MICHOACÁN (La Silla Rota)‑ Gonzalo es un sargento primero asignado en la XII Región Militar y a sus 36 años de edad su prometedora carrera en el Ejército se estancó por el tiempo que dedicó luchando durante la última década contra al menos diez células criminales de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, y ejerciendo funciones de policía en las calles de esos estados a falta de elementos confiables.
A su reciente paso por Michoacán, el último lugar donde fue asignado a tareas de prevención al delito, Gonzalo –cuyo nombre real es reservado- lamenta que la salida del Ejército a las calles represente un obstáculo más para quienes ingresan a la milicia con la aspiración de ascender en el organigrama.
“Ya no es como antes, antes teníamos tiempo de servir a la patria y prepararnos al mismo tiempo para los procesos internos, para subir de rango”, menciona en entrevista para La Silla Rota.
El militar originario de la Ciudad de México, pero radicado en Michoacán desde niño, ingresó al Ejército cuando tenía 18 años y muy pronto su pasión por las fuerzas armadas, su entrenamiento y su capacidad de liderazgo lo llevaron a pasar de soldado a cabo y luego a ascender a sargento segundo y sargento primero.
Gonzalo, un hombre moreno de 1.75 de estatura, reconoce que los soldados que salieron a las calles en la llamada Operación Conjunta Michoacán –la cual desplegó el presidente Felipe Calderón con la participación de policías federales y militares-, en pocos meses agotaba al personal ante el estrés que generaba sufrir emboscadas o ataques desde cerros o en brechas.
“Cuando estaba el presidente Calderón nos enviaron a las calles, empezamos a ser como los policías municipales, nos agotaban las jornadas pero sabíamos que en cualquier momento podría haber enfrentamientos. Teníamos que estar alertas siempre”, señaló.
Tras más de diez años de que el Ejército asumió la seguridad en diversas regiones de Michoacán, el soldado entrevistado afirma que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ahora limita a las fuerzas armadas, hasta el punto en que en un enfrentamiento se tiene que disparar de forma precisa para evitar matar a sicarios que, en la mayoría de los casos, portan armamento de guerra como lanzagranadas y rifles de grueso calibre.
“Ahora tenemos que cuidar muchas cosas por el Nuevo Sistema de Justicia, esperemos unos dos años a que concluya el actual gobierno federal para ver qué decisión sobre nosotros toma el nuevo presidente. El ejército ahora está limitado para actuar”, menciona con cierta cautela.
En la última década, Gonzalo ha participado en operaciones contra grupos criminales y cárteles como el del Golfo, Sinaloa, Los Zetas, Los Valencia, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los H-3, Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana, entre otros. Sus tareas además han incluido estar en las calles supliendo las labores de policías estatales y municipales, ante la baja de corporaciones por pérdida de confianza.
Le llueven denuncias al Ejército
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán reporta que en este 2016 suman seis quejas contra el Ejército en Michoacán, mientras que en 2015 se registraron 12 y en 2014 fueron 33. Sin embargo, el organismo cuenta con 154 expedientes abiertos contra la milicia en 2013, 244 en 2012 y 349 en el 2011... justo los primeros años después de anunciarse el Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón, que pretendía acabar con los cárteles de la droga.
En 2010 se registraron 168 quejas contra el Ejército, mientras que en 2009 fueron 406 y en 2008 hubo 318. En 2007 la cifra se ubicó en 127.
De acuerdo con la CEDH, los principales motivos de queja son presuntas detenciones ilegales, cateos y visitas domiciliarias sin órdenes legales, empleo arbitrario de la fuerza pública y abuso de autoridad.
Cabe mencionar que las mil 817 quejas captadas en la última década por la CEDH en contra del Ejército, fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que continúa con las investigaciones
