Guanajuato, un estado próspero, con trabajo, cuya economía se presume en todo México, se ha convertido, en pocos años, en el agujero negro del país por lo que concierne a la violencia, extorsión, crimen organizado, homicidio doloso y ahora la desaparición de personas.

Según cifras del gobierno federal, en la entidad del Bajío entre el 1 de diciembre y el 23 de noviembre pasado, había unas 1,235 personas desaparecidas, cifra sólo superada por Jalisco (al oeste de México) que reportó 3,567 casos.

En contraste, en el 2019, Guanajuato registró 23 desapariciones. Así, en tan sólo un año, el estado pasó de prácticamente no tener registros de personas desaparecidas a ser la segunda entidad con más casos en todo el país.

Los municipios que concentran el mayor número de personas sin localizar son Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Abasolo, todos de mayor influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), quien se disputa el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al tiempo de que la guerra entre ambas organizaciones criminales se disparó en la entidad, también lo hicieron las denuncias. Éstas advertían que sujetos armados irrumpían en las viviendas para llevarse a las víctimas y dejaban un marro, en alusión a José Antonio Yépez Ortiz, alias el “Marro”, líder y fundador del Cártel de Santa Roa de Lima, actualmente preso en el penal del Altiplano.

De diciembre de 2018 al 23 de noviembre pasado, Guanajuato registró 1,235 personas desaparecidas

El pasado mes de octubre, en Salvatierra —un pequeño enclave en la zona de Guanajuato— fueron encontradas 76 personas sepultadas de manera clandestina.

La región, dominada actualmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), perteneció a las huestes del “Marro” y la organización que fundó, Santa Rosa de Lima, por espacios de tiempo relativamente largos y con breves interrupciones.

Como es sabido, antes de la disputa entre ambas organizaciones, el “Marro” controlaba la mayoría de los negocios ilegales en la entidad del Bajío, en Salvatierra, lo hizo estableciendo relaciones con el gobierno municipal. De acuerdo con el analista y experto en seguridad David Saucedo, en una columna de opinión del medio Portal Bajío, especificó que a través de intimidaciones, amenazas y sobornos, las policías regionales accedieron a trabajar para el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Como toda organización criminal, el CSRL requirió para sus actividades centros logísticos que almacenaran la droga y el huachicol (combustible robado), casas de seguridad de los sicarios, vehículos, armas narco laboratorios y fosas clandestinas.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana (centro), recorrió una zona del municipio de Salvatierra, en busca de fosas .

Al paso de una guerra incesante con su rival Cártel Jalisco Nueva Generación, el “Marro” se enfrentó al dilema del procesamiento de cadáveres, de ahí su necesidad de establecer un cementerio clandestino.

De acuerdo con Saucedo, los habitantes de Salvatierra muchas veces pidieron ayuda, pero las autoridades municipales nunca intervinieron, no por incompetencia, sino por complicidad.

“Los narcocementerios no suelen estar en lugares apartados o inaccesibles. Suelen estar dentro de zonas urbanas o en sus inmediaciones debido a que pueden vigilarlos y acceder a ellos con facilidad. Pero sobre todo a que pueden montar una red de halconeo y vigilancia para poder realizar la tortura y ejecución de sus víctimas sin ser molestados. Las policías municipales de Salvatierra conformaron anillos de protección de sus respectivos narcocementerios. Por eso nunca se ‘dieron cuenta’ a pesar de tenerlos debajo de sus narices. En realidad, los estaban cuidando”, describe Saucedo.

En el municipio de Cortazar — a 33 kilómetros de Salvatierra— los cadáveres recientemente encontrados por las autoridades, corresponden con el lapso de tiempo en el que el Cártel de Santa Rosa de Lima comenzó a figurar en el hampa.

En la región, contrario a Salvatierra, el dominio de las células del “Marro” se mantiene, a pesar de detenciones sumarias que se realizaron a principios de año.

Saucedo advierte que el portafolio de víctimas de la organización criminal local es mixta. “Hay civiles inocentes (comerciantes extorsionados e hijos de profesionistas secuestrados con fines económicos, propietarios asesinados, jóvenes y mujeres) e integrantes de bandas rivales en sus narcofosas. En general en las narcofosas del CJNG suele haber solo combatientes propios o del enemigo”.

Con información de Infobae.