CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Una jueza de Garantía vinculó a proceso a Samael Luzanilla Armenta, acusado por hostigamiento sexual, acoso laboral y uso indebido de la función pública, cuando era comandante del Centro de Readaptación Social número 2 o Unidad de Bajo Riesgo en esta ciudad.
De acuerdo con la causa penal 3031/20156, Samael Luzanilla comenzó a acosar sexualmente a una servidora pública, de 14 años años de antiguedad, y ante la negativa de ella, comenzó un asedio y acoso laboral que se volvió insoportable.
Posteriormente la denunciante recibió amenazas directas para obligarla a acceder a sus pretensiones, le advirtió que habría consecuencias en su trabajo, por lo que la trabajadora presentó deterioro emocional, ya que sólo estaba expuesta al contacto físico abierto de quien era su jefe.
En el expediente se refleja que la víctima presentó ansiedad, angustia y otras alteraciones derivadas de su negativa a acceder al acoso sexual, por lo que fue apoyada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichumjer), para recibir atención psicológica y una vez empoderada, cuando se sintió segura, presentó la querella, luego de varios meses de vivir la situación.
La querella fue presentada hace más de un año, pero la Fiscalía General del Estado, que dirigía Jorge Enrique González Nicolás, la tenía detenida y apenas procedió este mes.
El martes pasado, Luzanilla Armenta fue vinculado a proceso, con una medida cautelar no privativa de la libertad, aunque se trata de hostigamiento sexual con penalidad agravada, porque el acusado es funcionario público.
El proceso penal ha sido difícil porque se trata de delitos que se realizan de manera oculta, casi sin testigos y sin pruebas, por lo que se convierte en una carga para la víctima, y en ese sentido, la jueza falló conforme al protocolo con perspectiva de género, basada en la reforma constitucional de derechos humanos y de la sentencia del caso del Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la resolución, la juzgadora hizo énfasis en el impacto de las relaciones de poder entre hombre y mujer cuando hay un caso de acoso sexual o de otro tipo, y más cuando hay un lazo de jerarquía.
Asimismo, la resolutora indicó que la mujer fue discriminada y destacó la obligación del Estado para salvaguardar los derechos de la víctima conforme a la Constitución y la sentencia del Campo Algodonero, desde la mirada de la perspectiva de género porque ayuda a visibilizar el delito, ya que generalmente ese tipo de conductas se minimizan porque se han naturalizado y no llegan ante el Ministerio Público.
Samael Luzanilla es parte del Grupo Sonora, que llegó a “controlar” los penales de Chihuahua en la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, y que lidera Eduardo Guerrero Durán, quien fue fiscal de Ejecución de Penas en el estado y posteriormente, hasta el pasado 8 de octubre, fue comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en el gobierno federal.
El Grupo Sonora ha sido cuestionado por internos, familiares de estos y custodios, por constantes violaciones de derechos humanos y por simular la certificación de los penales estatales en la entidad (Proceso 2051).