La organización Alto al Secuestro afirmó que las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley General de Víctimas se tratan de una simulación y una traición al compromiso adquirido por el presidente Enrique Peña Nieto.
Al respecto, mencionó que la mayoría de los estados aún no instalan las Comisiones de Víctimas con fondos y personal suficiente para su operación, como es el caso de los asesores jurídicos, a pesar de que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya entró en vigor en el país.
La organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace reprochó que a pesar de todas estas carencias, que son conocidas por el Poder Ejecutivo y Legislativo, en el dictamen de reforma no se establece ninguna sanción para las entidades que incumplen, con lo que se convierte en letra muerta.
Agregó que la ley no obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a atender y reparar el daño de las personas afectadas que acuden a ella por falta de atención o respuesta de las Comisiones Estatales, únicamente se establece que “podrá” otorgar medidas de atención inmediata como atención médica o psicológica, pero no darles acceso a los fondos.
Alto al Secuestro destacó que únicamente 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal (Nuevo León, Michoacán, Coahuila, SLP, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, Yucatán y Campeche)
De estas, sólo seis tienen Fondo (Nuevo León, SLP, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán). En estos 17 estados hay 264 abogados victimales. Si se toma en cuenta que en 2016 se denunciaron 561 mil 418 delitos en estos estados, en promedio cada asesor atendería 2 mil 126 casos más los que se vayan acumulando, lo cual es humanamente imposible.