Como ejemplo, tenemos la reforma eléctrica que envió la semana pasada a la Cámara de Diputados, con la cual busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que generará diversas consecuencias como incertidumbre para los inversionistas, apagones, aumento en las tarifas, retrocesos, entre otros.
Y para dimensionar los altos costos que representa esta iniciativa del mandatario tabasqueño tenemos que el Diario Reforma reveló que indemnizar a los afectados por las medidas regresivas de esta reforma costaría hasta 15 veces lo que se pagó por cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco.
Para ello, Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, aseguró que el costo de los procesos legales abiertos por empresas afectadas sería de unos 80 mil 679 millones de dólares.
“El costo de manejo de los litigios nacionales e internacionales, así como las indemnizaciones a cubrir a los inversionistas y estados involucrados pueden ser enormes, se habla de 10 o 15 veces lo que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco”, advirtió Prado durante el webinar ‘Amenazas de la contra-reforma constitucional en materia energética y medios de defensa’, organizado por su despacho.
Por su parte, Verónica Esquivel, socia industrial de esta firma, explicó que existen diversos estudios que fijan la duración del procedimiento de los arbitrajes entre inversionista-Estado entre 4 y 5 años.
“Estos procedimientos implicarán altos costos para el Estado mexicano, desde los costos que implicaría la defensa de estos procedimientos como también los derivados de las posibles condenas contra el Estado mexicano”, dijo.
De acuerdo con el Diario Reforma, la cancelación del NAIM costó a la administración de Andrés Manuel 113 mil 327 millones de pesos, según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al tipo de cambio de ayer se calculan en cinco mil 378 millones de dólares.
En caso de aprobarse esta reforma eléctrica y se cancelan los contratos, las empresas internacionales con presencia en México podrían acudir a los diversos tratados o acuerdos internacionales a los que estén suscritos.
Entre ellos están los Tratados Bilaterales de Inversión (BIT’s), los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRis) o los Tratados Multilaterales de Inversión como el T-MEC, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
Mauricio León, asociado de la firma, dijo que a nivel local las empresas pueden presentar amparos indirectos si se tienen los argumentos sólidos y razonables para que sea exitoso, pero eso sería hasta que entren en vigor los cambios propuestos por el Ejecutivo.
Con información de Diario Reforma
