Los empresarios del país latinoamericano tampoco quieren ni ver este tema. "México no puede meterse en el tema laboral de Estados Unidos o de Canadá. Y lo mismo les pedimos: que no se metan en estos temas", ha afirmado Bosco de la Vega, el presidente de la patronal agropecuaria. "La negociación es comercial, no laboral", agrega a EL PAÍS un empresario que acompaña al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) en las conversaciones.
"México no quiere presiones externas en esta cuestión; no quiere ceder soberanía", resume Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM y miembro del comité de sabios que asesora al Gobierno en la renegociación. "Sin embargo, lo que Canadá está proponiendo incluso podría incrementar la productividad en México", opina Martínez.
A cambio de mantener los salarios bajos, no solo frente a EE UU y Canadá sino frente a países muy volcados en las manufacturas, como China, en las tres últimas décadas México ha logrado atraer a su territorio cada vez más etapas de la cadena productiva de industrias como la automovilística o la electrónica. Y ha fortalecido el modelo maquilador en la frontera con EE UU.
Tanto el tema laboral como los otros tres asuntos que más divergencias han abierto entre los socios norteamericanos —las reglas de origen, que fijan el contenido regional obligatorio de cada producto; el capítulo 19, que fija los mecanismos de resolución de controversias y la propiedad intelectual— se discutirán, según fuentes cercanas a las negociaciones, a partir del lunes, cuando Freeland, Guajardo y Wilbur Ross, el secretario de Comercio de EE UU, entrarán en liza. Pero no será hasta la siguiente ronda, dentro de 20 días en Ottawa, cuando se empiece a atisbar el primer boceto del nuevo tratado. "Ahí empezará la verdadera negociación; hasta ahora estamos en cuestiones importantes, pero técnicas", admite un asesor del Gobierno mexicano.
