La iniciativa del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, y de Martha Tamayo, para regular el marco jurídico de las Fuerzas Armadas es vaga y peligrosa, advirtió Lisa Sánchez, integrante de la organización México Unido Contra la Delincuencia.
En entrevista con LA SILLA ROTA, la especialista en drogas y seguridad explicó que la propuesta legislativa confunde términos y de aprobarse, sin cambios, propiciaría que las Fuerzas Armadas sigan por tiempo indefinido fuera de sus cuarteles haciendo tareas de seguridad pública.
Añadió que este tema de crucial para la vida pública del país, por lo que no puede ser legislado al vapor, por lo que hizo un llamado a los legisladores para abrir el debate, con la participación de especialistas en el tema.
De acuerdo con los acuerdos iniciales de las bancadas en el Congreso la iniciativa base para esta discusión será la propuso el PRI a finales de octubre, la cual fue impulsada por los legisladores Camacho y Tamayo.
¿En este tema qué es lo que están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil?
Que este tema tan importante no se haga al vapor, que no se hagan sin un debate amplio por parte del Congreso y que no se hagan en periodo extraordinario donde la sociedad no está poniendo atención por la temporada de navidad y fin de año.
Respecto a lo que se propone, tanto en las leyes de seguridad interior, impulsadas por el senador del PAN, Roberto Gil y el diputado del PRI, César Camacho, como en la reglamentación del artículo 29 constitucional que suspende las garantías individuales cuando haya afectación de seguridad que así lo requieran, estamos pidiendo es que haya peso y contrapesos.
Es decir, se necesitan de comisiones especializadas en la Cámara de Diputados y el Senado que estén dando seguimiento permanente a las suspensiones de garantías o a las afectaciones de seguridad interior.
También pedimos que cada vez que se declare la suspensión de garantías o una afectación, se requiera de la aprobación del Congreso y cada vez que se pretenda extender los plazos de intervención de las Fuerzas Armadas, se requieran mayorías más amplias y que se pongan plazos perentorios y que en cada renovación sean más cortos.
Como están planteadas las leyes, con criterios muy vagos, podríamos suspender garantías individuales y una vez declaradas, se pueden extender los plazos de intervención de las Fuerzas Armadas de manera indefinida. No hay ningún tipo de restricción.
¿Qué proponen en concreto?
Ante esto nosotros propondríamos que cuando se declarara una suspensión de garantías, se necesite el 50 por ciento de los votos para declararla por un plazo definido, de preferencia un plazo corto.
En el caso que se extendiera esta suspensión, ahora debería de ser el 60 por ciento y si hubiese necesidad de volverlo extender, que sea el 70 por ciento del Congreso y que cada vez con plazos menores.
Proponemos esto por dos motivos: uno, porque en otros países del mundo cuando se ha declarado la suspensión, sin los pesos y contrapesos necesarios, la presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido por décadas. Nosotros no queremos un Ejército en la calle por décadas más.
En segundo lugar creemos que con estas medidas propuestas al gobierno civil deja de tener responsabilidades. Los gobernadores y los ediles que asumir la responsabilidad de solucionar el problema.
Si se les deja indefinidamente en las manos de las Fuerzas Armadas no hay ningún incentivo para mejorar las policías, para mejorar la actividad ministerial y la impartición de justicia. Por ello se piden mayorías más grandes y plazos cada vez más cortos.
¿Qué otro tema están impulsando?
El de transparencia y acceso a la información. No podemos permitir que se hagan intervenciones militares en seguridad pública, considerando que la información será clasificada.
Es decir, no hay posibilidad de acceder a ninguna intervención militar, por lo que no habría datos a la mano que nos permita hacer algún tipo de diagnóstico o evaluación.
También queremos insistir el respeto de los derechos humanos, porque la evidencia sugiere que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tiende a erosionar el ejercicio de los derechos de las personas y de las comunidades en las que operan.
Este tema debe verse como un recurso de emergencia y de excepción y como tal hay atenderlas; deben ser intervenciones cortas y con mucha vigilancias del gobierno civil.
¿Cuál sería la evaluación de la iniciativa propuesta por diputado César Camacho?
Me parece una iniciativa que es incluso más vaga y más peligrosa que la del senador Roberto Gil.
Tiene una serie de criterios para las declaratorias de afectación de seguridad vagas, que nos parecen peligrosas. Por ello, la propuesta del diputado Camacho es una de las cosas que nosotros estamos rechazado.
Otra de las cosas que no nos gustan es que sigue la confusión entre conceptos clave, como seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.
El concepto de seguridad interior lo están utilizando para justificar que las Fuerzas Armadas, que sólo pueden participar en seguridad nacional, participen en seguridad pública, aun cuando la Constitución lo prohíbe.
Están creando una categoría extra que sólo sirve de justificación para pasar lo que ellos quieran pasar.
¿Vaga? ¿En qué sentido?
No hay una definición clara que permita delimitar o formular objetivos claros o que permita eliminar la discrecionalidad con la que el poder político va a poder a declarar una afectación de seguridad interior.
En el tema del presupuesto ¿qué opinas de la propuesta que contiene la iniciativa priísta?
Es igual de ambigua. Hay un aumento sostenido en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y hay un decremento en la profesionalización de policías.
Esta idea de que gobernadores y los congresos tengan margen para solicitar a las Fuerza Armadas ¿cómo lo ven?
Los congresos deben participar. Es decir, a mí eso me parece bien, pero el tema es: con qué objetivos, por cuánto tiempo, con qué información y sobre criterios de retiro.
Nos parece que hoy estamos muy preocupados por definir los criterios que les permitirían salir a la calle, pero no cuáles son los criterios que les permitan regresar al cuartel.
No hay en ninguna de las propuestas un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y eso es muy grave. Están legislando para dejarlos permanentemente.
