La bancada de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa de Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el jefe de Gobierno.

En sesión, al exponer la propuesta ante el pleno legislativo, la coordinadora del grupo parlamentario, Ernestina Godoy Ramos, dijo que en la iniciativa se plantea que el titular de la Jefatura de Gobierno tendrá un salario de 922 unidades de medida vigentes en la capital del país.

Este monto, equivalente en la actualidad a 74 mil 313.2 pesos, sería el tope salarial para diputados, magistrados y titulares de órganos autónomos y todo servidor público.

La legisladora, dijo que además terminarían con la disparidad salarial y las autoasignaciones de bonos y prestaciones sin justificación y explicó que la disposición aplicaría a los servidores públicos que prestan sus servicios en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, alcaldías y todos los entes públicos de la Ciudad de México.

“Se trata de ordenar las remuneraciones de las y los servidores públicos, evitar dispendio y la asignación discrecional de salarios y prestaciones”, expuso.

La ley faculta a la Contraloría y a la Auditoría Superior a generar políticas de prevención y acciones de vigilancia en materia de remuneraciones, en el seno del sistema anticorrupción.

Añadió que se propone adicionar un artículo 63 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para tipificar como falta grave las violaciones a dicha Ley de Remuneraciones, así como adicionar un artículo 276 bis al Código Penal para el Distrito Federal para que las violaciones más graves a la legislación sean constitutivas de delito.

También se establece un régimen transitorio que respeta los derechos adquiridos en el tema de salarios de servidores públicos.

La morenista comentó que aprobar esta ley será un acto de sabiduría y humildad, pues será reconocer que en el pasado hubo errores que han lastimado a la población y que los actuales diputados están en la mejor posibilidad y disponibilidad de remediarlo.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.