi Oníschenko.
La ley en trámite restringe los derechos constitucionales de los ciudadanos para recurrir a los tribunales, dándoles un máximo de 60 días para completar todas las demandas judiciales que puedan estimar. Las decisiones de demoler las construcciones residenciales se tomarán por mayoría de votos entre los propietarios de las viviendas afectadas y el Ayuntamiento constituirá un “fondo de ayuda a la renovación de viviendas” que actuará como una megaestructura municipal dedicada a organizar y financiar construcciones.
La crisis económica ha afectado al sector de la construcción en Rusia y en la periferia de Moscú se suceden, de forma abigarrada, enormes bloques de viviendas pendientes de vender y en muchos casos inacabadas. Estas viviendas podrían ser ahora utilizadas en los planes de reasentamiento urbano. El proyecto del Ayuntamiento es “ventajoso para los intereses de los inversores y promotores que quieren así mejorar su situación financiera”, opina Galina Jovánskaya, presidente del Comité de Política de Construcción de la Duma. Jovánskaya, que hizo constar su opinión disidente sobre el proyecto municipal, afirma que este da a las autoridades de Moscú una “libertad excesiva de regular legalmente” y puede llevar a “serios abusos”. Además, señala, la ley ha sido confeccionada “sin tener en cuenta los documentos de planificación del territorio aprobados anteriormente”, ya que en Moscú está vigente un plan general de ordenación urbana. Si la ley acaba siendo aprobada en su forma inicial, el Ayuntamiento podría hacerse con la lucrativa propiedad de los terrenos liberados por el derribo, cuya titularidad es compartida actualmente por los dueños de las viviendas que se alzan en ellos.