En las comunidades de la Montaña de Guerrero, una menor de 12 a 16 años tiene ya su precio que va de 150 a 200 mil pesos, y si ya tiene 17 o más vale menos, denunciaron organizaciones con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas. En el estado hay varios casos donde las mujeres dejan a sus esposos por ser maltratadas y piden asesoría legal, pues sus suegros las demandan y exigen que les regresen el dinero que entregaron cuando los casaron.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado destacó que en las comunidades prevalecen los usos y costumbres y en algunas ocasiones denigran los derechos de las mujeres.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, organizaciones de Guerrero denunciaron que en las comunidades de La Montaña es común la venta de niñas para el matrimonio.

Durante el foro para la prevención de la trata de personas, el integrante del Frente Popular de Tlapa, Arnulfo Cerón Soriano, dijo que la trata está tipificada como delito y la venta o compra de unas personas es castigada.

Lamentó que en las comunidades se den estas prácticas y que una niña de 12 a 16 años tenga ya su precio que va desde 150 a 200 mil pesos, y si ya tiene 17 o más ya valen menos, y que es muy difícil de erradicarlas.

El abogado dijo que le han llegado casos de denuncia, donde los padres piden asesoría porque sus hijas dejaron a su marido por maltratarlas y entonces los padres del muchacho deciden demandar para que les regresen el dinero que entregaron cuando los casaron.

Agregó que ahora en la región, hay hasta pedidores que se hacen llamar embajadores que son los que se dedican a pedir a las muchachas y como ejemplo dijo que un señor compró a una niña para su hijo que está discapacitado, pero lo denunciaron y estuvo en la cárcel seis años.

Dijo que como padre de dos niñas no le gustaría que compraran a sus hijas y decirles que ellas por ser mujeres tienen menos derechos que los hombres y para prevenir la trata se debe difundir, hacer las denuncias públicas y penales para que haya registro de estadísticas.

El delegado regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Celso Vázquez Vivar, advirtió a los pobladores de comunidades indígenas que cuidaran a sus hijas e hijos porque en los delincuentes usan las redes sociales para engancharlos y explotarlas.

Dijo que la Codehum promueve los derechos humanos y en las comunidades prevalecen los usos y costumbres y eso es bueno, pero hay otros que se tienen que cambiar porque denigran los derechos de las mujeres.

Pidió a los hombres que respeten los derechos de las mujeres y que en los espacios públicos permitan que participen para alcanzar la igualdad.

También participó Javier Rosas Rodríguez, quien explicó que la trata de personas es un delito y se tiene que combatir y en los municipios de Xalapatlahuac, Alcozauca y Tlapa se han registrado casos.

Dijo que se tiene que sensibilizar a las familias para que no vendan a sus hijas porque atenta contra sus derechos.

El tlayakanki, autoridad tradicional, Ricardo Meljarejo Mateo, dijo que debe haber más talleres porque en el municipio hay mucha violencia familiar.

Los participantes coincidieron en que por usos y costumbres se daban presentes en el arreglo de un matrimonio lo cual era simbólico, pero ahora se ha monetizado al pedir los familiares dinero en efectivo más el presente que consiste en pan, chocolate, guajolotes y la fiesta llegando a alcanzar de 100 hasta 200 mil, lo cual afecta la costumbre y ahora se habla de venta de mujeres.

Abundio González lamentó que no hubiera presencia de autoridades de las instituciones como la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del DIF y de la Diputada Yuridia Melchor y el presidente de Xalpatláhuac que no abrió el auditorio.

Sobre el caso de violencia familiar en que se vio involucrado dijo el pasado 8 de junio dijo que era una campaña de desprestigio del gobierno y que es falso que hubiera golpeado a su mujer quien se encontraba con él trabajando en el foro como moderadora.

El foro está financiado con recursos de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas dentro del programa de derechos indígenas 2017 y se harán en Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte.